El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) publicó este lunes su más reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, en el que afirma que el año 2024 marcó un agravamiento extremo de la represión estatal, superando con creces la violencia documentada en años anteriores.
El documento, titulado Informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua 2024, expone que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso un “Estado totalitario” que institucionalizó los crímenes de lesa humanidad como forma de gobierno.
“El ciudadano ha sido sustituido por el sospechoso”, advierte el informe, destacando cómo el aparato estatal ha transformado la vida cotidiana en una “racionalidad del terror”, donde la represión se ha legalizado a través de reformas constitucionales que entraron en vigor en febrero de 2025.
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Deportaciones y tortura: la brutalidad oficializada
Uno de los casos más emblemáticos señalados por Calidh es la deportación el 5 de septiembre del año pasado de 135 personas hacia Guatemala en condiciones que califican como “deshumanizantes”. Entre ellas se encontraba el filósofo Freddy Quezada, quien permaneció desaparecido durante meses y denunció condiciones inhumanas de detención, sin atención médica, pese a ser adulto mayor.
Otro testimonio recogido por el informe revela la existencia de centros clandestinos de detención donde las personas son sedadas, torturadas y violentadas sexualmente. Calidh asegura que el Estado, bajo el régimen Ortega Murillo diseña patrones específicos de tortura según el perfil del detenido: “No es una violencia general, sino personalizada”.
El documento denuncia además que muchos juicios contra presos políticos se llevan a cabo mediante videollamadas secretas, sin notificación de penas ni presencia de defensa legal, como forma de castigo psicológico.
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Una Constitución del miedo
El informe dedica un apartado a lo que considera una “destrucción definitiva” del texto constitucional nicaragüense. La nueva carta magna permite a la dictadura despojar arbitrariamente de la nacionalidad a ciudadanos, confiscar bienes y coordinar los otros poderes del Estado. Según Calidh, esto consolidó la transformación de la ley en un instrumento de castigo y represión.
“Esta es una constitución diseñada para desaparecer a la persona como sujeto de derechos”, afirma el informe, que advierte sobre una “muerte civil” impuesta a centenares de opositores, quienes además son borrados de registros académicos, civiles y de propiedad.
Violencia estructural en el Caribe y exilio forzado
En el Caribe nicaragüense, la violencia contra los pueblos indígenas también se ha radicalizado. Se documentaron al menos 67 ataques en territorios miskitos y mayangnas sólo en el primer trimestre de 2024, con un saldo de más de 160 víctimas, incluyendo asesinatos, secuestros y violencia sexual.
“Esta violencia responde a una política sistemática de saqueo de recursos y exterminio encubierto”, afirma Calidh, que vincula los ataques con la presencia de colonos armados y fuerzas militares estatales.
En cuanto al exilio, el informe estima que más de 800 mil nicaragüenses han abandonado el país. Al menos 100 murieron en el trayecto.
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“Pensar en la transición es una urgencia del presente”
El informe concluye con un llamado urgente a pensar en la transición democrática que priorice a las víctimas y propone treinta medidas de justicia transicional que van desde la creación de una comisión de la verdad, hasta la ratificación del Estatuto de Roma con efecto retroactivo.
“No se puede hablar de mañana si hoy no se nombra la verdad. La justicia no puede esperar al fin del régimen”, señala el documento.
