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El contubernio de las autoridades del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la empresa china Zhong Fu Developtment, para despojar a inversionistas estadounidenses de un plantel de procesamiento minero durante 2025, evidencia la falta de seguridad jurídica que existe en el país. Un economista consultado advirtió que la publicación de un inusual comunicado de la Procuraduría el sábado 21 de febrero revelaría la preocupación de la dictadura de que el caso sea conocido a fondo en Estados Unidos.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ), que tiene desde fecha reciente a la Dirección General de Minas como una de sus dependencias, insistió en ese pronunciamiento que las concesiones mineras cumplen con el “debido proceso y transparencia” e hicieron referencia a que publican datos sobre los beneficiarios de estas en las resoluciones divulgadas en el diario oficial La Gaceta.
El exviceministro de Hacienda, Juan Sebastián Chamorro, considera que en el caso de los propietarios de BHMB Mining Nicaragua, S.A., el régimen conoce que “hay una investigación en curso y saben las consecuencias. La investigación es porque se trata de una empresa norteamericana que fue arbitrariamente confiscada”.
BHMB Mining Nicaragua, S.A. es propiedad de BHMB Inc., una empresa de capital estadounidense y británico, incorporada en la Florida, que, según sus dueños, tenía un plantel valorado en más de 80 millones de dólares para el procesamiento de material en Palacagüina, ubicado al norte del país.
“(El comunicado de la PGJ) confirma el temor que tienen de este caso. Obviamente habrá tratado de ser resuelto de otra manera. La prisa es que deben saber que este proceso está llegando a otros niveles”, afirmó Chamorro a LA PRENSA.
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Según investigaciones de este Diario, la familia Ortega Murillo también tiene intereses comerciales en el sector. El economista rechazó la aseveración de que el Estado trabaja con transparencia, porque precisamente el patrón observado es que hacen lo contrario. En las resoluciones oficiales se publica el titular de la concesión, la ubicación, el área y la vigencia, según la PGJ. El problema es que se trata de empresas y personas desconocidas.
Las empresas chinas carecen de historial en el sector y sus representantes son desconocidos. En octubre de 2025, las concesiones entregadas por el Estado a este tipo de compañías alcanzaban el 5 por ciento del territorio nacional y las críticas se centraban en la falta del cumplimiento de las normativas ambientales de parte del Estado para otorgar estas licencias y los posibles efectos en la naturaleza, tal como advirtió la Fundación del Río.
En el comunicado citado anteriormente, la PGJ calificó como “publicaciones infundadas” a las críticas realizadas a sus funciones. Pero el caso de BHMB muestra la realidad del sector privado en esta dictadura.
“En este caso se trata de una empresa debidamente registrada como norteamericana y esto obviamente no va a pasar desapercibido de parte de la administración estadounidense. Refleja en buena medida lo que la inmensa mayoría de los empresarios pequeños, medianos y grandes en Nicaragua sufren todos los días: el acoso fiscal, la extorsión y todo tipo de presiones para extraer recurso económico”, agregó Chamorro.
BHMB Mining: la apropiación paso a paso
Este 25 de febrero, un editorial del Diario LA PRENSA, bajo el título “El turbio y lucrativo negocio de la dictadura con el oro de Nicaragua”, analizó el robo de las instalaciones del plantel de BHMB Mining Nicaragua. Según el artículo, este caso muestra la falta de transparencia y el alcance de los intereses compartidos del régimen con las empresas chinas.
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El despojo ocurrió en septiembre de 2025. Los pormenores fueron relatados entonces en un reportaje exhaustivo de LA PRENSA. El plantel está ubicado en Palacagüina, un sitio donde se procesaba material de mineros artesanales. La empresa contaba con un permiso de diez años, pero los inversionistas operaban el plantel desde octubre de 2021.
La pesadilla comenzó el 12 de agosto, según fuentes consultadas bajo el anonimato. Representantes del Ministerio de Energía y Minas (MEM) informaron al gerente que debía cesar operaciones de inmediato. Las posteriores comunicaciones, pidiendo una aclaración a las autoridades, nunca fueron respondidas.
“Control de instalaciones a empresas chinas”
Baruch Rapaport, representante legal de la empresa BHMB Mining Nicaragua S.A., confirmó que, con el asalto al plantel, el Estado benefició a entidades vinculadas a empresas chinas.
“En nuestro caso, una empresa de origen estadounidense, con inversión registrada y operaciones legales, fue cerrada, sus activos confiscados y el control de facto de sus instalaciones transferido a entidades vinculadas a empresas chinas que también recibieron concesiones significativas”, dijo Rapaport a una consulta realizada por LA PRENSA.
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Trabajadores con el emblema de Zhong Fu Developtment y de Santa Rita Mining llegaron el 22 de agosto de 2025 al plantel junto con un grupo pequeño de nicaragüenses. La información que dieron entonces es que trabajaban supuestamente para el ministro Salvador Mansell, bajo cuya dirección estaba entonces la Dirección de Minas.
Tres días después, los estadounidenses recibieron la notificación de la confiscación de sus activos. Según Rapaport, el abogado Aníbal Vladimir Matus Buitrago y los chinos Feiwu Bian y Chunqing Sun gestionaron la expropiación de BHMB Mining Nicaragua, S.A.
En la gaceta diario oficial, fechada el 30 de septiembre de 2025, Bian figura como representante de Zhong Fu y el abogado de la compañía es Matus. Por su parte, Santa Rita Mining es representada por Chunqing Sun. Los tres forman parte de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China, una asociación sin fines de lucro fundada en enero de 2024.
Recientemente, Santa Rita Mining fue denunciada por robo de propiedades en la comunidad de Rosita. Es un caso similar a otro registrado por LA PRENSA en 2021. Entonces, Matus dio declaraciones a nombre de esta empresa. Esto revela su conexión múltiple con al menos dos de las mineras asiáticas que operan en el país.
“El nueve de septiembre, individuos vinculados a estas empresas regresaron, nuevamente acompañados por personal de la PGJ y representantes del Ministerio de Minas, rompieron candados y portones y, con la asistencia de individuos armados, desalojaron por la fuerza al personal de seguridad y a los trabajadores del sitio. Todos estos hechos fueron documentados por las cámaras de seguridad de la planta y resultaron en la transferencia de facto del control de las instalaciones a entidades vinculadas a empresas chinas”, añadió Rapaport.
Para el representante de la empresa afectada, su caso puede evidenciar que las empresas occidentales en general “—y las estadounidenses en particular— pueden estar expuestas a riesgos de expropiación, y que las empresas chinas están asumiendo un rol cada vez más prominente en el sector, como puede observarse también en las cargas fiscales impuestas a otras compañías occidentales dentro de la industria”.
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Para Rapaport, la publicación del comunicado de la Procuraduría se enmarca en un contexto de creciente presión geopolítica en torno a la actividad minera en Nicaragua. En este sentido, se han hecho declaraciones del presidente costarricense, respecto al aumento de la minería ilegal en la región, incluyendo la intención de plantear el tema ante su homólogo estadounidense Donald Trump.
En febrero, el Senado también dio pase a un proyecto de ley que busca frenar la minería ilegal en Nicaragua, denominada de sociedades mineras y oro legal en Estados Unidos, la que incluso cuenta ya con un dictamen favorable del Comité de Relaciones Exteriores.
El sistema controlado por los Ortega
En el negocio del oro están en juego millones en Nicaragua. Las exportaciones significaron más de 1,961 millones de dólares en 2025. El sector es controlado directamente por la familia Ortega Murillo. Bajo este esquema, el Estado ha impuesto reparos fiscales a las empresas mineras establecidas y ha abierto las puertas a las compañías chinas. Eso fue considerado por ambientalistas como una “reconfiguración” del sector aurífero nacional. El representante de la empresa confiscada está de acuerdo con el término.
“Se trata de una reconfiguración del sector que, en apariencia, responde más a consideraciones políticas que económicas”, comentó Rapaport. Sin embargo, él no se pronunció expresamente sobre la influencia de la familia gobernante en el negocio en general, tal como reveló el Departamento de Estado y posteriores investigaciones de LA PRENSA.
El 15 de mayo de 2024, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a la Compañía Minera Internacional, S.A. (Comintsa) y a Capital Mining Investment Nicaragua, S.A. La primera era controlada por Mansell y la segunda por el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo, quien además es el enlace del régimen con China, Rusia e Irán.
Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores, es el enlace para las inversiones del régimen con China. Foto/Tomada de medios oficialistas
Una investigación periodística, publicada este mes por LA PRENSA, reveló precisamente un esquema de extorsión montado sobre un entramado societario ligado a Ortega Murillo.
A través de Capital Mining los testaferros del negocio de los Ortega garantizan el material de pequeños mineros para procesarlo en la planta del Grupo Minero Xiloá (Grumixsa) en Villanueva, Chinandega. Las ganancias de este negocio no incluyen el comercio del oro como tal, sino que estarían sumando dólares por el procesamiento y la captación de clientes (es decir, ellos reciben una comisión del 5 por ciento). El negocio significa al menos 80 millones de dólares desde que el molino comenzó a operar en 16 meses de operaciones, según cálculos conservadores.
La otra empresa clave en los intereses de la familia en el poder es Suministro y Montaje Electromecánico que cobra a las empresas establecidas, por su parte, el 5 por ciento “de las ventas brutas anuales de las sustancias extraídas, producidas en el país y suministradas por mineros artesanales”.
Sobre este aspecto en concreto, el editorial de LA PRENSA explicó que esto hace parte de las exigencias que se le hicieron desde 2020 a las empresas extranjeras que operan el sector. El dinero se suma a las obligaciones fiscales y se les presionó incluso para ceder hasta un 20 por ciento de sus acciones a personas designadas por el Ministerio de Energía y Minas.
Este sistema controlado de manera escrupulosa por el poder político ha permitido que mineras chinas como XinXin Linze Minería Group, beneficiada con 10 concesiones del Estado para explorar 155,055 hectáreas, exportara 25.6 millones de dólares en oro nicaragüense a Miami, entre enero y agosto de 2025.
