Nicaragua envió a Costa Rica una respuesta oficial sobre el tema del dragado del fronterizo río San Juan, que a diferencia de lo que se podría esperar es un mensaje muy alejado del reciente discurso del dictador Daniel Ortega, en el que atacó a ese vecino país.
Lea también: “Nos robaron el Guanacaste”: Ortega desempolva discurso contra Costa Rica para defender a Maduro
Ortega dijo el martes 30 de julio que Costa Rica se robó el territorio del Guanacaste y quiso robarse el río San Juan. Luego reveló que el gobierno de Rodrigo Chaves Robles le solicitó ser consultados sobre las nuevas operaciones de dragado en ese fronterizo río. Ortega dijo que no tienen que consultarles porque es su derecho.
La Cancillería de Costa Rica, encabezada por Arnoldo André, confirmó a LA PRENSA que su país envió un mensaje oficial sobre el anuncio de Nicaragua de realizar un nuevo dragado en el fronterizo río San Juan, que separa a estas dos naciones en la frontera sur nicaragüense.
«Mediante nota diplomática que la Cancillería de Costa Rica envió a la Cancillería de Nicaragua el pasado 26 de julio, el ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Arnoldo André reiteró la posición del Gobierno de Costa Rica, de que reconoce el derecho de Nicaragua de realizar mejoras en el cauce del río San Juan a fin de mantener la navegación sobre éste fluida, siempre y cuando ello no dañe el territorio de Costa Rica o se afecten los derechos de Costa Rica», manifestó la Cancillería costarricense.
Lea también: Dictadura autoriza nuevas operaciones de dragado en el río San Juan
La Cancillería costarricense explica que lo anterior es «de conformidad con lo establecido en el Laudo Cleveland de 1888, y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio de 2009, del 16 de diciembre de 2015 y del 2 de febrero de 2018».
Respuesta de Nicaragua
«La Cancillería de Nicaragua en nota fechada el 28 de julio, respondió que se trata de un asunto de exoneraciones que se aprueban de las tasas e impuestos que surjan de las actividades del Proyecto de Dragado del Río San Juan y no se trata de un proyecto nuevo, ni de ampliaciones».
Ante esto, Costa Rica manifestó, según la Cancillería, que «el Gobierno de Costa Rica, dentro del espíritu de buena vecindad al que aspiran nuestros pueblos, expresa su confianza en que eventuales obras que Nicaragua emprenda en el río San Juan se llevarán a cabo dentro del marco jurídico que regula la materia».
El mensaje termina afirmando que «las autoridades costarricenses ejercerán su derecho a mantenerse atentas al cumplimiento y respeto de dicho marco jurídico».
El pasado 25 de julio, la dictadura de Daniel Ortega autorizó nuevas operaciones de dragado en el río San Juan de Nicaragua, fronterizo con Costa Rica, a través de una resolución administrativa de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA) «Autoridad Marítima y Portuaria Nacional» del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI).
Litigio por el dragado del río San Juan
En el pasado, el dragado en el río San Juan quedó como un mal antecedente para los dos países, tras un litigio internacional por daños ocasionados en el territorio costarricense.
En 2010, el dragado ordenado por Ortega en el río San Juan ocasionó un conflicto legal con Costa Rica debido a los daños ambientales que produjeron las operaciones nicaragüenses en humedales costarricenses. Costa Rica acusó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), lo que derivó en una sentencia que ordenó a Nicaragua pagar una indemnización.
Lea también: Esto fue lo que decidió la Corte Internacional de Justicia sobre los litigios entre Nicaragua y Costa Rica
La CIJ decidió que Nicaragua debía pagar 120,000 dólares por degradación o pérdida de bienes y servicios ambientales; 236,032.16 dólares por daños de las consecuencias directas de las actividades ilícitas que realizó Edén Pastora, encargado oficial del dragado, en territorio costarricense; 2,708.39 dólares por los gastos de restauración en los humedales bajo protección internacional y 20,150 dólares por intereses acumulados entre el 16 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2018. Finalmente el Estado de Nicaragua pagó un total de 378,890 dólares a Costa Rica.
