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El Subcomité del Hemisferio Occidental del Congreso de Estados Unidos (EE. UU.) suspendió la audiencia sobre Nicaragua que tenía programada para el viernes anterior. Ha sido la segunda vez que la suspende, pues ya lo había hecho el 20 de mayo pasado.
Cabe mencionar que la primera suspensión fue por una razón convincente, pues ese mismo día se anunciaría oficialmente la presentación de una acusación criminal ante la justicia de EE. UU. contra el anciano exdictador comunista de Cuba, Raúl Castro. Sin embargo, la suspensión del pasado viernes 5 de junio fue porque los congresistas tenían que viajar a los distritos que representan. Lo cual no tenía suficiente peso pues eran muy pocos los congresistas que debían participar en la audiencia sobre Nicaragua y bien podían viajar por la tarde de ese mismo día, o al siguiente.
Esa suspensión, sin que hubiese una justificación convincente, podría verse como una señal de que, en realidad, Nicaragua no tiene tanta importancia para EE. UU., como Venezuela y Cuba. Lo cual es relativamente cierto, pues tanto el presidente Donald Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, han expresado que en su orden de prioridad en relación con las tres dictaduras de las Américas, la de Nicaragua ocupa el tercer lugar. Han dicho que primero van contra las de Venezuela y Cuba, como en efecto lo están haciendo, independientemente de lo que se pueda pensar acerca de la estrategia que EE. UU. está poniendo en práctica en esos otros dos países.
Pero la suspensión de la audiencia sobre Nicaragua en el Congreso de EE. UU., al mismo tiempo que Daniel Ortega y Rosario Murillo se jactaban de hacer más acuerdos de subordinación política a Rusia, no significa que el entorno internacional de la dictadura de Nicaragua ha mejorado.
Por el contrario, la muerte del líder indígena miskito Brooklyn Rivera, quien estaba en condición de preso político desaparecido y por tanto bajo custodia del Estado, continúa movilizando a la comunidad democrática internacional que exige rendición de cuentas a los dictadores nicaragüenses.
En este sentido cabe destacar la vigorosa declaración pública de los expresidentes democráticos asociados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), que además de condenar el virtual asesinato de Estado de Brooklyn Rivera demandan a la comunidad internacional que aplique el principio de jurisdicción universal a fin de promover acciones judiciales contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Estado de Nicaragua no es parte de la Corte Penal Internacional (CPI), pero este tribunal podría juzgar a los dictadores Ortega y Murillo por el caso de Brooklyn Rivera y demás crímenes de lesa humanidad documentados por una comisión de las Naciones Unidas. Lo podría hacer, siempre y cuando uno o algunos de los Estados que son parte de la CPI y tienen incorporado en sus legislaciones nacionales el principio de jurisdicción universal se decidiera a acusar a los dictadores de Nicaragua.
Los expresidentes democráticos de España y las América aseguran con plena razón y conocimiento de causa que “los crímenes de lesa humanidad son de responsabilidad individual y están proscritos por el derecho imperativo (ius cogen), al punto que no se exime a los gobernantes imputables, aun cuando sus Estados no sean parte de los tratados y acuerdos internacionales que los establecen…”
En consecuencia: “Exigen de la comunidad internacional y de las democracias de las Américas asumir sus obligaciones de protección colectiva y ejercer la jurisdicción universal ante la imposibilidad absoluta de que el Estado nicaragüense, por coludido con las desapariciones forzadas, pueda llevar a cabo una investigación imparcial e independiente”. De la muerte de Brooklyn Rivera, pero también de los demás casos que han sido valorados por una comisión especial de las Naciones Unidas como crímenes de lesa humanidad.
Ojalá que la demanda de los expresidentes democráticos de España y las Américas fuese atendida por los gobiernos que tienen capacidad política y legal para atenderla, así como obligación moral de hacerlo. De esa manera podrían ayudar a que se produzca pronto un cambio en Nicaragua, o al menos a contener la ferocidad represiva de la dictadura de Ortega y Murillo que hasta ahora no ha tenido límites.
