Después de más de una década de buscar justicia, Jason Zachary Puracal recibió el pasado 13 de agosto en Estados Unidos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró a Nicaragua responsable por su detención ilegal y arbitraria, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que sufrió durante su encarcelamiento y otras violaciones a sus derechos y los de su familia.
Para el estadounidense, el fallo representa, sobre todo, un reconocimiento de lo ocurrido y una oportunidad para que su caso provoque cambios que alcancen a otros privados de libertad en Nicaragua. En su fallo, la Corte IDH ordena al Estado de Nicaragua pagar 190,000 dólares a Puracal y su familia por el daño a su proyecto de vida, daños psicológicos y físicos. En aquel tiempo, él se dedicaba al sector bienes raíces. Según el tribunal, él abrió una franquicia de ese sector con otros tres ciudadanos norteamericanos.
Dado el radicalismo de la dictadura, que ha sido denunciada internacionalmente desde 2018 por abusos de derechos humanos contra opositores y población en general, es poco probable que acate el fallo y resarza la injusticia documentada por el tribunal internacional, advirtió una fuente consultada.
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En cambio, Puracal hace una valoración sobre su caso, independiente a ese criterio. “Después de tantos años, una corte internacional reconoció las violaciones que sufrimos”, expresó Puracal en entrevista con LA PRENSA. Aseguró que el aspecto económico de la sentencia pasa a un segundo plano frente a las medidas que pueden derivarse del fallo. “Lo más importante no es el dinero, sino el reconocimiento y los cambios que pueden beneficiar a otras personas en Nicaragua”, afirmó.
Apelaciones de Granada anuló condena de 22 años
Su caso comenzó el 11 de noviembre de 2010, cuando fue detenido en San Juan del Sur, Rivas, durante una investigación por tráfico de drogas. La Policía allanó su oficina y su vivienda sin una orden judicial válida y posteriormente fue trasladado por distintos centros de detención, entre ellos la cárcel de Rivas, “el Chipote” y “La Modelo”. Un tribunal de primera instancia lo condenó a 22 años de cárcel por los delitos además de crimen organizado y lavado de dinero.
Finalmente, Puracal permaneció privado de libertad durante más de 21 meses, hasta que en septiembre de 2012 un Tribunal de Apelaciones anuló el proceso en que lo condenaron. Ordenó su libertad y posteriormente lo deportaron a Estados Unidos. La Corte IDH, integrada por siete magistrados de distintas nacionalidades, afirmó que se violaron con su caso las garantías en el sistema judicial.
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«Me golpearon, me amenazaron»
Puracal sostiene que durante su detención estuvo sometido a violencia, amenazas, aislamiento y condiciones penitenciarias que afectaron su salud. “La Policía fue muy agresiva conmigo. Me golpearon, me amenazaron, me detuvieron sin una orden de detención y me escondieron de mi familia, de mi abogado y de la Embajada (de Estados Unidos)”, relató.
Y agregó: “Pasé muchos días sin salir a la luz del sol. No tenía agua potable, no tenía una dieta balanceada y no tenía acceso a atención para mis problemas médicos”, agregó. La Corte (IDH) determinó que las condiciones de encarcelamiento constituyeron tratos crueles, inhumanos y degradantes y que la falta de atención médica, agua potable y saneamiento también vulneró sus derechos.
Las consecuencias, explica Puracal, no terminaron cuando recuperó la libertad, pues el encarcelamiento afectó el proyecto familiar que había construido en Nicaragua junto con su familia.
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Dictadura orteguista destruyó a la familia Puracal
“Mi encarcelamiento destruyó la vida que nosotros habíamos construido en Nicaragua. Mi esposa, Scarlett, sufrió robos y agresiones al viajar para traer comida o visitarme. Perdimos nuestro negocio, nuestro hogar, y se ensució mi nombre y mi integridad”, señaló. Tras su deportación, la familia tuvo que comenzar nuevamente en Estados Unidos: “Ese no era el plan. El plan era establecer nuestra vida en Nicaragua”, apuntó Puracal.
El afectado asegura que la búsqueda de justicia representó un fuerte costo económico. “Mi familia gastó más de 700 mil dólares en abogados”, indicó, además de los gastos para proporcionarle alimentos y agua mientras permanecía encarcelado, y las pérdidas relacionadas con su negocio y propiedades.
Sin embargo, él insiste en que obtener una compensación económica nunca fue el objetivo central de llevar el caso al sistema interamericano.
“Era para que la comunidad internacional pudiera ver y reconocer las violaciones de derechos humanos, las condiciones de la cárcel y la manera en que el sistema judicial estaba operando, fuera de las leyes de Nicaragua y de las leyes internacionales”, explicó el estadounidense.
Para Puracal, la dimensión colectiva de la sentencia es especialmente importante, porque durante su encarcelamiento conoció a otras personas sometidas a condiciones similares. De hecho, el Estado de Nicaragua está bajo cuestionamiento internacional. Ortega y Murillo ha sido denunciado por graves violaciones de derechos humanos desde 2018, señalados de cometer delitos de lesa humanidad.
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Sistema carcelario de Ortega violó todo tipo de garantías judiciales
En su resolución, la Corte IDH declaró la violación a las garantías judiciales, la presunción de inocencia, la honra y dignidad, al derecho a la asistencia consular y a la protección judicial en el caso de Puracal.
La sentencia ordenó a Nicaragua, entre otras medidas, adecuar su ordenamiento jurídico sobre prisión preventiva oficiosa a la Convención Americana y adoptar acciones para que las condiciones de La Modelo y el Chipote cumplan las normas internacionales de derechos humanos.
Actualmente, Puracal intenta reconstruir también su trayectoria empresarial en Estados Unidos. Regresó a estudiar Administración de Empresas y trabaja en una startup dedicada al desarrollo de bioplásticos a partir de productos agrícolas, con posibles aplicaciones en aviones, vehículos y materiales de construcción.
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“Estamos tratando de tener un impacto en el mundo, reduciendo los impactos en el medioambiente y en la salud de las personas”, explicó. Dieciséis años después de su detención, sostiene que el sentido de haber llevado su caso hasta la Corte IDH permanece ligado a una aspiración que va más allá de su propia reparación: “Queremos que este caso sirva para mejorar la situación de otras personas en Nicaragua”.
