Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
El Departamento de Estado restringió las visas este 8 de junio a más de 100 funcionarios y sus familiares, a quienes responsabiliza por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, informaron fuentes de la Administración Trump. El exdiputado de Yatama murió como prisionero de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 30 de mayo. Se encontraba detenido injustamente desde septiembre de 2023.
Según las fuentes consultadas, con esta decisión el gobierno estadounidense ha tomado medidas similares con 2,350 funcionarios y sus familiares por la complicidad con el régimen nicaragüense. La medida ya es oficial. Precisamente, el Departamento de Estado publicó una nota de prensa bajo el título «Continuar promoviendo la rendición de cuentas de la dictadura Murillo-Ortega».
«Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera. Lumberto Campbell Hooker, sancionado por Estados Unidos, estuvo directamente implicado en la negación de atención médica a Brooklyn Rivera e impidió que su familia le diera sepultura. Hoy, la administración Trump tomó medidas decisivas para imponer restricciones de visa adicionales a más de 100 funcionarios de la dictadura y sus familiares», dice el comunicado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, describió en su cuenta de X a la dictadura de Nicaragua como «un «enemigo de la humanidad» y reiteró que la Administración Trump no ignorará sus crímenes.
Puede leer: Brooklyn Rivera lo sepultan en Managua sin su familia
Según la ley federal, las autoridades estadounidenses no pueden divulgar la identidad de los sancionados. La medida ocurre una semana después de que el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, culpó en sus redes sociales a la dictadura por la muerte de Rivera, quien se encontraba encarcelado en condición de desaparición forzada.
Campbell participó en negación de atención médica a Rivera
Tal como habían adelantado fuentes de la Administración Trump, el Departamento de Estado señaló al magistrado electoral Lumberto Campbell, caudillo del FSLN en el Caribe.
El funcionario electoral tuvo un protagonismo vital en la negación de atención médica de Rivera e impidió que su familia le diera sepultura. Campbell se encontraba sancionado por Estados Unidos desde el 7 de noviembre de 2019 cuando fungía como presidente interino del Consejo Supremo Electoral.
Además, Campbell participó en los funerales que organizó la dictadura para enterrar en Managua a Rivera, pese a las peticiones de su familia para que le entregaran el cuerpo y así poderlo sepultar en la comunidad de donde era originario. El magistrado electoral ha sido la mano derecha de Ortega y Murillo en el Caribe.
De hecho, Murillo lo citó en una nota de prensa fechada el 31 de mayo, un día después que Rivera murió. Según la dictadora, el régimen estuvo pendiente del «hermano Brooklyn» y él estuvo acompañado hasta el final por Nancy Elizabeth Henríquez, su hijo Wailan Rivera, su hermana Alda López Bryan, por la reverenda Adela Martínez, de la Iglesia Morava, y Campbell.
Sin embargo, la supuesta cercanía de Murillo contrasta con la represión contra los familiares del fallecido. La hermana de Rivera se encuentra detenida, mientras Wailan escapó de ser capturado por la dictadura. Esta información la compartió días atrás Tininiska Rivera, hija del líder indígena. Tres sobrinos y dos allegados de Brooklyn Rivera se encuentran en la misma situación.
Lea también: El dolor interminable de la familia de Brooklyn Rivera. Régimen mantiene presos a seis parientes
Nancy Elizabeth Henríquez, exdiputada de Yatama y amiga personal de Rivera, fue encarcelada entre el 1 de octubre de 2023 y el 21 de marzo de 2026. Esto nuevamente contrasta con el mensaje de Murillo que dijo que Rivera «estuvo acompañado con cariño y fe».
La comunidad internacional ha condenado la muerte de Rivera. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han pedido una investigación imparcial, mientras 29 expresidentes latinoamericanos pidieron aplicar la «jurisdicción universal» contra la dictadura.
Lea también: la demanda de acusar a la dictadura de Nicaragua ante la justicia internacional
Congresista Salazar: «Es solo el comienzo»
La congresista republicana María Elvira Salazar agradeció a Rubio por la decisión y advirtió en sus redes sociales que esto es solo el comienzo.
«Más de 100 funcionarios y colaboradores del régimen Ortega-Murillo ahora enfrentan restricciones de visa, y esto es solo el comienzo. Cada juez, cada fiscal, cada operativo que sostenga esta dictadura debe entenderlo claramente: nadie que habilite la tiranía escapará a las consecuencias. Nicaragua será libre y no nos detendremos hasta que ese día llegue», afirmó Salazar.
Por su parte, el legislador republicano Carlos Giménez calificó en sus redes sociales a los dirigentes de la dictadura como «criminales» y «terroristas». «No tienen perdón de Dios», agregó en una primera publicación.
En una segunda opinión, Giménez agregó de manera contundente: «Maduro capturado, Raúl Castro procesado, y los matones de Ortega-Murillo son los siguientes. Nuestro hemisferio debe ser el hemisferio de la libertad y la democracia — ¡la tiranía no tiene cabida aquí!».
El congresista republicano Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, respaldó también la medida tomada por el Departamento de Estado.
«La dictadura Murillo-Ortega ha robado a los nicaragüenses su libertad durante demasiado tiempo, y su régimen corrupto y tiránico ha creado crisis en todo nuestro hemisferio», escribió Mast en la cuenta de X de la mayoría del Comité de Relaciones Exteriores.
Las sanciones llegan justo cuando las relaciones de China y Rusia con Ortega y Murillo han llamado la atención en Washington. El viernes pasado se pospuso por segunda vez una audiencia en el Congreso, bajo el título «Enfrentando al régimen totalitario de Ortega y Murillo«. En esa sesión, estaba previsto que testificara la subsecretaria adjunta para Centroamérica, Ana Quintana-Lovett.
La primera vez que esta sesión se canceló fue el 20 de mayo cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó criminalmente al expresidente cubano Raúl Castro.
De acuerdo con el Mecanismo de reconocimiento de presos políticos en Nicaragua, hasta mayo de 2026, había 46 reos de conciencia. Nueve de ellos se encuentran en situación de «desaparecidos», es decir sus familiares no tienen información verificable sobre su paradero ni sobre su estado físico. En esa situación se encontraba Rivera hasta su muerte.
¿Rosario Murillo responde sin referencias explícitas?
Durante su alocución del mediodía, la dictadora Rosario Murillo no hizo referencias directas este 8 de junio al pronunciamiento del Departamento de Estado. Pero insistió en su eje discursivo de la soberanía, con el que ha evitado rendir cuentas por los abusos de derechos humanos por las que ella y su marido han sido señalados.
Para ella, este es «otro mundo y unidos los pueblos del mundo vencemos y venceremos«, afirmó. Días atrás, el régimen ratificó su alianza con el autócrata ruso Vladimir Putin, mientras en Washington las relaciones de la tiranía de Nicaragua y el Kremlin están bajo escrutinio.
«Más allá de las bocas que se creen gigantes, de las bocazas que creen que pueden vituperar, insultar, regir desde el insulto, maldad e irrespeto, pero no es posible», aseguró en su nueva diatriba. No mencionó a alguien en específico.
