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Dos de los principales operadores de Daniel Ortega, los magistrados electorales Brenda Rocha Chacón y Lumberto Campbell Hooker, dijeron el miércoles 5 de agosto en un foro virtual, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de México, que las reformas que eliminarán las elecciones competitivas en Nicaragua son un «avance» de la «democracia». Ese mismo día, los representantes de 15 países expresaron su preocupación por la decisión del dictador nicaragüense durante la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Rocha es presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), una institución que ha sido señalada de fraudes electorales a favor del gobernante Frente Sandinista. Campbell es el enlace de Ortega con la Costa Caribe y uno de sus funcionarios más fieles en una institución que, como todas las que existen en el país, se encuentran subordinadas al Ejecutivo, según las reformas a la Constitución aprobada en 2025. Un año después están volviendo a hacerle cambios a la Carta Magna.
“Actualmente se desarrolla un amplio proceso de consulta para lograr consenso nacional, el cual fortalezca la legislación nacional desde la Constitución Política de la República y la Ley Electoral, para continuar fortaleciendo los mecanismos de resiliencia”, dice un comunicado del CSE, publicado en los medios oficialistas donde tras participar en el evento mexicano se sintieron legitimados.
Según el diccionario de la Real Academia Española, resiliencia es la capacidad de adaptación en una situación adversa. Por lo tanto, no es lo que pasa con la dictadura. En Nicaragua lo que hay es una dinastía que ha sido denunciada por su control a la ciudadanía y delitos de lesa humanidad.
Les dieron el mismo espacio con países democráticos
El foro virtual denominado «Cumbre 2026 en México Resiliencia, Cooperación e integridad elecciones» permitió la participación de los representantes de la dictadura, junto a otros países democráticos como Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Surinam, Uruguay. La nota precisa que los participantes fueron 25 organismos electorales, provenientes de 32 países.
«Nosotros como Nicaragua compartimos con mucho orgullo nuestra historia y avances de la democracia a partir del triunfo de la revolución, asimismo, manifestamos que actualmente estamos fortaleciendo nuestro sistema democrático, en defensa de la paz, la soberanía y la autodeterminación», afirma con cinismo la nota oficial del CSE.
En realidad, la dictadura tiene 19 años en el poder. Se ha atornillado mediante la represión, fraudes electorales y el control de las instituciones como el mismo CSE. Durante las farsas electorales, el oficialista FSLN ha controlado no solo la cúpula del CSE, sino las Juntas Receptoras de Votos. La reforma actual permitirá al tribunal electoral negar y cancelar la personalidad jurídica a partidos políticos constituidos «con financiamiento extranjero o algunos de sus directivos haya violentado los principios fundamentales de esta Constitución Política».
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En la publicación del régimen, sin embargo, se refieren también a las «consultas» de la comisión especial de la Asamblea Nacional para “valorar” extender a siete años renovables los períodos presidenciales, de cargos de elección popular y designaciones, así como cerrar completamente el camino a la competencia electoral, principalmente a opositores catalogados por el régimen como “traidores a la patria”.
En ese sentido, la reforma establece que podrán imponer sanciones a candidatos, funcionarios, e integrantes de las juntas directivas de las organizaciones que hayan «incurrido», según ellos, en actos que «menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua».
Presidenta de México tampoco critica a Ortega
Aunque el régimen insiste en que las reformas permitirán procesos electorales con “soberanía, independencia y autodeterminación”, y que además “fortalecerá la democracia”, la decisión del dictador de abolir las elecciones en Nicaragua ha recibido el rechazo y condena internacional, excepto de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
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Sheinbaum ha evitado condenar el fin de las elecciones en Nicaragua. Se ha escudado en los principios de soberanía, no intervención y autodeterminación de los pueblos.
“Primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decida el pueblo de Nicaragua”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina el 27 de julio. Agregó que su gobierno siempre está “de acuerdo con la democracia en todos sus términos”. Una posición similar adoptó el miércoles el representante de ese país en la OEA.
El INE de México es una institución que no depende de los poderes del Estado en su país, según la información publicada en su página electrónica. Los magistrados nicaragüenses Brenda Rocha y Campbell se encuentran sancionados por Estados Unidos.
