La desobediencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) representa una erosión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y constituye un «desafío» para la comunidad internacional y los mecanismos existentes para preservar los derechos humanos.
Actualmente, sólo Perú y Nicaragua han sido declarados en «desacato» por este tribunal, siendo el caso de Nicaragua el más grave.
El pasado 23 de abril, la presidenta de la Corte-IDH, Nancy Hernández, compareció ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y expuso que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desacata al menos 19 resoluciones de medidas provisionales emitidas por este tribunal desde junio de 2021.
Régimen desafía a la comunidad internacional con desacato a la Corte-IDH
A criterio del abogado especialista en derechos humanos Salvador Marenco, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, pese al retiro de Nicaragua de la OEA el país sigue siendo parte del SIDH al ser suscriptor de instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, entre otros tratados regionales que facultan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte-IDH para continuar conociendo casos relacionados con el país.
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«Lo que está haciendo el régimen de Ortega y Murillo es desafiar a la comunidad internacional, tanto a nivel regional como global, desobedeciendo resoluciones internacionales sin enfrentar consecuencias. Por esta razón, la Corte Interamericana ha solicitado reiteradamente a los Estados miembros activar mecanismos de cooperación para hacer cumplir sus resoluciones. Además, mantener en el sistema a un Estado que de manera reiterada viola derechos humanos representa una amenaza a la credibilidad y eficacia del Sistema Interamericano», señaló Marenco.
Nicaragua como «exportador» de violaciones a los derechos humanos
Según Marenco, el peligro del desacato de Nicaragua radica en que el país, bajo el régimen Ortega-Murillo, se convierte en un «exportador» de prácticas represivas hacia otros países y regiones. Es decir, otros gobiernos autoritarios, actuales o futuros, podrían replicar el ejemplo nicaragüense al comprobar que estas violaciones pueden cometerse sin consecuencias.
«Antes de que Ecuador invadiera la Embajada de México, Nicaragua ya había ocupado ilegalmente la sede de la OEA en Managua. Antes de la aprobación de leyes de ciberdelitos en El Salvador o de leyes de agentes extranjeros en Perú, Nicaragua ya había implementado legislaciones similares. Asimismo, antes de que en Venezuela se popularizara la tipificación de la ‘traición a la patria’ como mecanismo de represión, Nicaragua ya había desarrollado ese tipo de herramientas legales», expuso Marenco.
También se necesita voluntad política de los Estados
Marenco subrayó que todos los Estados parte del SIDH, ya sea de forma bilateral o multilateral, deben exigir a Nicaragua el cumplimiento de las resoluciones de la Corte. Sin embargo, advirtió que ello depende de la voluntad política de los demás países.
«En este contexto es fundamental ejercer presión política para la consecución de los fines establecidos en los instrumentos internacionales ratificados, ya que permitir la desobediencia sistemática sin consecuencias sería un golpe directo a la autoridad del SIDH», enfatizó.
Durante la presentación de Hernández ante el Consejo Permanente, la delegación de Chile cuestionó qué deben hacer los Estados cuando un país desacata las resoluciones del sistema, dejando en desprotección a las víctimas.
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«Hay una clave que nos parece fundamental, que es esta: la desprotección de las víctimas. Y hay una pregunta que nos llega a nosotros, representantes de los Estados miembros de esta organización, y es: ¿qué hacemos cuando el desacato de un Estado a este Sistema Interamericano, que los propios Estados nos hemos dado, deja a las víctimas en la más rotunda desprotección? ¿Tiene sentido el sistema que nos hemos dado cuando un Estado desacata lo que la Corte resuelve? Entonces, nos cabe otra cuestión: interrogarnos sobre qué hacemos», expresó la delegación chilena.
Sólo dos países están en desacato ante la Corte-IDH
Hasta ahora, únicamente Nicaragua y Perú han sido declarados en desacato por la Corte-IDH, una sanción reservada para casos de incumplimiento grave de las órdenes del tribunal.
En el caso de Nicaragua, la Corte declaró el desacato en noviembre de 2021 tras constatar que el régimen Ortega-Murillo incumplió las medidas provisionales dictadas para proteger a opositores encarcelados. Posteriormente, en noviembre de 2022, la Corte elevó la gravedad del incumplimiento al declarar a Nicaragua en “desacato permanente”, dado que el Estado continuó ignorando las resoluciones y dejó de responder a los requerimientos del tribunal.
Por su parte, Perú fue declarado en desacato en diciembre de 2023, después de que las autoridades liberaran al expresidente Alberto Fujimori en contra de órdenes expresas de la Corte, que había determinado que el indulto otorgado debía ser inaplicable por tratarse de crímenes de lesa humanidad. A diferencia del caso nicaragüense, el desacato peruano responde a una acción puntual que vulnera el cumplimiento de sentencias definitivas, afectando los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación.
