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La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Costa Rica expulsó a 28 ciudadanos nicaragüenses, entre ellos cuatro que habían cumplido condenas por delitos como abuso sexual contra personas menores de edad y tráfico de drogas, informó la institución este viernes.
De acuerdo con la DGME, los cuatro extranjeros fueron trasladados fuera del país una vez concluidas sus sentencias judiciales. Como parte de la medida migratoria, las personas condenadas por abuso sexual no podrán ingresar nuevamente a Costa Rica durante un período de 25 años, mientras que quienes fueron sentenciados por tráfico de drogas enfrentarán una prohibición de reingreso de 10 años.
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Asimismo, la institución deportó a otros 24 ciudadanos nicaragüenses que permanecían en condición migratoria irregular y que registraban antecedentes por delitos como robo agravado, portación ilícita de arma permitida y transporte de droga.
Este segundo grupo tendrá impedido el ingreso al territorio costarricense durante cinco años, según lo establecido por las autoridades migratorias.
Las diligencias fueron ejecutadas por oficiales de la Policía Profesional de Migración (PPM) el jueves 2 de julio como parte de las acciones de control migratorio y seguridad pública.
La DGME informó además que, en lo que va de 2026, Costa Rica ha realizado un total de 861 deportaciones de personas extranjeras por distintas causas relacionadas con la legislación migratoria y antecedentes penales.
Operativo en Guanacaste
En paralelo, la Policía Profesional de Migración efectuó un operativo en una empresa fabricante de bloques ubicada en Nicoya, provincia de Guanacaste, tras recibir denuncias anónimas.
Según la información oficial, las denuncias señalaban que en el establecimiento laboraban ciudadanos nicaragüenses en condición migratoria irregular.
Durante la intervención, los oficiales solicitaron documentos de identificación a los trabajadores y requirieron a la empresa el listado del personal extranjero contratado para verificar su situación migratoria y determinar si cumplían con los requisitos establecidos por la legislación costarricense.
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Las autoridades no informaron, por el momento, si el operativo concluyó con detenciones o sanciones contra la empresa o los trabajadores inspeccionados.
Durante el año 2025 y principios de 2026, la política migratoria de Costa Rica ha experimentado un endurecimiento significativo, destacando dos tipos de procesos principales: las deportaciones de extranjeros en condición irregular y las expulsiones de individuos con perfiles criminales tras cumplir condenas.
