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La sancionada exfiscal general de la República, Ana Julia Guido, ahora presidenta “por la Ley” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respaldó el martes 25 de agosto las reformas constitucionales promovidas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que eliminarán las elecciones y perpetuarán a los dictadores en el poder.
“La reforma constituye un acto de defensa democrática”, declaró Guido con cinismo durante su intervención en el proceso de “consulta” que la Asamblea Nacional realiza con las mismas instituciones estatales subordinadas al Ejecutivo.
Según Guido, la “democracia trasciende el ejercicio periódico del voto”, con lo que se alineó al discurso estatal que intenta justificar la decisión antidemocrática de Ortega como un acto de «soberanía». La exfiscal, denunciada por la fabricación de expedientes contra presos políticos, ocupa el cargo de Alba Luz Ramos, desaparecida desde el 24 de octubre de 2023 cuando fue desalojada de su oficina. Según fuentes políticas, Murillo sometió al poder judicial a una purga que conllevó la renuncia de varios magistrados.
Guido asumió el puesto en diciembre de 2025 en la CSJ.
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Con un régimen totalitario, que ha perseguido a la sociedad civil y sectores de oposición desde 2018, provocando el exilio de miles de ciudadanos, el presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, compareció con Guido, la procuradora Wendy Morales y la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha. La reforma de Ortega busca impedir la participación de quienes el régimen considera «traidores de la patria», pero además fijará en siete años el período presidencial, prorrogable otros siete. El dictador tiene 80 años y Murillo 75.
La nueva adición a la propuesta de reforma
Guido, sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido por estar involucrada en los actos de represión desde 2018, sostuvo este martes que “el sistema judicial expresa su pleno y firme respaldo a las Reformas Constitucionales”. Defendió que son “promovidas en ejercicio del derecho soberano e irrenunciable del Pueblo nicaragüense a decidir libremente su destino” y que “los procesos electorales corresponden al pueblo y deben desarrollarse conforme a la Constitución Política, libres de toda injerencia o subordinación a intereses extranjeros”.
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La presidenta “por la Ley” de la CSJ hace referencia a una reciente adición a las reformas constitucionales anunciada por el Legislativo nicaragüense. La dictadura pretende desconocer resoluciones internacionales y dejar sin efectos jurídicos leyes extranjeras que “pretendan imponerse sobre la voluntad”.
“Aprobamos unánimemente agregar a la Propuesta de Reforma Constitucional la modificación al artículo 12 para reafirmar que en nuestra Nicaragua bendita, soberana y siempre libre, no tiene efecto jurídico ninguna legislación extranjera que pretenda imponerse sobre la voluntad de nuestro pueblo”, señala un comunicado de la Asamblea Nacional publicado en redes sociales el 22 de agosto.
Intentan evadir la presión internacional
La medida del orteguismo la tomaron mientras la Organización de los Estados Americanos (OEA) se encuentra en fase preparatoria de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores para abordar la crisis de Nicaragua “tan pronto como sea posible”. La decisión en el órgano hemisférico recibió el respaldo de 29 países. La lideró Estados Unidos.
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“Respaldamos esta reforma parcial de la Constitución Política, en todos y cada uno de sus puntos, ya que representan la continuidad histórica de las luchas, sacrificios y conquistas del pueblo nicaragüense”, continuó Guido en su comparecencia ante los nuevos magistrados y funcionarios de la CSJ, Procuraduría General de Justicia (PGJ), Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Contraloría General de la República (CGR).
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Por su parte, Wendy Morales expresó que «desde el ámbito de nuestras competencias constitucionales y legales, valoramos de manera contundente cómo esta reforma viene a fortalecer y consolidar la transparencia en la administración de los recursos públicos».
La procuradora Morales ha asistido en varias ocasiones para ofrecer su respaldo a la misma reforma. También lo hizo en representación de la Procuraduría de Municipalidades, bajo control de Murillo. En general, la PGJ es un superministerio creado por la dictadora para controlar distintas instituciones como la Fiscalía y las mismas alcaldías.
En tanto, Brenda Rocha sostuvo que «los procesos electorales son del pueblo y le pertenecen al pueblo soberano; corresponde exclusivamente a las y los nicaragüenses, en pleno ejercicio de nuestra soberanía, independencia y autodeterminación».
Otro de los participantes fue Luis Alberto Rodríguez Jiménez, copresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR). Como si fuese un coro, los presentes apoyaron las reformas que también han respaldado Laureano, Daniel Edmundo, Camila y Maurice Ortega Murillo, hijos de los tiranos.
