La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó de forma expedita la nueva Ley de Territorio Fronterizo, que deroga la normativa anterior, vigente desde 2010. Según el ambientalista Amaru Ruiz, esta ley busca establecer un control absoluto del Estado sobre los territorios ubicados en las zonas fronterizas, favoreciendo intereses de la dictadura, incluyendo un blindaje legal a las concesiones mineras que recientemente ha otorgado el régimen en áreas protegidas y fronterizas a un empresario chino.
La nueva legislación, aprobada este martes, con apenas cuatro artículos, en contraste con los 49 que tenía la anterior, declara que toda la franja de 15 kilómetros desde la línea fronteriza hacia el interior del país será de propiedad exclusiva del Estado nicaragüense. Además, elimina disposiciones que reconocían derechos de propiedad privada, regímenes especiales para pueblos indígenas y protección diferenciada para áreas ambientales.
La nueva ley tampoco contempla procesos de consulta, concesiones ni principios de desarrollo sostenible. Se limita a declarar la franja fronteriza como zona estratégica para la soberanía y seguridad nacional, otorgando al régimen el control total sobre el uso de ese territorio.
Además, al desaparecer la Comisión del Territorio Fronterizo y su estructura interinstitucional, se concentra todo el poder de decisión en la Presidencia, eliminando pesos y contrapesos.
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La vocera de la dictadura, Rosario Murillo, celebró la aprobación por unanimidad de la Ley de Territorio Fronterizo, afirmando que «es vital esta delimitación para prevenir amenazas externas y hacer frente a delitos como narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen organizado».
15 kilómetros completos
Si bien antes se contemplaban los 15 kilómetros como zona fronteriza, la ley anterior establecía que se dividía en tres subzonas, cada una con un régimen específico.
La Zona de Desarrollo e Integración Fronteriza abarcaba toda la franja y tenía como objetivo promover el desarrollo socioeconómico, cultural y turístico, incluyendo zonas de interés para la inversión aprobadas por el presidente en consulta con el sector privado. Por su parte, la Zona de Seguridad Fronteriza correspondía a los primeros 5 kilómetros desde la frontera, era inalienable y estaba sujeta a un régimen especial de control estatal y militar, con restricciones a la propiedad privada, sobre todo para extranjeros.
La tercera clasificación era la Zona Especial de Protección Fronteriza, que también podía encontrarse dentro de los 15 kilómetros, e incluía áreas protegidas, territorios indígenas, comunidades afrodescendientes e instalaciones estratégicas del Estado. Esta zona se regía por leyes especiales, como la Ley 445 para pueblos indígenas, y reconocía modelos propios de desarrollo sostenible y conservación.
Podría beneficiar a concesiones mineras
A juicio de Amaru Ruiz, la nueva ley busca “legalizar” las concesiones mineras que el régimen otorgó a la empresa Thomas Metal en el departamento de Río San Juan, en zonas protegidas como el Refugio de Vida Silvestre de Río San Juan y la Reserva de Biosfera Indio Maíz.
El lunes, el régimen entregó una nueva concesión minera a la empresa china Thomas Metal Sociedad Anónima, representada por el empresario Xiangming Gu, en la Reserva Biológica Indio Maíz. Esta es una zona habitada por comunidades indígenas Rama-Kriol. Con esta última adjudicación, la empresa suma cuatro concesiones en esa región, abarcando un total de 108,464.30 hectáreas, dentro y alrededor de la reserva, cuya extensión total es de 2,639 kilómetros cuadrados.
La nueva concesión corresponde al lote El Castillo, con una extensión de 39,172.00 hectáreas, ubicado en los municipios de El Castillo y San Juan de Nicaragua, ambos del departamento de Río San Juan.
«No sabemos qué incluirá el reglamento que aprobarán para adecuarse a esta nueva ley, pero es probable que retomen aspectos del anterior. Por ejemplo, en el reglamento anterior estaba prohibida la infraestructura, y eso fue precisamente lo que habíamos denunciado respecto al Refugio de Vida Silvestre. Esta concesión minera entra directamente en esa zona, casi colindante con el río, lo que claramente afecta el refugio. Lo único que dejan son los 30 metros que exige la Ley de Aguas, pero todo lo demás sí está dentro del área protegida», dijo Ruiz.
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Expulsión de habitantes
Según Ruiz, la nueva ley también podría abrir el camino para el desalojo de personas que poseían propiedades dentro de la franja fronteriza de 15 kilómetros, incluyendo colonos a quienes el propio régimen había permitido asentarse.
“La ley anterior exceptuaba a las ciudades ubicadas en la franja fronteriza. Imagino que ahora el régimen va a pasar el control de esas zonas al Ejército —eso seguramente lo mantendrán—, pero también intentarán justificar la expulsión de quienes habitan allí. Ahí es donde entra el problema: si declaran que todo es propiedad del Estado, ¿qué harán con quienes ya están establecidos?”, cuestionó el ambientalista.
La Ley N.º 749, aprobada en 2010, no prohibía la propiedad privada dentro de la franja fronteriza, pero sí establecía limitaciones para resguardar la soberanía nacional, el medioambiente y los derechos de los pueblos indígenas. La nueva Ley 2025 elimina ese equilibrio y concentra todo el dominio territorial en el Estado, sin reconocer derechos preexistentes.
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Desprotección de territorios indígenas
Aunque los diputados oficialistas argumentan que la nueva normativa fortalece la soberanía, en realidad elimina u omite toda referencia a la protección diferenciada de pueblos indígenas o áreas ambientales, y suprime los principios de “desarrollo sostenible” y “armonía con el medioambiente” que sí estaban presentes en la ley anterior.
La legislación anterior también prohibía que extranjeros compraran tierras en zonas fronterizas, titularan áreas protegidas o se instalaran dentro de ellas. Por ello, según Ruiz, la nueva ley podría representar un «blindaje» legal a favor de los colonos asentados ilegalmente en la ribera sur del río San Juan, dentro del Refugio de Vida Silvestre.
