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El Departamento de Estado restringió las visas este ocho de junio a 100 funcionarios y sus familiares, a quienes responsabiliza por la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, informaron fuentes de la Administración Trump. El exdiputado de Yatama murió como prisionero de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 30 de mayo. Se encontraba detenido injustamente desde septiembre de 2023.
Según las fuentes consultadas, con esta decisión el gobierno estadounidense ha tomado medidas similares con 2, 350 funcionarios y sus familiares por la complicidad con el régimen nicaragüense. La medida ya es oficial. Precisamente, el Departamento de Estado publicó una nota de prensa bajo el título «continuar promoviendo la rendición de cuentas de la dictadura Murillo-Ortega».
«Estados Unidos no ignorará la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrible muerte del preso político Brooklyn Rivera. Lumberto Campbell Hooker, sancionado por Estados Unidos, estuvo directamente implicado en la negación de atención médica a Brooklyn Rivera e impidió que su familia le diera sepultura. Hoy, la administración Trump tomó medidas decisivas para imponer restricciones de visa adicionales a más de 100 funcionarios de la dictadura y sus familiares», dice el comunicado.
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Según la ley federal, las autoridades estadounidenses no pueden divulgar la identidad de los sancionados. La medida ocurre una semana después de que el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, culpó en sus redes sociales a la dictadura por la muerte de Rivera, quien se encontraba encarcelado en condición de desaparición forzada.
Campbell participó en negación de atención médica a Rivera
Tal como habían adelantado fuentes de la Administración Trump, el Departamento de Estado señaló al magistrado electoral Lumberto Campbell, el caudillo del FSLN en el caribe.
El funcionario electoral tuvo un protagonismo vital en la negación de atención médica de Rivera e impidió que su familia le diera sepultura. Campbell se encontraba sancionado por Estados Unidos desde el siete de noviembre de 2019 cuando fungía como presidente interino del Consejo Supremo Electoral.
Campbell participó en los funerales que organizó la dictadura para enterrar en Managua a Rivera, pese a las peticiones de su familia para que le entregaran el cuerpo y así poderlo sepultar en la comunidad de donde era originario. Este funcionario ha sido la mano derecha de Ortega y Murillo en el caribe.
De hecho, Murillo lo citó en una nota de prensa fechada el 31 de mayo, un día después que Rivera murió. Según la dictadora, estuvieron pendientes del «hermano Brooklyn» y él estuvo acompañado hasta el final por Nancy Elizabeth Henríquez, su hijo Wailan Rivera, su hermana Alda López Bryan por la reverenda Adela Martínez, de la Iglesia Morava, y Campbell.
La hermana de Rivera se encuentra detenida, mientras su sobrino Wailan escapó de ser detenido por la dictadura. Esta información la compartió Tininiska Rivera, hija del líder indígena. Tres sobrinos y dos allegados del líder indígena se encuentran en la misma situación.
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Si es Nancy Elizabeth Henríquez, exdiputada de Yatama y amiga personal de Rivera, fue encarcelada entre el 1 de octubre de 2023 y el 21 de marzo de 2026. Esto contrasta con el mensaje de Murillo que «estuvo acompañado con cariño y fe».
La comunidad internacional ha condenado la muerte de Rivera. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han pedido una investigación imparcial, mientras 29 expresidentes latinoamericanos pidieron aplicar la jurisdicción universal contra la dictadura ante el evidente caso de violación de derechos humanos cometidos contra el líder indígena.
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Congresista Salazar: «es solo el comienzo»
Una de las primeras en reaccionar fue la congresista republicana María Elvira Salazar. La legisladora agradeció a Rubio por la decisión y advirtió en sus redes sociales que esto es solo el comienzo.
«Más de 100 funcionarios y colaboradores del régimen Ortega-Murillo ahora enfrentan restricciones de visa, y esto es solo el comienzo. Cada juez, cada fiscal, cada operativo que sostenga esta dictadura debe entenderlo claramente: nadie que habilite la tiranía escapará a las consecuencias. Nicaragua será libre y no nos detendremos hasta que ese día llegue», afirmó Salazar.
Las sanciones llegan, justo cuando las relaciones de China y Rusia con Ortega y Murillo han llamado la atención en Washington. De hecho, el viernes pasado se pospuso por segunda vez una audiencia en el Congreso, bajo el título «Enfrentando al régimen totalitario de Ortega y Murillo». En esa sesión testificaría la subsecretaria adjunta para Centroamérica, Ana Quintana-Lovett. La primera vez que se canceló fue el 20 de mayo cuando el Departamento de Justicia acusó criminalmente al expresidente cubano Raúl Castro.
