Los senadores estadounidenses Ted Cruz y Timothy Michael Kaine, republicano el primero y demócrata el segundo, propusieron incluir sanciones al oro nicaragüense y al Instituto de Previsión Social Militar (IPSM) del Ejército, en una propuesta bipartidista para reactivar y reformar la *Nica Act* (*Nicaraguan Investment Conditionality Act*) que desde 2018 busca afectar económicamente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Gracias a las alzas históricas que registró en los últimos años el precio del oro, se consolidó como el principal producto de exportación y sostén de la economía de Nicaragua. En este negocio se vincula a los Ortega Murillo, que en los últimos años han entregado cerca del 10 por ciento del territorio nacional en concesiones mineras a empresas y empresarios de China, uno de los principales adversarios políticos de Estados Unidos en la lucha por la hegemonía mundial.
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En relación al IPSM, es el principal administrador de los recursos económicos del Ejército, sobre el que llueven denuncias y condenas por apoyar, desde el inicio de la crisis sociopolítica que estalló en 2018, la mortal represión de los Ortega Murillo en contra de la población nicaragüense.
La propuesta bipartidista de Cruz, copatrocinada por Kaine, la presentaron el 7 de agosto y la leyeron dos veces en el Senado estadounidense y posteriormente la enviaron a la Comisión de Relaciones Exteriores de ese órgano legislativo de Estados Unidos.
Abarcaría otros sectores económicos
El opositor Juan Sebastián Chamorro indica que «lo más importante» del proyecto de ley es que, de aprobarse, permitirá a los Estados Unidos sancionar al régimen Ortega Murillo no solo en el negocio del oro, sino también en otros sectores de la economía nicaragüense.
Otro aspecto importante, declara Chamorro, es el «mensaje» que los Estados Unidos envían al Ejército de Nicaragua, señalado de participar en la represión de la dictadura.
Según Chamorro, la nueva ley llenará el vacío jurídico que generó la expiración de la Nica Act en 2023 y reanuda y amplía los efectos de la misma, «situando a Nicaragua en el centro de atención de la política norteamericana».
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Muy determinante también el hecho de que se trate de una propuesta bipartidista, un senador republicano y uno demócrata, poniendo más fácil tomar una decisión a la administración de Donald Trump.
«Las palabras de que no habrá elecciones nunca más en Nicaragua, de parte de Daniel Ortega, que están expuestas además en el preámbulo de la ley, reafirma que estas palabras siguen teniendo repercusiones en el mundo y vamos a ver más acciones de parte de la comunidad internacional», expresó Chamorro.
Vigencia se extendería hasta 2035
La propuesta de reforma reactivaría a la Nica Act, impulsada desde 2016, aprobada en 2018 y que expiró en 2023, propone que la vigencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2035. Pero quedaría sujeta a una terminación anticipada si el Gobierno de Estados Unidos certifica que se han cumplido determinadas condiciones democráticas.
Una particularidad de la propuesta es que busca que se autorice la imposición de sanciones contra personas extranjeras, sean estos individuos o empresas, que operen en el sector del oro, independientemente de que se determine por separado que dicha persona haya incurrido en corrupción, violaciones de derechos humanos u otras conductas ilícitas.
Sanciones también contra la persecución religiosa
Además, la reforma también pretende castigar con sanciones a la persecución religiosa que están ejerciendo los Ortega Murillo de manera especial contra líderes de la Iglesia católica, pero también de otras denominaciones religiosas. Igualmente, las condenas por motivos políticos contra opositores y miembros de organizaciones independientes de la sociedad civil.
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Pretende, además, sancionar a los Ortega Murillo por el apoyo que les están dando a sus aliados políticos de Rusia e Irán mediante bienes, servicios o tecnología.
En el caso del IPSM (Ejército), por primera vez se incorpora expresamente a este brazo económico del Ejército a la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de el Ejército de Nicaragua.
