A casi siete años del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) no ha logrado recuperar credibilidad a nivel internacional. Más bien, una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional en 2023 la subordinó completamente a los designios de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por ello, especialistas en derechos humanos consideran a esta institución cómplice de torturas a presos políticos y de crímenes de lesa humanidad.
El abogado Salvador Marenco, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, explicó que la PDDH es cómplice de los crímenes cometidos por el régimen Ortega-Murillo debido a su inacción ante las denuncias de torturas en las cárceles del país, especialmente en el caso de los presos políticos.
“Se supone que en Nicaragua existe un procurador de cárceles en la PDDH. Esta persona debería estar encargada de vigilar de manera constante el respeto a los derechos humanos, especialmente la integridad personal de las personas privadas de libertad, incluyendo a las presas políticas”, señaló Marenco.
Actualmente, el procurador especial de cárceles de la PDDH es Álvaro Osorio, quien también es responsable del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Osorio nunca se ha pronunciado ante los casi 300 casos de tortura en las cárceles documentados por organismos como el Colectivo.
“La PDDH tenía la responsabilidad de instar a las autoridades correspondientes a llevar a cabo investigaciones e incluso realizar sus propias indagaciones en conjunto con las autoridades penitenciarias y policiales. Sin embargo, nunca cumplió con esta obligación”, señaló Marenco.
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Alineamiento evidente en 2018
Por su parte, el abogado e integrante del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, considera que el deterioro de la PDDH se hizo aún más evidente en 2018, cuando esta institución, que aún se definía como independiente, jugó un papel de complicidad con la represión estatal.
“En lugar de defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, validó la represión a través de una ‘Comisión de la Verdad’ que no fue más que una farsa. Con su silencio y su inacción, la Procuraduría legitimó los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas”, expresó Carrión.
Degradada en 2019
Marenco señaló que el Colectivo documentó testimonios que indican que, en algunos momentos, la PDDH visitó cárceles en 2018 y 2019, pero su intervención no fue para garantizar la protección de los presos, sino para intentar que las víctimas modificaran sus denuncias y cambiaran su discurso en relación con la represión estatal.
Por esta y otras razones, en 2019 la PDDH fue degradada a la categoría “B” en la escala de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Protección de los Derechos Humanos. En 2021, según un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, esta entidad continuaba sancionada por su falta de credibilidad.
“Desde entonces, ha mantenido este estatus porque no ha mejorado su labor en la defensa de los derechos humanos. Es poco probable que sea reclasificada, especialmente considerando que Nicaragua ya no es parte del Consejo de Derechos Humanos ni de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, señaló Marenco.
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PDDH en la mira por falta de credibilidad antes de 2018
En su informe de marzo de 2019, el subcomité recomendó la degradación de la PDDH de Nicaragua a clase B, según un documento oficial al cual LA PRENSA tuvo acceso.
Según el documento, en 2018 el subcomité ya había recomendado la degradación de la PDDH, pero se le otorgó un plazo de un año para proporcionar pruebas que demostraran su cumplimiento con los Principios de París.
Anteriormente, en noviembre de 2016 y noviembre de 2017, el subcomité había decidido aplazar la degradación de la PDDH debido a preocupaciones sobre su independencia y su rol ante violaciones de derechos humanos.
En su primer período de sesiones de 2019, el subcomité examinó la documentación presentada por la PDDH bajo la dirección de la procuradora Corina Centeno Rocha, con el objetivo de revertir la sanción.
Desmantelamiento de la PDDH en 2023
La Ley No. 1174, aprobada en noviembre de 2023, modificó por completo el funcionamiento de la PDDH, eliminando su independencia y subordinándola al Ejecutivo. La convirtió en una instancia adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), entidad subordinada al poder ejecutivo.
La normativa derogó la Ley No. 212 de 1995, la cual garantizaba a la Procuraduría un carácter autónomo y la facultaba para supervisar y denunciar abusos de la administración pública. Ahora, el procurador para la defensa de los derechos humanos ya no es electo por la Asamblea Nacional, sino designado directamente por el procurador general de la República, un funcionario nombrado por la dictadura.
“Al estar ahora bajo la PGR, la PDDH forma parte de un aparato de persecución política que ha respaldado crímenes de lesa humanidad, incluyendo la confiscación de bienes de personas excarceladas, desterradas y desnacionalizadas, ya sea judicialmente o de facto”, dijo Marenco.
Además de suprimir su independencia, la ley también eliminó atribuciones clave, como la facultad de interponer recursos de inconstitucionalidad, amparo y exhibición personal, así como la capacidad de supervisar entidades estatales o exigir sanciones a funcionarios que violen derechos humanos.
Mientras que antes el procurador debía rendir informes a la Asamblea Nacional, la nueva legislación otorga a Ortega y Murillo la potestad de definir su estructura mediante decreto, cerrando cualquier posibilidad de supervisión independiente.
“El golpe final a la Procuraduría llegó en 2023, cuando fue absorbida formalmente por la Procuraduría General de la República, subordinándose completamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta reforma terminó de destruir cualquier vestigio de independencia que pudiera quedarle”, señaló Carrión.
Desmantelamiento desde el pacto Alemán-Ortega
No obstante, Carrión considera que el debilitamiento de la PDDH es consecuencia del deterioro de toda la institucionalidad en el país, iniciado con el pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega.
“Con ese pacto se repartieron las instituciones del Estado, incluyendo la Procuraduría de Derechos Humanos. La Procuraduría, en lugar de velar por los derechos humanos, fiscalizar a los funcionarios del Estado y garantizar el cumplimiento del régimen jurídico, se convirtió en una entidad que promovía la impunidad y encubría los abusos de poder”, añadió Carrión.
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PGR responsable de confiscaciones
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas, presentado el 3 de marzo, señala que la Procuraduría General de la República (PGR) ha jugado un papel clave en el proceso de confiscación de bienes de opositores y organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
Según el informe, esta institución es utilizada como un instrumento del Estado para ejecutar las disposiciones del Ejecutivo, legalizando la apropiación de propiedades y recursos de personas y entidades despojadas de su personalidad jurídica.
Además, el informe destaca que la PGR no solo ha gestionado la transferencia de bienes confiscados al Estado, sino que también ha facilitado su redistribución entre instituciones gubernamentales y actores afines al oficialismo.
