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Violaciones sexuales, amenazas de muerte para el preso político y sus familiares, choques eléctricos, colgamiento, asfixia y arrancamiento de uñas. Hasta ahora, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha documentado 250 testimonios de abusos cometidos desde 2018, que incluyen más de 40 métodos con los que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo daña a los presos políticos.
Los verdugos son agentes policiales u oficiales del sistemas penitenciario como el alcaide Roberto Guevara, sancionado el 18 de febrero por Estados Unidos. Se trató en este caso del director de la sección de máxima seguridad conocida como La 300 en la cárcel La Modelo y puso nuevamente en la agenda nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos, cometidas por el Estado.
El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos llamó criminal en sus redes sociales a Roberto Guevara y recordó que tenía una banda de maltratadores a su cargo. «Pegarle a los presos es tu predilección, hasta que gozás cuando los están pateando y vapuleando», dijeron en una reciente publicación.
Dictadura niega torturas
El régimen de Ortega siempre ha negado la perpetración de torturas e incluso el dictador en octubre de 2020 invitó a los familiares a que visitaran a sus reos y comprobaran que no era cierto. «Ya sabemos como siempre hay prisioneros que inventan que los están torturando», dijo refiriéndose a un caso concreto de unos detenidos que les habían cosido los labios. De acuerdo con él, lo que buscaban era crear una «imagen negativa del gobierno».
Sin embargo, el Colectivo de defensores ha documentado con esmero durante años la perversidad de la dictadura. La aplicación de la tortura ha sido una realidad en al menos diez centros de detención. Tal como relata el abogado Gonzalo Carrión, miembro de ese equipo de defensores, los maltratos se han dado también en centros clandestinos. Es un horror que parece interminable. Hasta ahora, ellos han publicado una serie de ocho informes, y además publicaron un proyecto con su propia página electrónica. Lo bautizaron Museo de la Memoria.
De hecho, el octavo informe del Colectivo se publicó en 2023 con 158 testimonios y ha crecido a 250 desde entonces. “La oficial… repetía que iban a matar a mi hija, que no saldría viva, que me arrancarían las uñas, que el mal que había hecho lo iban a pagar”. Este es uno de los testimonios que recoge, por ejemplo, el Colectivo. Son historias grotescas como la de otra mujer, detenida por ser considerada opositora. Los torturadores la amenazaron incluso con violar a su hija.
Para algunos de los presos, las amenazas de violaciones se convirtieron lamentablemente en una realidad. “Como estaba amarrado ellos (agentes penitenciarios) me pusieron contra una mesa y comenzaron a violarme, terminó uno y luego el otro, y como yo no me dejaba comenzaron a golpearme nuevamente, perdí el conocimiento, me levanté y me miré sin pantalón, me volvieron a golpear, ya no me podía ni mover, (no preciso día) regresaron y vuelven a violarme”, afirma otro de los testimonios.
Una cadena de mando responsable de abusos
En 2025, Naciones Unidas identificó a 54 funcionarios que hacen parte de una «cadena de mando» que participó en la perpetración de abusos. El 18 de febrero, al sancionarlo, el Departamento de Estado señaló a Guevara, el funcionario penitenciario mencionado, por su «implicación en una grave violación de los derechos humanos de un preso político», se lee en la nota de prensa. Pero el informe de la ONU señala una represión sistemática, en la que participan diversas instituciones.
«El Grupo de Expertos ha concluido que, desde abril de 2018, personal de la Policía Nacional, del Sistema Penitenciario Nacional y grupos armados progubernamentales han cometido sistemáticamente actos equivalentes a tortura – incluida la violación y otras formas de violencia sexual –, así como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes durante el arresto y privación de libertad de decenas de personas, opositoras reales o percibidas como tales», afirmó la ONU.
Los relatos recopilados por el Colectivo abordan de manera precisa actos tan brutales como la introducción de objetos como pistolas en la cavidad anal de los presos, así como mantenerlos en desnudez total. Un calvario, propinado por sus verdugos, de los cuales ni un solo caso ha sido investigado. Predomina la impunidad en el Estado de Nicaragua.
Un crimen de lesa humanidad
“El Colectivo ha documentado testimonios individuales y de familiares de personas privadas de libertad y también de personas que están en condición de detenidas desaparecidas. Estas historias dan cuenta de más de 40 formas de tortura. La tortura está considerada como crimen de lesa humanidad”, explica Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
El artículo siete del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) cataloga a la tortura como un crimen de lesa humanidad y manda a los Estados Parte a actuar de manera concreta frente a ella. Sin embargo, Nicaragua no es parte de dicho estatuto por lo que la CPI no tiene jurisdicción automática sobre este tipo de crímenes cometidos en territorio nicaragüense.
Dictadura busca silenciar disidentes
A pesar de esta limitante, Naciones Unidas ha instado a los Estados a actuar para promover la rendición de cuentas por los abusos. Nicaragua es parte, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que en el punto uno del artículo dos establece que “todo Estado Parte tomará medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción”.
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La realidad de Nicaragua ha sido que, a través de la violencia, el orteguismo pretende silenciar voces disidentes. “En cualquier tiempo la tortura es una acción totalmente repudiable… Son delitos de carácter internacional, crímenes de lesa humanidad, que hasta ahora están en la impunidad”, insiste Carrión.
Los atropellos han incluido también que se giraran instrucciones a los directores de los centros de detención del país para obstaculizar el acceso a abogados defensores a sus clientes y «desobedecer sistemáticamente las órdenes judiciales de liberación y exhibición personal». Según Naciones Unidas, esas directrices provenían del director y subdirector del Sistema Penitenciario, Julio Orozco y Venancio Alaniz, respectivamente. Pero también mencionan al viceministro del interior, Luis Cañas.
Los métodos más usados por los perpetradores
Entre los métodos para hacer daño están las golpizas en general. Pero también aquellas propinadas con objetos como armas de fuego. Aplican choques eléctricos, principalmente con taser. Eso deviene en quemaduras, pero en el repertorio hay intoxicación por bombas lacrimógenas, disparos contra las personas, baños de agua fría, colgamiento, estrangulamiento, asfixia seca y húmeda.
Reportan también arrastramiento, el desprendimiento de uñas, cortaduras con navaja, cuchillos y uso de agujas, utilización de tierra o ceniza en oídos y ojos, amenazas e intimidación general a ellos y contra sus familiares, interrupción del sueño, coacción a ingerir drogas, privación de alimentos o agua, intoxicación por fumigación, desaparición forzada temporal, privación de atención médica, entre otros.
El informe del organismo destaca también la tortura por «posición». En este caso esta citan el ejemplo de un preso político que “fue amarrado durante dos días a un poste” y la de otro que permaneció durante 24 horas desnudo en una celda que “no es suficientemente amplia ni alta como para pararse o acostarse, estirar las piernas, sentarse cómodamente”.
Aunque llevan un registro macabro con una cifra impresionante, Carrión asegura que la cifra puede ser mayor, tomando en cuenta los centenares de detenidos por el régimen desde 2018, y que muchos testimonios no han podido ser documentados por el temor a represalias.
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Los centros de tortura
Tres centros de detención en Nicaragua aparecen frecuentemente mencionados en las denuncias de tortura. Eso pasa tanto en los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Ohchr) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos son El Chipote en Managua, el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como “La Modelo”, y también la cárcel de mujeres “La Esperanza”.
Sin embargo, otros organismos como la Red Internacional de Derechos Humanos Europa (RIDHE) mencionan al menos diez. A los tres anteriores, añaden la estación policial Distrito III (Managua), el Sistema Penitenciario Regional de Cuisalá (Chontales), las delegaciones policiales de Masaya, León, Jinotepe, Juigalpa y Nindirí. Lamentablemente no son los únicos.
“Nosotros (el Colectivo) documentamos que había gente que incluso era llevada centros clandestinos, o sea, lugares donde llevaron a las personas detenidas y desaparecidas y en diferentes unidades, y por supuesto en los sistemas penitenciarios”, explica Carrión.
Presión internacional por la justicia
Ante la falta de justicia a nivel local, la comunidad internacional ha mantenido la presión desde 2018 para que los responsables rindan cuentas. Uno de los países que más lo ha hecho en ese sentido es Estados Unidos. Incluso sancionaron desde un principio a la dictadora Rosario Murillo. Se le señala en testimonios de la época de dar la orden de ataque contra los manifestantes en 2018.
A través del Museo de la Memoria del Colectivo, los ciudadanos de Nicaragua y el mundo pueden asomarse a la política de tortura con que la dictadura ha infundido miedo, con el objetivo de sostenerse en el poder. El proyecto abre con un campesino, con su espalda cubierta con una bandera de Nicaragua, y escribe en una pared la palabra justicia.
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«Identificar y comprender las estrategias de represión empleadas por un régimen contra su propia población es fundamental para la justicia transicional, la memoria histórica y la reconstrucción democrática. Documentar este recorrido represivo sirve para responsabilizar a los perpetradores», afirma el Colectivo.
El alcaide Roberto Guevara
El caso del alcaide Guevara se menciona en los informes. Varios excarcelados políticos lo denuncian por participar en golpizas y arrancar uñas con tenazas. Son actos de crueldad que se enmarcan dentro de una política generalizada de abusos.
“La tortura es un método que se convirtió en un sistema está dirigido a aplacar, hacer sufrir a la persona privada de libertad y enviar un mensaje a sus familiares y a la sociedad que se ha plantado en su lucha por la libertad y entonces la idea es imponer terror general”, dice Gonzalo Carrión, quien sigue documentando con su equipo todas estas violaciones. A pesar de las adversidades, el abogado alienta a las víctimas a denunciar, porque ese es el camino de la justicia y reparación.
