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Dragado en el Rio San Juan. Rio San Juan de Nicaragua 17 de noviembre de 2015. FOTO LA PRENSA/Archivo

Régimen orteguista creará empresa estatal para el dragado del río San Juan de Nicaragua

Hasta ahora, las gestiones para las obras de dragado han estado a cargo de la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan

La dictadura de Daniel Ortega creará una empresa estatal que se encargue de las obras de dragado en el río San Juan de Nicaragua, según una reforma al Decreto creador de la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, publicada este viernes 23 de agosto en el diario oficial La Gaceta.

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El Decreto Presidencial 11-2024 establece en su primer artículo que “las funciones de estudio, turismo, muelles, ecología y promoción de la pesca artesanal; y en definitiva el mejoramiento total de la zona, con el fin de coordinar la aplicación de políticas, planes y acciones ambientales y de desarrollo para su protección y conservación seguirán siendo ejercidas por la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan (…)”.

El segundo artículo de la reforma establece que “las funciones de dragado que ejercía la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan serán trasladadas a una empresa propiedad del Estado que será creada para tal fin”.

Desde julio pasado, el régimen orteguista anunció oficialmente que se harán nuevas obras de dragado en el río San Juan, lo que revivió una pasada polémica con Costa Rica por daños ambientales en su territorio causados por las obras de dragado por parte de Nicaragua, en algunas partes del recorrido del río, la margen sur de este es territorio costarricense.

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Ante este nuevo anuncio de nuevas obras de dragado en el río San Juan, el canciller de Costa Rica, Arnoldo André, envió un mensaje oficial al régimen de Ortega, en el que le expresa que “las autoridades costarricenses ejercerán su derecho a mantenerse atentas al cumplimiento y respeto” a los acuerdos establecidos “en el Laudo Cleveland de 1888, y las sentencias de la Corte Internacional de Justicia del 13 de julio de 2009, del 16 de diciembre de 2015 y del 2 de febrero de 2018”, que marcan los límites entre ambos países.

Litigio pasado

En 2010, Costa Rica denunció a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por los daños ambientales que ocasionó el dragado nicaragüense en su territorio, lo que derivó en una sentencia a favor del Estado costarricense, que ordenó a Nicaragua pagar una indemnización.

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La CIJ decidió que Nicaragua debía pagar 120,000 dólares por degradación o pérdida de bienes y servicios ambientales; 236,032.16 dólares por daños de las consecuencias directas de las actividades ilícitas que realizó Edén Pastora, encargado oficial del dragado, en territorio costarricense; 2,708.39 dólares por los gastos de restauración en los humedales bajo protección internacional y 20,150 dólares por intereses acumulados entre el 16 de diciembre de 2015 y el 2 de febrero de 2018. Finalmente el Estado de Nicaragua pagó un total de 378,890 dólares a Costa Rica.

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