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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló a favor del opositor Jaime Antonio Chavarría Morales y los miembros de su familia. A finales de 2023, ellos interpusieron una demanda contra el Estado de Nicaragua “por las agresiones a la integridad personal e imposibilidad de acceder a la justicia”. Además el régimen deberá indemnizarlos con 535, 000 dólares.
La lectura de la sentencia del caso del opositor la hizo Rodrigo Mudrovitsch, presidente de la Corte IDH. El 27 de julio de 2008, los Chavarría recibieron una paliza de una turba del FSLN, formada por un grupo de entre 50 y 60 personas, durante el proceso de verificación ciudadana, que se realizó previo a las votaciones fraudulentas de ese año que favorecieron al Frente Sandinista.
Ante la presencia virtual de la víctima y la ausencia de representantes del régimen nicaragüense, la Corte IDH concluyó con seis votos a favor y uno en contra que el Estado de Nicaragua es “responsable de violación de los derechos a la integridad personal, la libertad de pensamiento, de expresión, derechos políticos y del derecho a la igualación de la ley reconocidos en los artículos 5.1, 13, 21.1 a y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Violaron garantías judiciales
Por unanimidad, la Corte IDH concluye que, además, “el Estado es responsable de las violaciones de los derechos, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio de Jaime Antonio Chavarría Morales y sus familiares.
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El Estado de Nicaragua también fue condenado por la violación de los derechos a la integridad personal y protección a la familia. Pero también se hizo énfasis en la afectación al proyecto de vida del opositor y su familia. Por unanimidad, igual, la Corte señaló que el Estado es responsable por «violación a los derechos de la niñez…» en perjuicio de los familiares entonces menores de edad de Chavarría.
Estado debe indemnizar a Chavarría y los suyos
En la sentencia se establece la responsabilidad del Estado por la violación a los derechos de circulación y residencia. Y por todo lo señalado deberá pagar una suma dispuesta en la sentencia “a las personas indicadas en ella en concepto de rehabilitación”, además de “cantidades fijadas por concepto de indemnización por daño material, reintegro de costas de gastos y reintegro de gastos al fondo de asistencia legal de las víctimas”.
Las sumas a indemnizar son: 50,000 dólares para Jaime Antonio Chavarría Morales, como víctima principal y 485 mil dólares distribuidos en las otras 16 víctimas, entre ellas sus hijos, nietos y otros familiares. A esto se agregan 6,000 dólares en reparaciones económicas complementarias por rehabilitación, destinados a cubrir gastos de atención psicológica o psiquiátrica para cada uno de ellos.
El Estado de Nicaragua también deberá pagar 15,000 por concepto de costas y gastos distribuidos entre los representantes legales de las víctimas, y el reintegro de 3,965.67 dólares al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas del sistema interamericano.
Los magistrados mandan también al régimen a investigar “efectivamente” los hechos ocurridos el 27 de julio de 2008, así como las amenazas, agresiones y hostigamientos sufridos por Jaime y sus familiares, publicar y difundir la sentencia e implementar “un programa o curso obligatorio sobre los estándares internacionales en materia de DD. HH. dirigido a integrantes de la Policía, Ministerio Público y Poder Judicial”.
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Dentro de un año, la dictadura está obligada a rendir un informe a la Corte IDH “sobre las medidas adoptadas para cumplir con el mismo”. En tanto, el órgano interamericano supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia y dará por concluido el caso “una vez que el Estado haya dado total cumplimiento”.
Dictadura ausente en lectura de sentencia
La Corte IDH señala que la “sentencia constituye por sí misma una forma de reparación” y, aunque el Estado fue declarado culpable de las responsabilidades señaladas, queda en manos del régimen Ortega-Murillo su cumplimiento.
Para la lectura de la sentencia, la Corte IDH notificó al ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, y al ministro consejero de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, Cristian Noel Gonzáles Jiménez, para que participaran en representación del Estado. Ninguno acudió al llamado.
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Jaime Chavarría y su familia han sido perseguidos durante toda su vida por los sandinistas. La persecución y hasta encarcelamiento comenzó en los años ochenta. Según relató Chavarría en 2025 a LA PRENSA, en ese entonces fue apresado por órdenes de Tomás Borge, quien fungía como ministro del Interior. La razón, su lucha a favor de la democracia y los derechos humanos.
Años de hostigamiento
El hecho por el que caso de Chavarría fue llevado al sistema interamericano ocurrió el 27 de julio de 2008 en el centro de verificación ciudadana ubicado en la escuela “Josefa Toledo de Aguerrí”, en el Distrito Cuatro de Managua, donde Chavarría Morales actuaba como fiscal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Chavarría presentó una impugnación luego que el centro de verificación cerrara anticipadamente pese a que aún había personas pendientes de verificarse, pero las autoridades se negaron a recibirla y procedieron a romper el escrito, mientras él y sus familiares eran objeto de insultos y amenazas por parte de un fiscal del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), según relata la sentencia de la Corte IDH.
“Al retirarse del lugar, el señor Chavarría Morales y sus hijos e hija Jeffer Joaquín, Jaime Antonio y Cindy Alicia, fueron interceptados y atacados por un grupo numeroso de personas armadas, instigadas por dirigentes sandinistas del distrito, ante la inacción de agentes policiales que presenciaron los hechos”, rescata el documento.
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Posteriormente, Jaime y su familia —con múltiples lesiones físicas de diversa gravedad— lograron huir en su vehículo. Los agresores, incluso, lo intentaron incendiar. Ese mismo día denunciaron a los agresores ante la Policía. Sin embargo, todo quedó en impunidad. Aunque se practicaron diligencias iniciales, la acusación presentada en 2009 terminó siendo archivada en 2016, después que la rechazaran en tres ocasiones.
Desde entonces, Jaime y su familia han sido amenazados, hostigados e intimidados, incluyendo ataques armados, agresiones por personas encapuchadas y actos de violencia contra integrantes del núcleo familiar. No bastando con eso, hubo ataques contra viviendas vinculadas a sus parientes, vigilancia policial en fechas cercanas a la audiencia ante la Corte y la negativa o dilación injustificada en la expedición y renovación de documentos de identidad y pasaportes.
Tras la falta de acceso a la justicia en Nicaragua, Chavarría la buscó a nivel internacional. Su caso fue conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y escaló a la Corte IDH en noviembre de 2023. Un camino largo de casi 18 años que ahora tiene un resultado favorable, pero que encuentra a las víctimas viviendo en el exilio ante el recrudecimiento de la represión y todavía está por verse si Ortega y Murillo acatarán el fallo.
