La muerte del líder miskito y fundador del Partido Yatama, Brooklyn Rivera, de 73 años, bajo custodia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no solo dejó una herida abierta en las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua, donde durante décadas fue considerado una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos.
Líderes afrodescendientes y miskitos de la Costa Caribe, quienes por temor a represalia pidieron resguardar su identidad, afirmaron en declaraciones a LA PRENSA que el impacto del secuestro, encarcelamiento y la posterior muerte de Rivera va mucho más allá de la pérdida de una figura política.
Las circunstancias de su fallecimiento han causado una condena mundial. El lunes 8 de junio, el secretario de Estado, Marco Rubio, describió al régimen Ortega-Murillo como un «enemigo de la humanidad» al anunciar restricciones de visas a más de cien funcionarios y sus familiares.
El Departamento de Estado señaló al magistrado electoral Lumberto Campbell de estar involucrado directamente en la negación de atención médica de Rivera y además de impedir a sus familiares que le dieran sepultura. Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos demandaron una investigación sobre el caso, pero hasta ahora la dictadura ha ignorado los reclamos de rendición de cuentas y transparencia.
«Es una ejecución pública»
El fallecimiento ha impactado profundamente en los miembros de la comunidad indígena de Nicaragua. «Se robaron a un líder tanto en vida como en muerte. Es un mensaje para nosotros (el pueblo) de que ya no tenemos a nadie que abogue por nuestros derechos», expresó un líder miskito.
La Policía secuestró el 29 de septiembre de 2023 al diputado Rivera de su vivienda en Bilwi, Caribe Norte. Se hicieron pasar por trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa). Fue sacado de su casa en una ambulancia y desde entonces su paradero fue desconocido.
La dictadura rompió el silencio casi tres años después. El 27 de mayo divulgó fotografías del líder miskito en una cama de hospital en condición crítica y, tres días después, Rivera murió bajo custodia del Estado de Nicaragua. Los líderes consultados califican la muerte del fundador de Yatama (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka, que significa «Hijos de la Madre Tierra»), como una ejecución pública.
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«El impacto fue enorme porque él (Rivera) siempre estuvo protegiendo los intereses y derechos de nuestros pueblos ante el Estado y después se lo cobraron de la manera que lo llevó a la muerte. Lo peor es el secuestro de su cuerpo; por eso nosotros decimos que lo que el régimen cometió fue una ejecución pública de un líder, que todo el mundo lo vio», apuntó el líder afrodescendiente.
Las comunidades resienten la falta de empatía de la dictadura orteguista frente al dolor de la familia y el pueblo. «Ni siquiera entregaron el cuerpo para darle cristiana sepultura en la forma que nosotros lo hacemos, desde preparar el cuerpo hasta enterrarlo», explicó el líder miskito.
Ambos coinciden en denunciar que el régimen Ortega-Murillo busca provocar a los pueblos indígenas y afrodescendientes para crear un nuevo conflicto. «La gente nos dice a voces bajas que definitivamente el gobierno quiere un conflicto y nos están provocando de diferentes maneras esperando que estalle para controlarlo«, asestó.
«Ortega traicionó alianza con Yatama»
Los líderes apuntan que la población de la Costa Caribe reaccionó con asombro al impedimento que la dictadura le impuso a Rivera para regresar al país, tras su comparecencia en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Denuncian que la persecución contra Rivera tuvo como objetivo debilitar a la organización indígena y desmantelar la estructura política de Yatama, cuya personería jurídica fue despojada el 4 de octubre de 2023.
«Realmente llevó la verdad de lo que nos está pasando, pero vimos la intolerancia del régimen y el maltrato hacia un dirigente que había firmado una alianza con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)», sostuvo el líder miskito.
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Para los pueblos costeños, el diputado representaba mucho más que un dirigente partidario, según estos testimonios. Era uno de los principales interlocutores ante el Estado sobre la autonomía regional, la demarcación territorial, los derechos y participación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
El líder afrodescendiente apuntó que la saña con la que el régimen trató al diputado Rivera «nos hace recordar que los acuerdos firmados entre Yatama y el FSLN para los diferentes procesos electorales y el desarrollo de la Costa Caribe no fueron un pacto entre caballeros, sino que fue un abuso de parte del FSLN que nunca tuvo la intención de honrar los acuerdos».
Se refiere a las negociaciones de paz y autonomía que, en la década de 1980, el entonces ministro del Interior, Tomás Borge, firmó con Rivera. Y recordó cómo en 2006, en la antesala del retorno al poder de Ortega, Yatama con el FSLN suscribió otros acuerdos relacionados con el proceso de titulación y saneamiento de los territorios indígenas y afrodescendientes, pero que al final el régimen no cumplió.
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«Hay acuerdos que el Estado tenía que respetar y cumplir, y no lo hizo; lo más que se avanzó es en la Ley de Demarcación Territorial, pero la etapa de saneamiento el Estado no quiso cumplirla», recordó el líder miskito.
El líder afrodescendiente sostiene que el secuestro y los tratos inhumanos a los que fue sometido Rivera fueron «para obligarlo a que renunciara a estos acuerdos, porque así como se hacen, se deshacen. El impacto que causó la muerte del Taupla (gran líder en miskito) Rivera no es la desesperanza de perder al líder, sino la promesa de que se tienen que cumplir con los acuerdos».
Pese al control que ejerce el régimen, los líderes apuntan que el descontento permanece latente entre las comunidades. «El pueblo no ha reaccionado públicamente, pero la tensión está latente, ni los mismos sandinistas están de acuerdo con la forma en que trataron a Rivera, porque ni en tiempos de guerra se vio tanta saña».
