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El informe del Grupo de Expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), reveló nombres de 54 funcionarios —incluyendo a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo— que son responsables de cometer crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos a raíz de las protestas de abril de 2018.
El informe, publicado el 3 de abril, es una ampliación del presentado en febrero de este año que detalló la cadena de mando de la represión.
Una revisión realizada por LA PRENSA al informe del GHREN detalla que 11 son integrantes de la Policía, 11 del Ejército, 10 del poder judicial, tres del Ministerio Público, seis del Ministerio del Interior (Mint), dos de la Asamblea Nacional, dos integrantes de la Juventud Sandinista, seis secretarios políticos y tres de otras instituciones como el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, y del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
La pareja de dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo encabezan la cadena de mando identificada por los Expertos de la ONU. A Ortega lo describen como secretario general del Frente Sandinista y «presidente de la República», mientras que a Murillo como integrante de la Dirección Nacional del FSLN, coordinadora de comunicación y estructuras de poder «popular».
Estos son los rostros de los otros 52 funcionarios identificados por el GHREN en su informe.
Néstor Moncada Lau
Como asesor presidencial en seguridad e inteligencia, Néstor Moncada Lau desempeña un papel central dentro del engranaje represivo documentado por el Grupo de Expertos de la ONU. El informe señala que Moncada es el principal transmisor de órdenes de Ortega y Murillo a instituciones clave como el poder judicial, Ministerio Público, Policía y Ministerio del Interior.
Desde esta posición, Moncada articuló un sistema de control político que incluyó la fabricación de casos judiciales contra opositores, la obstaculización de recursos legales como el habeas corpus y la coordinación de una red de inteligencia dedicada a vigilar, acosar, detener y procesar a críticos del régimen. Se le atribuye, por ejemplo, la orden de admitir recursos de exhibición personal para luego obstruir su ejecución, así como la coordinación directa con jueces y magistrados para garantizar condenas predeterminadas
Además, fue uno de los impulsores de estructuras paralelas de inteligencia a partir del estallido social de 2018, integradas por funcionarios públicos, miembros del Frente Sandinista y exagentes de inteligencia, utilizadas para la identificación y persecución de opositores. Este esquema funcionaba bajo la consigna de vigilancia absoluta.
Ejército de Nicaragua
Aunque el Ejército de Nicaragua ha negado su participación en la represión a las protestas y los crímenes que se practicaron a raíz de las mismas, el informe del GHREN presentado el 26 de febrero y actualizado este 3 de abril es categórico al señalar —con nombres, apellidos y cargos— que el Ejército también es responsable. El Grupo identificó a al menos 11 altos mandos del Ejército en la comisión de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Julio César Avilés
A Avilés se le atribuye haber ordenado la participación del Ejército en la represión violenta de manifestaciones desde abril de 2018, pese a que esa institución no tiene competencias en materia de seguridad pública. El Grupo documentó que las órdenes venían directamente de Ortega y Murillo, y eran canalizadas a los comandantes militares a través de Avilés, quien las transmitía de forma verbal para evitar dejar constancia escrita.
Además, el informe indica que Avilés facilitó la expulsión colectiva de personas opositoras, incluyendo el uso del sector militar del aeropuerto internacional para deportar a los 222 presos políticos el 9 de febrero de 2023. Su presencia en estas operaciones y su papel de canal de mando consolidan su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y en la implementación de una estrategia represiva orientada a conservar el poder político del régimen Ortega Murillo.
Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz
El GHREN identifica al mayor general Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor del Ejército, como una figura clave en la cadena de mando de las fuerzas armadas implicadas en la represión estatal. Uno de los hechos más graves que sustenta su inclusión en la lista es su participación en una reunión celebrada el 20 de abril de 2018 en el auditorio del Estado Mayor en Managua. Allí, junto al asesor presidencial Néstor Moncada Lau, encabezó una sesión con altos mandos militares en la que se leyó una orden atribuida a Ortega que fue calificada como una “disposición de combate”.
En dicha reunión, se transmitió a los oficiales que el país enfrentaba un supuesto intento de golpe de Estado impulsado por organizaciones sociales, y se les instruyó a desplegarse para “neutralizar” a los líderes de las manifestaciones. A partir de esa directriz, miembros del Ejército fueron enviados —vestidos de civil o con uniformes policiales— a colaborar con la Policía y grupos progubernamentales armados. El Grupo de Expertos considera que este hecho demuestra el uso del Ejército como instrumento de represión interna, bajo una cadena de mando en la que Bayardo Rodríguez ocupaba un lugar central.
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Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval
El general de brigada Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, fue jefe de la Dirección de Información para la Defensa (DID) del Ejército Nacional hasta julio de 2024. Se identifica que bajo su liderazgo, asumió un rol operativo en la represión de manifestaciones, en coordinación con otras estructuras militares y policiales, incluyendo el Comando de Operaciones Especiales del Ejército y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP).
La Dirección de Información para la Defensa del Ejército, dirigida por el general de Brigada, Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval, asumió el control operativo de la represión de las manifestaciones, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar dirigida por el general de Brigada Leonel José Gutiérrez López; la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, liderada por Adolfo Joel Marenco Corea; el Comando de Operaciones Especiales del Ejército, encabezada por del coronel de Infantería, Manuel Salvador Gaitán, y la Dirección de Operaciones Especiales Policiales
(DOEP), dirigida por Justo Pastor Urbina.
Manuel Salvador Gaitán
Manuel Salvador Gaitán es general de brigada, jefe de la Dirección General de Doctrina y Enseñanza. Es coronel de Infantería, jefe del Comando de Operaciones Especiales del Ejército durante 2018. Gaitán ordenó el despliegue de francotiradores equipados con rifles de precisión para disparos de largo alcance, lo cual refuerza la hipótesis de que el uso de la fuerza no fue para contener disturbios, sino para causar muertes deliberadas.
Leonel José Gutiérrez López
Gutiérrez López es general de Brigada, jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia. El documento señala que Gutiérrez López actuó en estrecha colaboración con otras direcciones clave, como la Dirección de Información para la Defensa (bajo Rigoberto Balladares Sandoval), la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial (dirigida por Adolfo Joel Marenco Corea), y el Comando de Operaciones Especiales del Ejército (a cargo de Manuel Salvador Gaitán). Este grupo, bajo órdenes del subdirector de la Policía Francisco Díaz y de Rosario Murillo, coordinó operativos de inteligencia y represión, incluyendo el despliegue de francotiradores y el uso de tácticas de combate.
Marvin Antonio Paniagua Pineda
Marvin Antonio Paniagua Pineda, jefe del Sexto Comando Militar con jurisdicción en Matagalpa y Jinotega, ordenó la participación de personal de sus unidades militares en la represión de 2018,
vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la Policía y a paramilitares.
Denis Manuel Hernández Martínez
Coronel de Infantería. Hernández Martínez es jefe del Quinto Comando Militar Regional con jurisdicción en los departamentos de Boaco y Chontales y se le señala de ordenar la participación de militares en la represión para apoyar a la Policía y paramilitares.
Vladimir Ilich Martínez Jarquín
Jefe del Segundo Comando Militar regional con jurisdicción en los departamentos de León y Chinandega. Martínez Jarquín ordenó el apoyo de militares a la Policía y paramilitares para reprimir protestas.
Álvaro Francisco Rivas Castillo
Jefe del Destacamento Militar Sur, con jurisdicción en el departamento de Río San Juan y este último en operaciones conjuntas con el Batallón Ecológico Bosawas.
Álvaro Martín Peña Núñez
Álvaro Martín Peña Núñez, coronel y jefe de la Dirección de Información para la Defensa del Ejército Nacional desde agosto de 2024. Esta Dirección —que antes estuvo a cargo del general Rigoberto Boanerge Balladares Sandoval— se ha dedicado, según el Grupo de Expertos, a realizar vigilancia política contra personas críticas del Gobierno.
Además, el informe documenta que bajo el mando de Peña Núñez, esta unidad intercambiaba información de inteligencia con Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de organización nacional del FSLN, y la Subdirección General de Investigación e Inteligencia Policial, entonces bajo Adolfo Joel Marenco Corea, y posteriormente bajo Zhukov Serrano Pérez.
José Hilcias Rizo Rizo
Coronel de Infantería, jefe del Primer Comando Militar Regional. Ordenó la participación de personal de sus unidades militares en la represión del 2018, vistiendo uniformes policiales o ropas civiles, para apoyar a la Policía y a los grupos armados progubernamentales sobre el terreno.
Ministerio Público
Ana Julia Guido Ochoa
Guido Ochoa es la fiscal general de Nicaragua y se le señala de recibir órdenes de Ortega y Murillo a través de Néstor Moncada Lau para fabricar casos y enjuiciar a reos políticos.
Douglas Roberto Vargas Flores
Inspector general y secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el Ministerio Público. A Vargas se le señala de ser cómplice en la fabricación de casos y de la confiscación de bienes a presos políticos y opositores. Vargas, junto con Guido Ochoa, supervisaron estos casos.
Javier Antonio Morazán Chavarría
Jefe de la Unidad de Crimen Organizado. Morazán es cómplice de la fabricación de casos a presos políticos y de la confiscación de sus bienes.
Poder Judicial
Marvin Aguilar
Marvin Ramiro Aguilar García es vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente en funciones de esta instancia. Desempeñó un papel central en la emisión de las resoluciones que dieron lugar a la privación arbitraria de la nacionalidad de las 222 personas expulsadas a los Estados Unidos en febrero de 2023.
Aguilar, junto con los magistradas Alba Luz Ramos Vanegas y Juana Méndez Pérez, suspendieron de manera arbitraria y permanente del ejercicio de la profesión a 25 abogados, entre las 317 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad en 2023.
Alba Luz Ramos Vanegas
Alba Luz Ramos Vanegas, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, señalada como responsable de instrumentalizar el poder judicial en favor de los intereses del régimen de Daniel Ortega. En octubre de 2023, Ramos fue destituida de su cargo en la Corte Suprema de Justicia. Este movimiento fue parte de una serie de cambios en el poder judicial nicaragüense, que incluyeron destituciones y restructuraciones significativas.
Juana Méndez Pérez
LA PRENSA/Archivo
Es magistrada de la CSJ. A Méndez se le señala de ser responsable de suspender a 25 abogados, entre los 317 desnacionalizados en 2023.
Octavio Ernesto Rothschuh Andino
Magistrado presidente de la Sala Uno de lo Penal del Tribunal de Apelaciones de Managua. El 9 de febrero de 2023, con base en acusaciones presentadas por el Ministerio Público, Rothschuh emitió una resolución declarando “traidores a la patria” a 222 nicaragüenses privados arbitrariamente de su libertad y ordenando su “deportación inmediata”.
El 9 de septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia anunció que la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, presidida por el magistrado Rothschuh Andino, había ordenado la privación de la nacionalidad de 135 nicaragüenses detenidos arbitrariamente y condenados, en su mayoría, por haber presuntamente atentado contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitado y promovido la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, y alterado la paz.
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía
En 2021 Rodríguez asumió la presidencia del Tribunal de Apelaciones de Managua y fue además designado secretario político del Frente Sandinista de Liberación Nacional para ese Tribunal y todos los juzgados de Managua.
Rodríguez convocó reuniones previas a las audiencias de casos políticos en su despacho ubicado en el tercer piso del complejo judicial en Managua, a las que asistían jueces de distrito penal, fiscales, defensores públicos y policías. En estas reuniones, se aseguraban de que todos los involucrados conocieran y siguieran el guion predeterminado del proceso. Las instrucciones impartidas incluían desestimar las objeciones de la defensa, incluso aquellas que señalaban irregularidades procesales, aceptar sin cuestionamiento las pruebas presentadas por la Fiscalía e ignorar las pruebas de descargo. A los defensores públicos se les ordenaba descuidar deliberadamente sus funciones. Esto implicaba no preparar adecuadamente los casos asignados y no brindar una defensa efectiva a los acusados.
Luis Gerardo Rodríguez Olivas
Exmagistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, donde se entorpeció o impidió deliberadamente la ejecución de los recursos de exhibición personal (habeas corpus) interpuestos a favor de personas opositoras o percibidas como tales, negando a las víctimas su derecho a comparecer y a impugnar la legalidad de su detención ante un tribunal.
Karen Vanessa Chavarría Morales
Jueza del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencias de Managua, cosecretaria política del Frente a nivel del Tribunal de Apelaciones de Managua, Chavarría transmitía las orientaciones del magistrado Aguilar García y supervisaba a los jueces de Managua.
Gloria María Saavedra Corrales
En agosto de 2023, por orden de incautación de Gloria María Saavedra Corrales, jueza del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, se tomaron y confiscaron las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA). También se confiscaron terrenos de la Facultad de Ingeniería Agrónoma y Villa Carmen, la vivienda donde residían los padres jesuitas que trabajaban en la Universidad Centroamericana.
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Nadia Tardencilla
Jueza del Juzgado Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua. El 10 de febrero de 2023, Nadia Camila Tardencilla Rodríguez privó arbitrariamente de su nacionalidad a monseñor Rolando José Álvarez Lagos. La parte resolutiva de la sentencia fue leída por el magistrado Rothschuh Andino, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Henry Antonio Morales Olivares
LA PRENSA
Morales Olivares es exmagistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua. Colaboró estrechamente con su sucesor, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía y con Karen Vanessa Chavarría Morales para transmitir y supervisar el cumplimiento de instrucciones políticas provenientes del magistrado Marvin Aguilar García, quien actuaba como enlace directo con la Presidencia. También se afirma que Morales apoyaba estas labores junto a Rothschuh Andino.
Morales fue destituido en noviembre de 2023 y previamente había estado involucrado en acciones judiciales represivas, incluyendo la orden de allanamiento contra el medio de comunicación 100% Noticias y la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, hechos ampliamente documentados y mencionados en entrevistas recopiladas por el Grupo de Expertos.
Secretarías políticas y Juventud Sandinista
Según el GHREN, los secretarios políticos departamentales tuvieron un rol fundamental en la movilización de los grupos armados, actuando como enlaces entre las estructuras del partido, la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Desde estos niveles y por orden de Fidel Antonio Moreno Briones se gestionaban directrices operativas, se facilitaba la identificación de opositores y se aseguraba el abastecimiento de recursos para las acciones represivas.
Fidel Antonio Moreno Briones
Secretario de Organización Nacional del FSLN. Ejerce el control operativo de todas las estructuras políticas territoriales y partidarias. Moreno Briones desempeñó un papel clave en la coordinación de las estructuras políticas territoriales y partidarias, facilitando la implementación de políticas represivas dirigidas contra opositores al régimen. Su posición le permitió influir directamente en las acciones de las autoridades locales y en la movilización de recursos para reprimir actividades de la sociedad civil y manifestaciones pacíficas.
Leónidas Nicolás Centeno Rivera
Secretario político del FSLN en Jinotega y alcalde de Jinotega, Centeno lideró la represión en Jinotega.
Sadrach Zeledón Rocha
Secretario político del FSLN en Matagalpa. Alcalde de Matagalpa.
Evertz Moreno Delgadillo
Secretario político del FSLN en León (hasta 2022).
Milton Ruiz García
Excoordinador Nacional de la Juventud Sandinista 19 de Julio.
Milton Ruiz García
Pedro Amilkar Orozco
Excoordinador de la Juventud Sandinista en Managua.
Policía
Francisco Javier Díaz Madriz
Primer comisionado, director general de la Policía Nacional. Díaz fue un actor central en la represión estatal. Asumió el cargo de forma interina tras la renuncia de Aminta Granera en abril de 2018 y lo hizo oficial el 5 de septiembre de ese año.
Según testimonios, durante una reunión en mayo de 2018, comunicó que actuaba por orden directa de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien ordenó responder sin restricciones y utilizar toda la fuerza disponible para reprimir las protestas. En cumplimiento de estas órdenes, Díaz Madriz desplegó fuerzas policiales, incluyendo la Dirección de Operaciones Especiales Policiales, para reprimir manifestaciones en todo el país, lo que resultó en numerosas detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Además, el informe documenta que Díaz Madriz facilitó la participación de grupos de choque conformados por civiles, empleados públicos, exmilitares y militantes de la Juventud Sandinista. También reconoció que policías voluntarios y profesionales vestidos de civil participaron en estas operaciones, actuando de manera encubierta junto a los grupos armados progubernamentales. Un exmiembro de la Policía relató que recibió una orden escrita para dirigir a un grupo de choque compuesto por trabajadores del Estado, cuyo objetivo era agredir y detener a quienes participaban en protestas, incluso por actos tan simples como portar pintura en una mochila.
Ramón Antonio Avellán Medal
Según múltiples testimonios recopilados por el Grupo de Expertos de la ONU, Avellán no sólo impartía instrucciones para el uso de distintas formas de violencia, sino que también presenció actos de tortura y, en ocasiones, participó directamente en la comisión de estos actos contra personas opositoras o percibidas como tales. Estas prácticas ocurrieron en delegaciones policiales e instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote.
Luis Alberto Pérez Olivas
Luis Alberto Pérez Olivas, como jerarca de la Dirección de Auxilio Judicial, en complicidad con Avellán, dio instrucciones para el uso de violencia y participaron personalmente en actos de tortura y malos tratos contra las personas detenidas en las delegaciones policiales y las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial.
En junio de 2023, el régimen de Daniel Ortega removió a Pérez Olivas de su cargo como director del Chipote, trasladándolo como jefe del Distrito III de Managua.
Justo Pastor Urbina
El informe identifica a Justo Pastor Urbina como jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) desde 2009 y uno de los actores principales en la represión de las protestas de 2018. El documento establece que las órdenes se transmitían directamente del dictador Daniel Ortega a Urbina, quien las hacía llegar a las unidades operativas, incluyendo los grupos Tapir y GIR, encargados de intervenciones rápidas a nivel departamental.
Además, se le atribuye un rol de liderazgo operativo directo en el desmantelamiento de barricadas y en la represión en Carazo, en coordinación con los jefes de estaciones policiales departamentales. También se documenta que participó en adoctrinamiento del personal policial, ordenando obediencia a través de mensajes como “la Policía es sandinista” y el uso de consignas como “Patria libre o morir”.
Juan Antonio Valle Valle
Comisionado general y jefe del Departamento de Vigilancia y Patrullaje, Valle Valle fue parte del círculo operativo que, junto con Francisco Díaz y Justo Pastor Urbina, implementó las órdenes de represión impartidas desde la Presidencia. Su nombre figura entre los mandos que organizaron y ejecutaron operativos coordinados contra manifestantes en el contexto de las protestas de 2018.
Farle Roa Traña
Se desempeñó como comisionado mayor y segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial entre 2018 y octubre de 2019. El informe no desarrolla con detalle su rol, pero su inclusión en el anexo de responsables sugiere que participó en la cadena de mando que coordinó detenciones arbitrarias y procesos judiciales ilegítimos contra opositores.
Juan Victoriano Ruiz Urbina
Actual jefe de la Dirección de Auxilio Judicial desde septiembre de 2023, tras remplazar a Luis Alberto Pérez Olivas. Ambos, según el informe, sabían que los centros de detención bajo su mando albergaban a personas desaparecidas, y negaban información sobre su paradero a familiares y abogados, lo que constituye desaparición forzada. Este hallazgo vincula a Ruiz directamente con violaciones graves a derechos humanos.
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Zhukov Serrano Pérez
Desde noviembre de 2022 es subdirector general de Investigación e Inteligencia Policial. Previamente fue jefe de la Dirección de Inteligencia Policial. El informe señala que esta unidad participaba en el perfilamiento de opositores y colaboraba en la elaboración de listas para detenciones y represión. Aunque no se detallan hechos específicos bajo su mando, su posición en la estructura represiva vincula a Serrano con las prácticas documentadas.
Adolfo Joel Marenco Corea
Ocupó el cargo de subdirector de Investigación e Inteligencia Policial hasta 2022. Bajo la gestión de Marenco, su dirección trabajaba coordinadamente con el Ejército y el Ministerio del Interior para la vigilancia y represión de opositores. Su unidad participaba en la elaboración de perfiles y operativos dirigidos a identificar, detener y expulsar a personas críticas del régimen.
Horacio Sebastián Rocha López
Fue comisionado general de la Policía y exministro asesor para asuntos de seguridad. Aunque ya retirado, su nombre aparece en el anexo del informe, lo que indica su vinculación previa en el diseño y sostenimiento del aparato represivo. El informe no amplía sobre hechos recientes, pero su inclusión responde al rol estructural que Rocha tuvo durante años al más alto nivel del sistema de seguridad del Estado.
Ministerio del Interior
Luis Cañas
Es viceministro del Ministerio del Interior. Se le señala de instruir a los directores de los centros de detención obstaculizar el acceso de los abogados defensores a sus clientes (presos políticos) y desobedecer sistemáticamente las órdenes judiciales de liberación y exhibición personal. El informe señala que Murillo y Cañas fueron responsables directos de ordenar estas expulsiones de opositores. Cañas instruyó a la Dirección General de Migración y Extranjería para que emitiera de inmediato los pasaportes que facilitaran dichas expulsiones.
Venancio Miguel Alaniz Ulloa
Subdirector general administrativo del Sistema Penitenciario, Alaniz fue director de La Modelo en 2018. Supervisaba personalmente las celdas y la aplicación de medidas como aislamiento prolongado, negación de atención médica y uso desproporcionado de la fuerza.
Roberto Clemente Guevara Gómez
Es director de la penitenciaría de máxima seguridad “la 300”. Guevara Gómez es señalado de fomentar y participar directa o indirectamente en actos de tortura, malos tratos y golpizas contra presos políticos. Varios testimonios relatan abusos cometidos en su presencia, incluso en estados de ebriedad de su parte. Estos actos se enmarcan en una política de represión interna del centro penitenciario.
William Trujillo Vega
Subcomisionado general, subalcaide de la cárcel de máxima seguridad “la 300”. Igual que Roberto Clemente Gómez Guevara, Trujillo Vega es señalado de fomentar y participar directa o indirectamente en actos de tortura, malos tratos y golpizas contra presos políticos.
Julio Guillermo Orozco
Es director general del Sistema Penitenciario Nacional, mencionado como parte de la cadena de mando que permitió estas prácticas sistemáticas. Aunque no se profundiza en su participación directa, su rol jerárquico lo posiciona como responsable por omisión o por aval institucional de estos abusos.
Franya Urey Blandón
Directora de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, es incluida en el informe por su papel en la cancelación masiva de personalidades jurídicas de ONG.
Asamblea Nacional
Gustavo Eduardo Porras Cortés
Es presidente de la Asamblea Nacional. El Grupo de Expertos sostiene que Porras tuvo un papel decisivo en la tramitación y aprobación de la Ley 1145, que permite la pérdida de la nacionalidad nicaragüense por “traición a la patria”. Esta ley fue aprobada en febrero de 2023, y el propio Porras, junto con otros diputados del FSLN, fue uno de sus promotores.
Filiberto Rodríguez
Es diputado y presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, también figura en el informe como parte del aparato legislativo que facilitó leyes y resoluciones violatorias de derechos fundamentales.
Aunque el informe no profundiza en declaraciones públicas específicas del diputado, lo vincula con el proceso de dictamen y consulta de la ley mencionada, por lo que se presume su rol como correa de transmisión de las decisiones políticas del Ejecutivo al ámbito Legislativo.
Otras jerarcas de instituciones públicas
Nahima Janett Díaz Flores
Como directora general del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Nahima Janett Díaz Flores desempeñó labores de vigilancia, monitoreo de redes sociales y control de las comunicaciones. Es hija del primer comisionado de la Policía, Francisco Díaz.
Roberto José López Gómez
En su calidad de presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto José López Gómez es señalado por el Grupo de Expertos por haber ejecutado órdenes de Rosario Murillo para confiscar de manera arbitraria las pensiones y cotizaciones de seguridad social de opositores políticos, personas desnacionalizadas y exfuncionarios del sistema judicial. Estas confiscaciones, realizadas sin proceso legal, se enmarcan dentro de una estrategia sistemática de represalias contra quienes el régimen considera enemigos internos.
Wendy Carolina Morales Urbina
Morales, procuradora general de la República, coordinó visitas “casa por casa” bajo el pretexto de campañas educativas, pero que en realidad servían para recolectar información sobre personas opositoras, utilizando listas elaboradas por el operador político Fidel Moreno. Además, jugó un rol activo en procesos de confiscación arbitraria de propiedades de organizaciones canceladas, facilitando el traspaso de estos bienes al Estado.
