En un contexto de creciente aislamiento internacional y acusaciones por crímenes de lesa humanidad, el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, Arif Bulkan, analiza el papel que desempeña el Sistema Interamericano frente a un régimen que, a casi siete años del estallido social de abril de 2018, clausuró todo espacio de diálogo y rendición de cuentas.
En entrevista concedida a LA PRENSA, Bulkan refirió que desde 2018, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH registró más de 2,090 detenciones arbitrarias, al menos 42 de estas personas siguen privadas de libertad en condiciones que vulneran sus derechos; 355 víctimas fatales y el exilio forzado de más de 440 mil personas que abandonaron el país en busca de protección y seguridad, así como y la privación arbitraria de la nacionalidad de al menos 450 personas.
Además, el informe que la CIDH presentó en 2023 documenta la radicalización de la represión estatal para suprimir los derechos y libertades mediante la continua prohibición de las protestas, la desarticulación de los medios de comunicación, el cierre de unos 5,430 organizaciones de la sociedad civil, universidades y otros centros de estudio, y la persecución y criminalización de integrantes la Iglesia católica.
¿Cómo valora la situación de derechos humanos en Nicaragua, considerando que se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU tras un informe del GHREN?
La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha experimentado un deterioro drástico en los últimos años. La decisión del gobierno de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), anunciada el 27 de febrero de 2025 agrava aún más esta crisis.
Cuando un Estado se retira de los espacios donde se toman decisiones sobre avanzar en los derechos humanos, se aísla y debilita su democracia e institucionalidad, cerrando toda posibilidad de diálogo con la comunidad internacional, incrementando el riesgo de violaciones a los derechos de la población.
Por su parte, el informe presentado por el GHREN es de alta relevancia porque concluye que las violaciones a los derechos humanos son equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por la persecución por razones políticas, además de otros factores. En la misma línea de lo que ya había planteado en 2018, en línea con lo que ya había planteado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua impulsado por la CIDH en su informe final, el cual ya había documentado patrones de graves violaciones de derechos humanos que califican como crímenes de lesa humanidad. Ello refuerza la gravedad y persistencia de estos crímenes en el país.
Las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua siguen y tienen el objetivo de eliminar cualquier espacio para el ejercicio de las libertades y autonomía, generando un clima de miedo, vigilancia y persecución permanente, que solo se recrudece. La agudización de la represión en contra de personas indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe es otro ejemplo de ello.
¿Qué implica que Nicaragua sea el país con más medidas cautelares otorgadas en los últimos 15 años por la CIDH, cantidad superior a las recibidas por Cuba y Venezuela?
El mecanismo de medidas cautelares tiene el objetivo de proteger a las personas o grupos de personas, cuyos derechos están en grave riesgo o de ser irreparables. El hecho de que Nicaragua sea uno de los países con más medidas cautelares otorgadas por la CIDH indica la magnitud de la represión ejercida por el régimen y la gravedad de las violaciones de derechos humanos que sufre la población.
Nicaragua y Venezuela son los países con más medidas cautelares y sin respuesta a las solicitudes de información por parte de estos Estados. No obstante, el uso las medidas cautelares también da cuenta de la confianza que tiene la gente en el Sistema Interamericano y en sus mecanismos y procedimientos. Es la posibilidad de acceso a justicia cuando el sistema judicial y democrático no funcionan en un país y la obligación bajo el mandato de la CIDH de documentar y visibilizar ante la comunidad internacional lo que está sucediendo y que, aunque la justicia pueda demorar no quede impune.
¿Nicaragua ha respondido a solicitudes de información por parte de la CIDH?
Nicaragua ha participado en algunos momentos del procedimiento de medidas cautelares, enviando respuestas a las solicitudes de información requeridas por la CIDH, incluso luego la crisis porque todavía había una apertura para el diálogo, entre el 2018 y 2019. En los últimos años, ya no hemos tenido respuesta del Estado en las medidas cautelares otorgadas en el país.
¿Cuál es la importancia de estas medidas en un Estado que no reacciona ni responde?
En las medidas cautelares, la Comisión valora diversos elementos fácticos que dan cuenta de situaciones de gravedad, urgencia y daño irreparable a los derechos más esenciales como la vida y la integridad personal de una persona. Se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.
Las medidas cautelares cumplen dos funciones relacionadas con la protección de los derechos fundamentales consagrados en las normas del sistema interamericano. Por un lado, tienen una función «cautelar» de preservar una situación jurídica bajo el conocimiento de la CIDH en peticiones o casos; por otro, una función «tutelar» de preservar el ejercicio de los derechos humanos, con independencia de si existe una petición o caso subyacente.
Hace más 40 años, las medidas cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos que se encuentran en riesgo… Adicionalmente, han protegido a testigos, operadores de justicia, personas en vías de ser deportadas a un país donde podrían enfrentar torturas o ser sujeto a tratos crueles e inhumanos, y personas condenadas a la pena de muerte, entre otros.
Asimismo, en situaciones de extrema gravedad, la CIDH activa el mecanismo de medidas provisionales ante la Corte de Derechos Humanos, elevando así el grado de protección internacional de las personas en situación de riesgo grave y urgencia de sufrir violaciones a sus derechos. En el caso de Nicaragua, desde el 2018 la CIDH viene activando de manera recurrente este mecanismo, y la Corte ha valorado, en el Asunto Juan Sebastián Chamorro y otros, que el Estado de Nicaragua se encuentra en abierto desacato de las decisiones ordenadas desde el 2021 a la fecha.
El secretario general electo de la OEA, Albert Ramdin, dijo a LA PRENSA que Nicaragua no es prioridad porque no forma parte del organismo. Aún así dijo que monitoreará la situación del país. ¿La CIDH continuará dándo seguimiento a Nicaragua?
La CIDH ha expresado su rechazo a la denuncia de la Carta de la OEA por parte de Nicaragua, la que entró en vigor el 21 de noviembre de 2023. La salida del país de la Organización no exime al Estado del cumplimiento de sus obligaciones internacionales en virtud de los tratados internacionales de los que aún forma parte, en especial aquellos que otorgan competencia a los órganos del Sistema Interamericano. Particularmente, Nicaragua ratificó la Convención Americana el 25 de septiembre de 1979 y aun forma parte otros tratados interamericanos de derechos humanos.
La CIDH ha reafirmado su competencia sobre el Estado de Nicaragua y el ejercicio pleno de su mandatos convencionales y reglamentarios, como el monitoreo a través del Meseni; el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones; el análisis y trámite de los casos y peticiones, la supervisión de sus recomendaciones y del cumplimiento de las medidas cautelares vigentes.
Independientemente del retiro del Estado de la OEA, el pueblo de Nicaragua sigue siendo una prioridad para la CIDH, al igual que todas las demás personas dentro del sistema cuyos derechos están amenazados y vulnerados.
¿Existe algún diálogo abierto entre países miembros de la OEA y la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua?
Nicaragua ha estado permanentemente en las conversaciones del Consejo Permanente y la Asamblea General de la OEA, desde el inicio de la crisis en 2018 y la CIDH ha denunciado ante estos órganos en diversas ocasiones lo que ocurre en el país. Aunado a ello, como he mencionado, Nicaragua integra el capítulo 4B del informe Anual de la CIDH. Este informe se presenta todos los años en la Asamblea General de la OEA y se pone a conocimiento de todos los Estados de la región.
En las intervenciones que la CIDH ha tenido y pudiera tener ante los órganos políticos e incluso ante el Consejo de las Naciones Unidas, se ha escuchado la voz del pueblo nicaragüense, que es la que recoge esta institución a través de sus mecanismos de peticiones y casos, de medidas cautelares y de monitoreo y observación de la situación de derechos humanos. De las personas defensoras, de las comunidades indígenas, de las personas presas políticas, de las madres de abril, de cada persona nicaragüense dentro y fuera de su territorio.
Argentina abrió un proceso contra Ortega, Murillo y 13 de sus cómplices en las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. ¿Ve la CIDH posibilidad de procesarlos?
La CIDH considera que la lucha contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos es fundamental para garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas. El principio de justicia universal representa una herramienta valiosa en contextos donde las propias instituciones nacionales están cooptadas o no brindan garantías para la rendición de cuentas.
Los procesos judiciales en otros países reflejan el compromiso de la comunidad internacional en la lucha contra la impunidad. Estos esfuerzos envían un mensaje importante sobre la necesidad de garantizar justicia para las víctimas y sus familiares.
¿En el contexto actual cómo valora la situación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Cuáles son los principales desafíos?
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) representa el compromiso de los Estados con la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas en la región. Su fortaleza radica en los instrumentos que establecen obligaciones y estándares claros para que los gobiernos formulen estrategias, políticas, leyes y decisiones centradas en la protección de los derechos humanos.
Este sistema ha sido diseñado para colocar siempre en el centro a las personas y sus derechos, tanto a nivel individual como colectivo, incluyendo a grupos históricamente marginados. Su consolidación está vinculada al fortalecimiento de democracias con instituciones estatales sólidas, poderes independientes y una participación activa de los distintos sectores de la sociedad.
Sin embargo, el contexto actual enfrenta serios desafíos. Hoy en día enfrentamos discursos que niegan derechos y cuestionan la propia existencia de personas y colectivos que, tras largas luchas, han logrado reconocimiento en leyes y políticas públicas. Estos ataques se dirigen especialmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas LGBTIQ+, migrantes y víctimas de desplazamiento forzado.
Además, observamos amenazas directas a las democracias y al Estado de derecho en distintos países, que incluyen estrategias de cooptación del poder, represión, así como la adopción de leyes contrarias a los derechos humanos. Todo ello se agrava en contextos donde la corrupción y el crimen organizado se fortalecen, debilitando las democracias y afectando directamente los proyectos de vida y la dignidad de las personas.
¿Qué representa para el Sistema la situación de derechos humanos en el contexto de la administración del presidente Donald Trump?
Instrumentos del Sistema Interamericano como la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana, que los propios Estados han construido, son resultado del compromiso para fortalecer una región con democracias sólidas, paz y pleno respeto a los derechos humanos para que el pasado de dictaduras y crímenes de lesa humanidad no vuelvan a ocurrir.
La CIDH ha expresado su preocupación por las recientes medidas adoptadas por los Estados Unidos que pueden afectar al ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales de muchos países.
En su último comunicado de prensa al respecto, llamó a los Estados Unidos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, en estricto cumplimiento de los compromisos internacionales y en consonancia con las normas interamericanas de derechos humanos aplicables, en particular las consagradas en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Estados Unidos ha sido reconocido durante mucho tiempo como un firme defensor de la promoción y protección de los derechos humanos, basado en su compromiso histórico con los principios democráticos, el estado de derecho y las libertades fundamentales. Su marco constitucional, su poder judicial independiente, su prensa libre y su activa sociedad civil han servido como pilares de la rendición de cuentas y el progreso, reforzando la dedicación de la nación a la protección de las libertades individuales y los principios de igualdad y justicia.
¿Qué mensaje envía la CIDH a las víctimas y familiares de las víctimas que siguen exigiendo justicia?
El 18 de abril se cumplen siete años del inicio de la crisis en Nicaragua. En esta fecha, es fundamental rendir homenaje a quienes han perdido la vida luchando por la democracia, a las Madres de Abril, a las familias que siguen exigiendo justicia, a las personas presas políticas, a quienes han sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad y a quienes mantienen viva la esperanza de que la democracia regrese al país.
También reconocemos el invaluable trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que, dentro y fuera de Nicaragua, continúan denunciando las violaciones y acompañando a las víctimas en su lucha por la verdad y la justicia.
