Los nuevos cargos por el delito de tortura, presentados por Estados Unidos contra el dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, generaron expectativas entre defensores de derechos humanos nicaragüenses que esperan que los Estados de la comunidad internacional pasen de las palabras a acusaciones concretas contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los nuevos delitos imputados contra Maduro y Flores este 7 de octubre se añadieron a otro caso judicial por narcotráfico y tráfico de armas que ambos enfrentan en Nueva York desde enero. Entonces miembros de las tropas especiales estadounidenses capturaron al dictador en Caracas y lo trasladaron ante la justicia estadounidense.
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Según los documentos presentados en los tribunales, el dictador y su esposa «infligieron un intenso dolor y sufrimiento físico y mental» a personas. El supuesto objetivo era reprimir y castigar a la oposición política, silenciar a la disidencia y «preservar y proteger el poder». Entre las víctimas, señaladas por los fiscales, se encuentran algunas no identificadas y también hay de origen estadounidense. Algunas fueron objeto de golpizas y descargas eléctricas.
Gonzalo Carrión: «Pasar de las palabras a la acción»
El caso de Maduro por torturas es un reflejo de lo que puede ocurrir con Ortega, si se toman en cuentas las similitudes entre ambos regímenes. Para Gonzalo Carrión, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las dictaduras de Maduro y el nicaragüense son gemelas en el uso del método del terror contra sus respectivos ciudadanos.
«Ojalá la comunidad internacional pase más allá de las palabras a la acción, porque está dicho en los informes, lo dice también el Grupo de Expertos (en Derechos Humanos de Naciones Unidas). Que aparezca la voluntad política de los Estados de privilegiar la justicia universal, es decir, de poner de primero los derechos«, instó Carrión.
El defensor de derechos humanos, exiliado en Costa Rica, recordó que solo su organización tiene documentados más de 250 testimonios de víctimas de los Ortega Murillo. Esos relatos de terror dan cuenta sobre al menos 40 formas de torturas aplicadas bajo la dictadura de Nicaragua. El Colectivo de Derechos Humanos tiene habilitado incluso un sitio electrónico para hacer un recorrido virtual sobre lo que llama Museo de la Memoria, donde uno de los temas precisamente son los perpetradores de violaciones de derechos humanos.
Carrión reiteró que la voluntad política de los Estados es necesaria para la persecución penal contra los perpetradores de los abusos, la que puede darse tanto en el caso de que las víctimas sean nacionales del país que abre la investigación, y también cuando sean originarias de otra nación.
Puso como ejemplo en este último tipo el expediente que se abrió en Argentina precisamente contra los dictadores de Nicaragua y recordó que, en otros casos como el de Pinochet, al principio no se podía enjuiciarlo. Recordó que el dictador chileno fue detenido durante 1998 en Londres, requerido por un proceso en España dirigido por el entonces juez español Baltasar Garzón.
Carrión dijo que «es tomar la palabra a lo que insta el Grupo de Expertos para una eventual persecución penal», sugirió.
Claudia Pineda: «Víctimas de Nicaragua están desprotegidas»
Claudia Pineda, directora de la Asociación de Memoria y Justicia, una organización que documenta los abusos de derechos humanos cometidos por los Ortega Murillo, afirma que lo importante con la acción contra Maduro no es él como tal, sino el mensaje que se envía a la sociedad.
Pineda agregó que en Nicaragua no existe ninguna posibilidad de acceder a justicia independiente, ni garantías mínimas. Las víctimas de torturas, detenciones arbitrarias y persecución política siguen entonces completamente desprotegidas. Esa es la razón por la que asegura que siguen con atención cualquier proceso internacional que busque esclarecer violaciones graves.
«Lo importante aquí no es la figura de Maduro en sí, sino el mensaje que envía: Los crímenes graves —como la tortura— pueden ser investigados y juzgados fuera del país donde ocurrieron cuando las instituciones internas están capturadas. Ese es el caso exactamente de Nicaragua«, expresó Pineda.
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En Nicaragua hay contabilizados 68 presos políticos al 24 de septiembre, según la Asociación de Memoria y Justicia: 53 hombres y 15 mujeres. Al menos 31 se encuentran en situación de desaparición forzada, es decir, el Estado no informa a sus familiares dónde los tiene ni su situación de salud.
«Los casos previamente documentados evidencian el grave deterioro físico y psicológico que pueden experimentar las personas privadas de libertad en Nicaragua, particularmente cuando permanecen incomunicadas, sin acceso a atención médica adecuada y fuera de toda supervisión independiente. El aumento de las desapariciones forzadas profundiza los riesgos para su vida e integridad», señala el informe de la organización presidida por Pineda.
Maduro y Ortega son «gemelos en la barbarie»
El abogado Gonzalo Carrión insistió en las similitudes entre las agresiones cometidas tanto por Ortega como por Maduro contra sus respectivos ciudadanos, y los describió como «gemelos en la barbarie».
«Me recordé cuando con la acusación contra Maduro y su esposa y diría seguramente otros involucrados que mencionan algunas formas de tortura que me recuerdan al trabajo del Colectivo. Que testimonios hablan de métodos de tortura similares como el uso del Taser (pistolas del electrochoques), ahogamientos fingidos…», recalcó Carrión.
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A pesar de las similitudes, Carrión sostuvo que el régimen nicaragüense superó en crueldad en varias cosas a su homólogo venezolano. Pineda comparte otra conclusión: «Lo que ocurre con Maduro demuestra que la impunidad no es absoluta. Para las víctimas nicaragüenses es un recordatorio de que la documentación rigurosa, la preservación de la evidencia y el trabajo de la sociedad civil son fundamentales. La justicia puede tardar, pero estos casos muestran que pueden llegar».
