El “Caso Puracal” expone el trato inhumano en las cárceles de la dictadura de Ortega

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El 11 de noviembre de 2010 fue el día que le cambió la vida a Jason Puracal, un estadounidense que tenía cerca de ocho años viviendo en Nicaragua y que aquella tarde se encontraba en su oficina con vista al mar de San Juan del Sur. Todavía recuerda aquel momento en que un grupo de encapuchados asaltó el lugar para llevárselo detenido.

“Todos los agentes del negocio estaban fuera de la oficina. La secretaria había ido al banco a hacer un depósito y yo estaba solo en la oficina cuando entraron como 10 o 15 tipos, todos vestidos de negro, encapuchados, destruyendo todo. Yo pensé que me estaban robando”, relata Puracal, quien no domina muy bien el español, pero sí lo suficiente para saludar o agradecer, dos acciones que de poco le servían en aquel momento que llegaron a detenerlo.

Puracal indica que aquellos hombres encapuchados no le explicaron por qué estaban ahí. No le mostraron una orden de detención ni de allanamiento, tampoco una identificación. No lo dejaron llamar a su esposa, ni a su familia en Estados Unidos y muchos menos a un abogado o a la embajada de su país.

Lo montaron en una camioneta y se lo llevaron detenido hacia la delegación policial de San Juan del Sur y a medianoche lo llevaron a Rivas. “Los policías fueron bien violentos conmigo. Me gritaban obscenidades y cosas como: ustedes son los escorpiones de la sociedad”, cuenta.

Mientras era transportado en la tina de una camioneta hacia Rivas, le iban gritando y golpeando. “El español no es mi primera lengua. Yo necesito ver a las personas y tratar de leer sus labios para entender lo que están diciendo, sobre todo cuando hablan muy rápido. Entonces yo trataba de voltear a ver lo que me decían, pero me tiraban de regreso hacia abajo con sus armas, me pegaron patadas en la espalda”, relata, y agrega que en aquella camioneta fue trasladado junto con personas desconocidas.

Puracal enfrentó una acusación por tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado, por la cual fue sentenciado a 22 años de prisión y tras una apelación por parte de su defensa, se anuló el juicio y se ordenó su libertad.  El 14 de septiembre de 2012, una vez que fue liberado, las autoridades de Migración ordenaron su deportación por considerarlo un “peligro para lo sociedad”.

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) que ordene al Estado de Nicaragua compensar económicamente a Jason Puracal por considerar que fue detenido de manera “ilegal y arbitraria”, por mantenerlo en condiciones “infrahumanas” en las que vivió “tratos crueles, inhumanos o degradantes”, además de ser sometido a un “proceso penal violatorio del debido proceso”.

El abogado de Puracal, Thomas Antkowiak, explica que fue en 2013 que se puso la denuncia ante la CIDH contra el Estado de Nicaragua y finalmente en diciembre del año pasado recibieron respuesta.

“Ganamos en todos los puntos del caso y ordenaron un montón de reparaciones tanto para Jason como para su familia y además incluyen reformas estructurales a la legislación, entrenamiento para cuerpos de seguridad, requerimientos de que mejoren las condiciones de encarcelamiento en el país”, señala.

A partir de ahora, el proceso irá más rápido. “Es muy probable que dentro de un año y medio estemos en una audiencia frente a la Corte”, explica Antkowiak y el Estado de Nicaragua deberá responder.

Paraíso tropical

“Antes de ser encarcelado me enamoré de Nicaragua”, cuenta Puracal. Él llegó en 2002 como parte de un grupo de voluntarios estadounidenses del Cuerpo de Paz, una agencia federal de Estados Unidos que ayuda a países en vías de desarrollo en temas de salud, educación, negocios y demás.

Para entonces tenía 33 años. Inicialmente, Puracal estuvo haciendo entrenamiento por tres meses en Estelí, y luego fue enviado a trabajar por un año con campesinos de El Tule y al terminar su misión en 2004, regresó a Estados Unidos.

A Puracal le gustó tanto Nicaragua que volvió a los cuatro meses. “Es un paraíso tropical”, valora. “Tenía planes de poner un negocio de bienes raíces, lo cual finalmente hice. Vi una oportunidad de buen mercado ahí”, explica.

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Con el tiempo, Puracal levantó su negocio en San Juan del Sur, compró propiedades, se casó con una nicaragüense y tuvo un hijo. También tenía algunos proyectos en Jinotega, y pese a que no dominaba el español con fluidez, se esforzaba para hablar con los lugareños y hacer las gestiones propias de su negocio.

Para entonces Puracal también tenía planes de empezar las gestiones para obtener la nacionalidad nicaragüense, ya que cumplía con todos los requisitos, pero eso se vio truncado el día que unos desconocidos encapuchados llegaron a detenerlo.

Aquella noche que lo llevaron a Rivas, él todavía no sabía por qué había sido detenido y no le permitían comunicarse con nadie, hasta que como al tercer día llegaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a verlo. “Estás bajo el sistema judicial de Nicaragua y el Gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad aquí. Necesitas un abogado”, fue todo lo que le dijeron.

Luego, Puracal fue enviado a una audiencia inicial y fue hasta en ese momento que le dijeron los delitos por los cuales estaba siendo acusado: tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y crimen organizado. Al siguiente día, Puracal fue llevado a Auxilio Judicial, en el viejo Chipote, en Managua, y tres días después a La Modelo, en donde permaneció por 22 meses.

Una semana después de haber llegado a La Modelo pudo hablar con su familia y no gracias a los guardias, sino a otros prisioneros que le prestaron un teléfono y aprovechó para llamar a su esposa que llevaba varios días sin saber de él, ya que en la Policía y cárceles del país no le daban razón sobre su paradero.

Infierno

En La Modelo, Puracal fue metido en una celda pequeña junto con asesinos, violadores y vendedores de drogas. “Estuve en una celda, con nueve y a veces hasta 12 tipos, sin agua potable. Solo te dan arroz y frijoles tres veces al día, sin carbohidratos”, relata.

Pronto, empezó a sentir los estragos de la mala alimentación. Tras dos meses de detención, le empezó un fuerte dolor en el estómago y le costaba respirar. Estaba débil y no se podía levantar por su cuenta.

“Los otros prisioneros llamaron a los guardias y después de una hora llegaron y me llevaron a la enfermería. Otros dos prisioneros me tuvieron que ayudar porque yo no podía caminar por mi cuenta. Me pusieron una inyección en el trasero que no supe que era y me mandaron de vuelta a la celda. Así pasé cinco días más, con inyecciones porque me dijeron que necesitaba ir al hospital, pero como me consideraban un caso especial, no tenía permiso de que me llevaran, hasta que después de esos cinco días me llevaron”, recuerda.

No sabe a qué hospital de Managua fue exactamente, pero indica que los médicos le dijeron que estaba muy deshidratado y que necesitaba agua y comer vegetales y frutas. Estuvo en observación un día, esposado a su cama, y una vez que le dieron el alta médica, fue llevado de regreso a su celda en La Modelo. “Eso era el infierno”, comenta.

El 6 de septiembre de 2011, Puracal fue condenado a 22 años de prisión, pese a que ni la Fiscalía ni la Policía presentaron pruebas en su contra. No encontraron drogas ni dinero, tampoco movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias, ni lograron establecer la relación entre él y los demás acusados que también terminaron siendo puestos en libertad.

La sentencia contra Puracal fue apelada el 5 de octubre del mismo año y fue hasta el 12 de septiembre de 2012 que el Tribunal de Apelaciones anuló el juicio porque la sentencia carecía de fundamentos y ordenó la libertad del estadounidense. Dos días después, fue deportado.

“Mientras estuve encarcelado, mi residencia expiró y no pude renovarla mientras estuve en prisión, así que cuando salí de prisión las autoridades dijeron que mi residencia estaba vencida, que era un peligro para la sociedad y que me iban a deportar. Que no tenía permitido regresar”, recuerda.

Tuvo temor de que la Policía lo volviera a detener así que aceptó salir hacia Honduras y luego se fue a Estados Unidos. Su esposa e hijo también se fueron con él y desde entonces no han vuelto al país.

A Puracal le confiscaron sus propiedades, documentos, vehículos y todo lo que tenía en Nicaragua. Jamás volvió a tratar de entrar al país por temor a ser arrestado, “o que algo más violento me pase a mí o a mi familia”.

Reivindicación

El abogado Thomas Antkowiak relata que en septiembre de 2013 presentó una demanda ante la CIDH con más de 100 páginas de hechos y pruebas de cómo el Estado de Nicaragua violentó varios derechos humanos de Jason Puracal, así como los de su familia.

El caso fue declarado admisible y fue hasta diciembre de 2023 que la CIDH reconoció las violaciones sufridas por Puracal a su derecho a la libertad e integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad, propiedad privada, libertad de circulación y residencia, y protección judicial.

La CIDH también solicitó medidas de reparación entre las que se destaca una compensación económica para Puracal y su familia, además de “una investigación seria, diligente y efectiva, en un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, individualizar a los responsables e imponer las sanciones que correspondan”.

También se le exige al Estado de Nicaragua que adopte mecanismos de no repetición y que mejoren las condiciones carcelarias. Puracal, por su parte, dice que solamente le interesa una cosa.

“Para mí lo más importante es que la Comisión reconozca que yo fui arrestado de manera injusta. Y también celebro el haber salido de prisión, porque eso es como estar en el infierno, pero también pienso en la gente que está sufriendo en esa prisión sin agua potable, sin una dieta balanceada. Yo quisiera que eso cambie y eso es también algo muy importante para mí que la Comisión sugiera estos cambios de como los prisioneros son tratados en la cárcel, ya sea que sean culpables o no, ellos merecen que se respeten sus derechos humanos”, indica.

El abogado Antkowiak expresa que de su parte hay anuencia para llegar a una “solución amistosa” con el Estado de Nicaragua. “Nosotros estamos dispuestos y queremos trabajar de buena fe. Queremos que el Estado haga lo correcto y que cumpla lo antes posible con las medidas”.

Hasta el momento no ha habido un acercamiento por parte del abogado de Puracal con la dictadura de Daniel Ortega y toda comunicación ha sido con la CIDH, pero se ha manejado de manera discreta.

Por otro lado, a Antkowiak le preocupa que en los últimos años Nicaragua ha adoptado una actitud de revanchismo con organismos como la CIDH o la Corte IDH, sobre todo tras el estallido de la crisis política en 2018 y en la que se han señalado violaciones a derechos humanos. La preocupación es que Nicaragua no responda.

Pese a que estos hechos sucedieron hace más de 10 años, Puracal indica que ha sido difícil para él continuar con su vida. “Cuando has estado en prisión, ya sea inocente o no, siempre hay un estigma a tu alrededor”, señala e insiste en que en Nicaragua no tuvo un juicio real. “Luché por dos años para mostrar mi inocencia y esta resolución de la Comisión se siente como una reivindicación. Espero que el gobierno haga las cosas bien”, refiere.