La muerte en custodia del preso político venezolano Yosvet de Jesús Lozada Rojas, de 32 años, el 9 de junio, y la del líder indígena nicaragüense Brooklyn Rivera Bryan, de 73 años, el 30 de mayo, son vistas por defensores de derechos humanos como un “patrón similar” y “máximas expresiones de crueldad” de los regímenes de Venezuela y Nicaragua que no tienen “vocación” por las prerrogativas universales.
Lozada Rojas murió en el Internado Judicial Rodeo III, en el estado venezolano de Miranda, bajo custodia del gobierno interino de Delcy Rodríguez. El preso político presentaba “un cuadro crítico de desnutrición” y pérdida de memoria producto de los maltratos sufridos en prisión, denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La abogada venezolana Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, también denunció que previo a la muerte de Lozada Rojas, este habría recibido “una paliza por parte de los custodios” que le causó una contusión craneoencefálica.
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El venezolano estaba detenido desde el 22 de mayo de 2022, cuando la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y otras fuerzas estatales iniciaron la “Operación Trueno” en la zona de Yaracuy. Durante el operativo, 23 personas resultaron detenidas, incluido Yosvet Lozada, a quien más tarde acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y tráfico ilícito de armas.
La detención y muerte de Brooklyn Rivera
En tanto, el 30 de septiembre de 2023 fue detenido en su casa de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), el líder indígena nicaragüense y exdiputado de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan, por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La detención se llevó a cabo en horas de la mañana por agentes policiales camuflados como trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa).
Desde entonces, el líder indígena fue trasladado a Managua y permaneció 32 meses en prisión bajo condición de desaparición forzada hasta que el régimen lo presentó en fotografías el 27 de mayo de este 2026. A Rivera se le veía en grave estado de salud, postrado en una cama en una de las salas del Hospital Fernando Vélez Paiz.
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En un comunicado conjunto del Minsa y el Ministerio del Interior (MINT), la dictadura alegó que el líder indígena presentaba problemas pulmonares relacionados al COVID-19. Tres días después falleció. Familiares, defensores de derechos humanos y la comunidad internacional denunciaron su muerte y exigen rendición de cuentas. Incluso Estados Unidos restringió la visa a 100 funcionarios del régimen por la muerte de Rivera.
Muertes de Lozada y Rivera no fueron accidentales
Para el abogado Pablo Cuevas, de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), tanto el régimen de Venezuela —ahora bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras la detención de Nicolás Maduro en enero de 2026— y el de Nicaragua “utilizan un patrón similar” con los presos políticos. Estos son sometidos a desaparición forzada o aislamiento prolongado, se les niega la atención médica y el derecho a la defensa. Elementos que, según Cuevas, “coinciden con prácticas de tortura”.
“Los casos de Yosvet de Jesús Lozada Rojas, en Venezuela, y Brooklyn Rivera, en Nicaragua, son comparables. Lo que emerge no son coincidencias aisladas, sino un patrón transnacional de represión estatal, con características casi idénticas en su lógica, sus métodos y sus consecuencias”, expone el abogado.
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Cuevas agrega que ambas muertes “no son accidentes ni fallas administrativas” porque, en ambos casos, “el Estado sabía y decidió no actuar”.
Regímenes sin “vocación” por los DD. HH.
Por su parte, el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh) señala que las muertes de Lozada y Rivera son el reflejo de las “máximas expresiones de crueldad y castigo” de ambos regímenes en contra de opositores que están bajo su custodia.
“Lo que hace Venezuela con los presos políticos es lo mismo que hace el régimen nicaragüense porque ninguna dictadura se puede sostener de otra forma que mediante una represión… Estas dos dictaduras no tienen ninguna vocación, ni voluntad ni compromiso con el más esencial de los derechos humanos”, sostiene Ramírez-Ayérdiz.
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Hasta el 1 de junio de 2026, la organización defensora de derechos humanos Foro Penal contabiliza 404 presos políticos en Venezuela. Agrega que, desde 2014, al menos 20 personas fallecieron en custodia del Estado.
En el caso de Nicaragua, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabiliza 46 detenidos por razones políticas hasta el 31 de mayo de este 2026. De estos, 43 son hombres, tres mujeres, 13 adultos mayores y nueve están en condición de desaparecidos. Desde la muerte de Eddy Montes Praslin, en 2019, hasta la de Brooklyn Rivera, ocho personas han fallecido bajo custodia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
