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Richard Grenell, un diplomático cercano a Donald Trump que fungió hasta octubre de 2025 como su emisario para Venezuela, calificó como “indignante” que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo haya confiscado en septiembre de 2025 el plantel de procesamiento minero de la estadounidense BHMB Mining para transferirlo posteriormente a la empresa china Zhong Fu Development. Estos activos estaban valorados en más de 80 millones de dólares.
La reacción de Grenell es la primera que se conoce en el círculo del republicano en un sector clave para la economía nicaragüense. En 2025, el oro generó en exportaciones más de 1,900 millones de dólares para Nicaragua. Este sector se encuentra bajo control directo de la familia Ortega Murillo que ha favorecido a concesionarias chinas sin trayectoria, igual que sus representantes, mientras de manera discreta participa en el negocio.
En su publicación en X, el diplomático respondió a la opinión del abogado Jason Poblete. El jurista denunció el robo a la compañía estadounidense, el cual va más allá de la corrupción. Dijo que estas noticias «no deberían sorprender a nadie que haga negocios» en Nicaragua.
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“Cuando un régimen socialista, generalmente anárquico, se pasa de la raya y confisca la inversión estadounidense, suelen surgir consecuencias”, afirmó Poblete.
BHMB Mining es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en la Florida. Poblete consideró que este caso no pasará desapercibido para la administración de Trump, que mantiene bajo la mira al régimen nicaragüense desde hace meses.
Este caso en concreto habría provocado un comunicado inusual el sábado 21 de febrero de la Procuraduría General de Justicia, en que la institución aseguró que las concesiones del sector son entregadas después de cumplir con el “debido proceso y la transparencia”. Ese argumento se cae por su propio peso con el caso de BHMB Mining. El exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, comentó hace unos días que esto muestra en realidad que hay preocupación en la dictadura, “porque hay una investigación en curso y saben las consecuencias”.
Las empresas chinas involucradas
La apropiación se realizó formalmente el 18 de septiembre de 2025, pero la pesadilla para los propietarios inició en agosto. Funcionarios del Ministerio de Energía y Minas ordenaron al gerente del plantel que debía cesar operaciones. Baruch Rapoport aseguró hace unos días a LA PRENSA que dos empresas gestionaron la confiscación: Zhong Fu y Santa Rita Mining. Ambas han sido beneficiadas con concesiones del Estado.
“En nuestro caso, una empresa de origen estadounidense, con inversión registrada y operaciones legales, fue cerrada, sus activos confiscados y el control de facto de sus instalaciones transferidos a entidades vinculadas a empresas chinas que también recibieron concesiones significativas”, dijo Rapoport.
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En la acción contra los estadounidenses participaron el abogado Aníbal Vladimir Matus Buitrago y los chinos Feiwu Bian y Chunqing Sun, vinculados a Zhong Fu y Santa Rita Mining. Todo quedó grabado en video.
Matus, Bian y Sun forman parte también de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China, creada en enero de 2024 en el marco de la promoción de inversiones realizadas tres años después del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Managua y Pekín.
Investigaciones de LA PRENSA revelaron que los Ortega Murillo tienen intereses directos en el sector minero. Participan en un esquema de extorsión que les permite controlar el negocio. En este serían vitales las empresas Capital Mining Investment Nicaragua, S.A, la planta de procesamiento del Grupo Minero Xiloá (Grumixsa) y Suministro y Montaje Electromecánico.
La primera de ellas (Capital) es una intermediaria que cobraría el cinco por ciento a mineros artesanales por el material enviado a Grumixsa. Este último es parte del consorcio de la familia Ortega Murillo y también cobraría por procesar el material. La última recibiría comisiones de las empresas establecidas.
En mayo de 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a Capital Mining Investment Nicaragua, S.A y a la Compañía Minera Internacional (Comintsa). En el comunicado señalaron que la primera empresa estaba controlada por el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo. Él es el enlace del régimen con China y Rusia. En este negocio también participa el ministro de Energía, Salvador Mansell, según las autoridades estadounidenses.
La presión contra Ortega y sus aliados
En los últimos meses, el negocio del oro está bajo lupa en Estados Unidos, mientras la presión política ha aumentado contras dictaduras de la región. El Departamento de Estado ha calificado como “ilegítimo” el poder ejercido por Ortega y Murillo, ha exigido la liberación de los presos políticos y ha sancionado a funcionarios que participaron en la represión contra los ciudadanos nicaragüenses.
La dictadura se ha venido quedando también sin aliados internacionales, luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela, y la reciente eliminación del ayatolá Alí Jameneí en Irán, mientras Cuba se encuentra en una crisis severa y dialoga con Washington.
Richard Grenell, el enviado de Trump para Venezuela, es un diplomático tan cercano que sonó en algún momento como posible candidato a secretario de Estado, según informes de CNN. Al final, el elegido fue Marco Rubio.
