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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert R. Ramdin, escribió este viernes 7 de agosto que la situación de Nicaragua no es un asunto local y pidió «una respuesta hemisférica unificada y firme» en un artículo de opinión publicado en el influyente periódico estadounidense The Washington Post.
El artículo titulado «La prohibición electoral de Ortega merece una respuesta regional» se dio a conocer dos días después de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo regional. Quince países mostraron su preocupación en ese encuentro por el anuncio de Daniel Ortega de eliminar las elecciones.
Después de la condena generalizada, el proyecto de resolución propuesto por Estados Unidos no se se sometió a votación. Ese documento plantea que la crisis nicaragüense debe escalar a una reunión urgente de cancilleres para tomar medidas colectivas. Una fuente cercana a la OEA explicó que los estadounidenses y sus aliados no lograron reunir los 18 votos para aprobarlo, lo que considera un «patinazo» diplomático. La votación quedó pendiente.
Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, afirmó que la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del hemisferio debería darse antes del 1 de septiembre, cuando está previsto que el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo aprueben las reformas constitucionales con las cuales, además de eliminar las elecciones competitivas, se perpetuarán en el poder.
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«Cuando la represión cruza fronteras, deja de ser un asunto local. Exige una respuesta hemisférica unida y firme», sostuvo Ramdin. Las principales ideas de su artículo las compartió en una publicación de X.
«La OEA seguirá haciendo lo necesario para defender la causa justa de una Nicaragua democrática, hasta que sus ciudadanos puedan volver a elegir libremente su propio futuro», prometió el funcionario. Explicó que, aunque el régimen se retiró hace tres años del organismo, no dejó de ser parte de las Américas y tampoco el pueblo nicaragüense perdió sus derechos democráticos intrínsecos.
La oposición de Brasil y México
Las dudas sobre lo que pueda pasar con el tema de Nicaragua en el futuro cercano en la OEA surgen de posiciones como la de Brasil. Si bien el gigante latinoamericano ha mostrado su preocupación por el anuncio de Ortega, ellos no observan a la dictadura de Nicaragua como una amenaza regional. Eso es lo que plantea Estados Unidos en su proyecto de resolución. Por su parte, México pidió que se buscaran «canales de diálogo» con un régimen que ha sido señalado de cometer delitos de lesa humanidad desde 2018.
De acuerdo con la CIDH, al menos 355 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas, brutalmente reprimidas por el Estado, entre el 18 de abril de 2018 y 31 de julio de 2019. La crisis de Nicaragua se ha ahondado desde entonces y actualmente es una de las más graves de la región.
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«En toda la región, es fundamental defender y ampliar los valores y principios democráticos. Queda mucho trabajo por hacer. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, no existen las instituciones que garanticen que los ciudadanos puedan elegir a sus líderes, expresarse libremente y exigir responsabilidades al poder», agregó.
Pese a la voluntad firme de Ramdin y la delegación de Estados Unidos, la demanda de tomar acciones concretas aún no se logra y eso ha causado diversas reflexiones entre miembros de la oposición en el exilio.
El papel de la OEA en historia de Nicaragua
Ramdin relató que conoce el caso de Nicaragua, porque la OEA ayudó a desmovilizar a los combatientes de la década de los 80 y también las misiones electorales del organismo otorgaron credibilidad a los procesos electorales. Mencionó las elecciones de 1990 «que derrocaron al FSLN de Ortega y devolvieron la democracia al país».
LA PRENSA/ARCHIVO
El representante de la OEA lamentó que ese espacio democrático en Nicaragua se fue cerrando, a medida que el autoritarismo se afianzó en el país; especialmente, tras el regreso de Ortega al poder en 2007. Después siguió el aislamiento interamericano hasta la salida del régimen nicaragüense del organismo en 2023.
Aunque el secretario general de la OEA no lo mencionó como un hito de la relación del organismo con Nicaragua, una reunión precisamente de cancilleres en junio de 1979 terminó con una condena firme del dictador Anastasio Somoza Debayle y la exigencia de su reemplazo inmediato. Al mes siguiente fue derrocado.
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«Las autoridades nacionales (de la actualidad) pueden decidir abandonar una sala, pero no pueden hacer las maletas y trasladar su país fuera de este hemisferio. La geografía no negocia. Aun cuando Nicaragua socava la estabilidad regional, sigue formando parte de la comunidad interamericana, lo reconozca o no su gobierno», afirmó Ramdin.
Recordó que las últimas votaciones de 2021 se realizaron con siete posibles candidatos de la oposición encarcelados. La OEA declaró estos comicios ilegítimos. En sintonía con aquella resolución, el secretario general expuso en su artículo ahora que la legitimidad democrática solo se logra mediante elecciones libres y competitivas.
Denunció también que el régimen de Ortega ha privado de su nacionalidad a periodistas y críticos, obispos han sido exiliados, sacerdotes detenidos y el líder indígena Brooklyn Rivera murió bajo custodia, a pesar de que tenía medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana de derechos humanos, «que el régimen de Ortega simplemente ignoró».
El desprecio del dictador
En junio, durante la Asamblea 56 de la OEA en Panamá, se condenó las violaciones de derechos humanos en Nicaragua y se exigió el fin de las mismas. Para Ramdin, la declaración de Ortega realizada el 19 de julio muestra su desprecio por los principios en los que se fundó el sistema interamericano. «Sin duda, otros gobiernos de tendencia autoritaria están observando atentamente este mensaje antidemocrático», dijo.
El alto funcionario considera que vale la pena defender la democracia e insistió en su mensaje de que la cancelación de elecciones no es un asunto interno.
«Cuando la represión traspasa fronteras, como se observa en el caso de los nicaragüenses perseguidos por el régimen incluso después de huir, se convierte en una responsabilidad hemisférica. Esa es la profunda reforma que busco: pasar de la fuerza de las palabras a la fuerza de la acción y el cumplimiento. Lograr esa transformación no será fácil, pero el cumplimiento debe ejercerse con espíritu de cooperación», reflexionó.
Murillo alaba su «consulta»
A pesar de la presión internacional creciente, la dictadura informó que sigue su proceso de «consulta» para las reformas constitucionales. Rosario Murillo recordó que iniciaron el lunes 27 de julio y dijo que el pueblo tiene las llaves de la democracia. Molesta con las críticas a su proyecto dictatorial, volvió a criticar a los «traidores de la patria» y a colmarlos de insultos. «Mentecatos», afirmó.
La gran mayoría de participantes han sido cómplices institucionales del régimen, entre ellos su aparato de propaganda, encabezado por su hijo Daniel Edmundo Ortega Murillo. También policías y militares. La reforma establece que el período presidencial será de siete años renovables, con los que los tiranos pretenden quedarse en el poder.
Con una lógica transaccional, la dictadura premiará a quienes respalden las reformas. Por ejemplo, el período de mando del jefe de la Policía y el Ejército pasará de seis a siete años. Lo mismo pasará con los cargos de elección popular como alcaldes, vicealcaldes y concejales en el poder local. La medida abarca a aquellos concejales regionales en el caribe. También a los ministros.
Según los medios oficialistas, «más de 3,000» funcionarios locales apoyaron la reforma. Pero se conectaron supuestamente de manera virtual. Al Parlamento solo se presentó la Procuradora General de la República, Wendy Morales, en representación de la Procuraduría de las municipalidades. Esa es la dependencia con que Murillo controla las alcaldías. Los Gobiernos Regionales y Consejos de la Costa Caribe Norte y Sur, así como los pueblos indígenas asistieron igual. Parecían un coro obediente al servicio de los dictadores.
