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En 2019, poca gente había escuchado su nombre, pero en septiembre de ese año la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, nombró a Wendy Carolina Morales Urbina como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en sustitución de Hernán Estrada. El clímax de su meteórico ascenso se concretó el jueves 29 de agosto de 2025, cuando la dictadura la designó como jerarca de la recién creada Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Debido a su ascenso y las funciones que adquirió su cartera durante su gestión, actualmente es considerada como una «superministra» con amplísimas funciones en el marco de la PGJ.
El 21 de marzo del año pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Morales por apoyar la «despiadada» represión de la dictadura. La menciona como una de las responsables de despojar de propiedades a opositores desterrados.
A pesar de lo anterior, el régimen le concedió el máximo cargo en la nueva PGJ, con rango de ministra, que surgió a raíz de una reforma constitucional aprobada este mes en primera legislatura y que aún no tiene vigencia, puesto que debe ser ratificada en segunda legislatura el próximo año, tal como lo establece el artículo 179 de la Constitución sandinista.
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Hasta que Murillo lo permita
Ahora, Morales tiene bajo su control el Registro Público de la Propiedad, la Procuraduría de Derechos Humanos, las procuradurías municipales, el Ministerio Público, el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo, entre otras instancias que sustentan la aseveración de que la PGJ se convirtió en un «superministerio», que según analistas consultados, podría tener poder equivalente o superior al temido Ministerio del Interior (Mint), uno de los principales brazos de represión y espionaje de la dictadura.
Sin embargo, según uno de los analistas consultados por LA PRENSA, no todo es «color de rosa» y asegura que la negación por parte de Morales, quien ostenta el rango de ministra, de que la PGJ se convirtió en un superministerio, obedece al miedo a verse muy poderosa ante los ojos de la dictadora Rosario Murillo.
«Wendy Morales es una superministra. Ha acumulado tanto o más poder del que tiene el mismo Ministerio del Interior, porque tiene bajo su mando también al Ministerio Público en el marco de las investigaciones. La Policía trabaja con el Ministerio Público en las investigaciones. Entonces, eso quiere decir que le da poder también en la Policía», dijo el especialista consultado bajo anonimato.
Así llegó a la cúspide de la PGR
Wendy Morales nació el 28 de mayo de 1980 en Managua, Nicaragua. Apareció por primera vez en un cargo público el 4 de septiembre de 2014, cuando la Asamblea Nacional, en ese entonces presidida por René Núñez, ratificó el nombramiento hecho por Ortega para el cargo de subprocuradora general de la República, aunque existen registros de su colaboración, inicialmente como pasante, en esta cartera desde 2003, durante la gestión del procurador general Francisco Fiallos.
Se graduó como licenciada en Derecho en la Universidad Católica (Unica) y completó su formación con un posgrado en Derecho Procesal y Técnica Jurídica para la Defensa del Estado, auspiciado por el Ejército.
Morales asumió el cargo de titular de la PGR el 10 de mayo de 2019, tras la salida de Hernán Estrada por supuestos problemas de salud. Desde entonces, el régimen comenzó a premiarla poco a poco.
El cargo lo asumió sin cumplir los requisitos que establecía el artículo 8 de la Ley Orgánica de la PGR y el artículo 161 de la anterior Constitución Política, que indicaban que para ejercer el cargo era requisito ser abogado con una experiencia mínima de diez años.
Según documentos públicos del Poder Judicial, en 2013 Morales aún estaba pendiente de solicitar su incorporación como notario público.
Fuentes aseguraron a LA PRENSA en 2019 que Morales Urbina no estaba autorizada para cartular, ni presentó en esa época ningún quinquenio, ni carta de no cartulación ante control de notarios.
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Súper control
Luego de su nombramiento como procuradora en 2019, Morales asumió más poder y confianza por parte de la dictadura rápidamente. Su papel visible fue defender a la dictadura en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, aseverando que el país es víctima de la injerencia extranjera.
Desde la creación de la PGR en diciembre de 2001, ésta ha sufrido varias reformas para ampliar sus funciones, absorbiendo competencias de órganos autónomos. Pero fue desde que Morales asumió el liderazgo de ésta instancia cuando se incrementaron sus competencias.
En octubre de 2023, la Ley 1167 trasladó el Sistema Nacional de Registros (Sinare) del Poder Judicial a la PGR, otorgándole a Morales la dirección, control y supervisión de los registros, consolidando un papel de administradora directa de bienes y registros públicos, además del control de información patrimonial clave de ciudadanos y empresas.
También, la Ley No. 1174, aprobada en noviembre de 2023, modificó por completo el funcionamiento de la Procuraduría de Derechos Humanos, eliminando su independencia y subordinándola a la PGR y, por ende, subordinada al Poder Ejecutivo.
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Superministra de Justicia
En abril de 2024 la dictadura creó la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, sustituyendo al ente autónomo Procompetencia y a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac), antes dependiente del Poder Judicial. Ambos quedaron subordinados a Morales.
El 14 de enero de 2025, a través de una reforma a la Ley 290, el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (Infocoop), que estaba en manos del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca), pasó a la PGR.
También en 2024, mediante una reforma a la Ley Orgánica de la PGR, se crearon las «Procuradurías de las Municipalidades», para vigilar más de cerca a funcionarios de alcaldías, pese a que las municipalidades están bajo el absoluto control del Frente Sandinista, el partido de la dictadura. Todas estas acciones le otorgaron más poder a la PGR y por ende a Morales.
Cómplice en el robo de propiedades y vigilancia
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) identificó a Morales como una de las máximas responsables de la confiscación a opositores desterrados por el régimen, gracias al control que la dictadura le otorgó sobre el Registro de la Propiedad.
Morales remite al Catastro Físico los listados de propiedades cuya titularidad debe ser traspasada al régimen o instituciones específicas, bajo instrucciones directas de Rosario Murillo.
Morales también coordina visitas casa a casa bajo el argumento de presentar a la ciudadanía las «cartillas», pero en realidad se trata de una manera de obtener información para vigilar. El GHREN sustenta su señalamiento en correos a los que tuvo acceso, enviados por Murillo, en los que indica que Morales coordina las visitas.
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Representa los intereses en Rusia y China
Debido a su lealtad, Morales también ha representado los intereses del régimen ante Rusia y China. Por ejemplo, el 7 de junio del año pasado viajó a Moscú para trabajar en un acuerdo destinado a enfrentar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
En mayo de este año, representó al régimen en el lanzamiento de la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), un tribunal internacional paralelo al de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, impulsado por China, para blindar a sus aliados de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
A consideración del analista consultado, esto ubica a Morales como una de las nuevas figuras de relevancia pública del régimen de los Ortega Murillo en el marco de la transición dinástica del poder.
