Pese al desmantelamiento, destitución y reacomodamiento de fichas por parte del régimen sandinista, el poder judicial sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad a través de represión contra disidentes, opositores o voces críticas, advierte el informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua entre enero y julio de 2024, del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) publicado este viernes 9 de agosto.
“La destitución de altos cargos, incluidos magistrados y cientos de trabajadores si bien afecta el ritmo de las cosas, no ha desarticulado en nada el aparato de represión dispuesto para imponer el terror. Como maquinaria de castigo y venganza extremos y brutales, los jueces penales obedecen directamente a la vicepresidenta de la República”, señala el informe refiriendo que este poder del Estado está en absoluto sometimiento del poder ejecutivo.
Desde octubre de 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició una sacudida en el poder judicial, desalojando de sus oficinas a funcionarios, incluyendo a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.
Poder judicial realiza juicios clandestinos
Ante esto, Calidh advierte que estos reajustes implementados por el régimen Ortega Murillo no se tradujeron en una pausa en los juicios contra reos de conciencia.
“Los juicios contra los presos políticos continuaron incluso en este semestre (en el informe: enero a julio de 2024). El doctor Freddy Quezada, exprofesor de la UNAN-Managua, fue juzgado a inicios de este año por un juez penal de Managua en arreglo con información provista por familiares asociados a la víctima”, refiere el informe.
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La organización añadió que, en desobediencia al Código Procesal Penal, se realizan juicios clandestinos sin la presencia de abogados defensores. En esa línea, las conclusiones del informe señalan que el Estado de Nicaragua profundizó la crisis sociopolítica a través de la represión y esto llevó a la supresión definitiva de los derechos humanos en el país.
Dos denuncias de exfuncionarios de la CSJ
Calidh detalló en el informe que recibió dos denuncias de exfuncionarios de la CSJ relacionadas con la demolición del poder judicial. En la primera denuncia se relata que el exfuncionario fue expulsado del puesto que ejercía en la CSJ y la prohibición de recibir demandas por indemnización a los trabajadores despedidos.
“A los extrabajadores del poder judicial no se les permite el ingreso a los complejos de justicia y varios son sujetos a vigilancia y hostigamientos por la Policía”, señala el informe.
La segunda denuncia es de una funcionaria de los juzgados penales responsables de perpetrar las condenas injustas. La servidora explicó que los judiciales maltratan al personal a su cargo y los amenazan si no elaboran las sentencias según las orientaciones “de arriba” y que “tienen que bajar la cabeza”.
Por otro lado, también reporta que con base en un expediente en posesión del Centro desde hace dos años existen motivos razonables para señalar que las autoridades judiciales presionan a los abogados, incluso a los que no ejercen defensa de casos políticos.
Poder judicial aplicó condenas injustas a personas sin vínculos en actividades políticas
En el informe, Calidh aseguró que recibió información de que el poder judicial condenó injustamente a personas de sectores desfavorecidos que no tienen vínculos con actividades opositoras, condenándolas a penas con base en hechos que el Ministerio Público no sustentó.
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“Calidh considera que el mensaje que podría estar enviando el poder judicial es que cualquier persona puede ser sometida a la cárcel con o sin razones políticas. El Centro expresa su preocupación que en el contexto generalizado de impunidad los juicios respecto de personas no asociadas a actividades opositoras se basen en pruebas inexistentes y se convierta en un patrón”.
Por esta razón, el organismo señala que el poder judicial, junto a la Policía, son los brazos represivos más visibles.
Reos comunes también se enfrentan a condiciones inhumanas
El informe destaca que la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional comete crímenes de lesa humanidad relacionados con detención arbitraria y tortura contra presos políticos y reos comunes.
Según información de Calidh, proveniente tanto de familiares de presos comunes como de presos políticos, los custodios penitenciarios aumentaron la crudeza en el tratamiento de los comunes, situaciones que también comparten los políticos cuando estos no están en celdas de castigo o reciben otras formas de tortura física.
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Además, el Sistema Penitenciario de Waswalí, en el departamento de Matagalpa, tiene celdas con plagas de chinches, cucarachas, una situación empeorada por la humedad, calor extremo, agua contaminada y hacinamiento.
Por todas estas razones, Calidh puntualiza que el informe que presentó este 9 de agosto “es desalentador”.