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Durante las últimas semanas, hombres y mujeres vestidos con chalecos naranjas, identificados como trabajadores de la empresa minera china Santa Rita Mining Company Sociedad Anónima, se han metido a las propiedades de campesinos para delimitarlas en el pueblo minero de Rosita, en el Caribe Norte de Nicaragua, según los afectados.
Una de las víctimas, que aceptó hablar con el seudónimo de “Pedro”, afirmó que les arrancan los cercos de sus tierras y ponen un mojón para indicarles que su propiedad ha quedado reducida porque «lo otro” es de la empresa. En su relato, los campesinos indican que los invasores llegan sin ofrecer ninguna información y no muestran una orden judicial que los respalde. “Esta parte pertenece a la minera”, les reiteran y ya.
Desde el 5 de marzo de 2019, Santa Rita Mining Company es concesionaria del lote Rosita D, que tiene una superficie de 3,356.90 hectáreas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, según un acuerdo del Ministerio de Energía y Minas publicado en La Gaceta.
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A Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, sus contactos en el territorio le confirmaron que son funcionarios de la Alcaldía de Rosita con gente del Gobierno los que supuestamente les quitan las propiedades a los moradores de este pueblo. Luego se las entregan a los chinos.
Santa Rita Mining es además una de las empresas chinas que han sido beneficiadas con concesiones durante el régimen Ortega Murillo. El negocio aurífero tiene un mismo modus operandi en Nicaragua: son compañías desconocidas y sus representantes son todavía menos públicos, tal como ocurre con Santa Rita Mining Company, en la que figura el empresario chino Chunking Sun.
Señalan a traductor y abogado
La incursión en las propiedades causó tensiones en este poblado del llamado Triángulo Minero. Las víctimas han acompañado su denuncia con fotografías de los invasores. Señalan, en particular al traductor Víctor Duarte —quien habla con los chinos— y mencionan también a un abogado, identificado como Marlon Morales Baltodano. LA PRENSA intentó localizarlo a su móvil, pero no respondió tampoco a nuestros mensajes.
“Si viene uno y les dice que tiene documentos (que demuestran el dominio sobre los bienes). Ellos aseguran que no son válidos e incluso, si ven a alguien con un teléfono o tomando foto, existe el temor de que la Policía se los lleve detenidos con el objetivo de intimidar al resto de personas que se encuentran inconformes. Nos sentimos en indefensión”, relató Pedro.
La denuncia se difundió con rapidez en las redes sociales. Este nuevo caso de desalojos a favor de una compañía china recuerda a otro ocurrido en 2021. Entonces también se denunció una supuesta connivencia de la Policía, la Alcaldía de Rosita y la minera. LA PRENSA intentó conversar con la alcaldesa de Rosita, Ivania Colind, pero no respondió a ninguno de los tres intentos para contactarla.
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El barrio afectado es el 19 de Julio, pero igual dicen que ocurre con todos los lugares cercanos al parque, otro lugar llamado El Polvorín y la comunidad de Wasakin. Pedro dice que ha sido testigo cómo los trabajadores se meten a las propiedades en grupo, reitera que los pobladores se sienten indefensos. Dice que no es precisamente la Policía la que ha llegado acompañando esta vez a los usurpadores, sino un cuerpo de seguridad que trabaja directamente para Santa Rita Mining.
“Nosotros sabemos que las concesiones mineras son un derecho real de carácter administrativo, pero va separado de la propiedad”, afirmó Pedro, quien asegura que otra persona —a la que evitó identificar— tuvo que llegar a arreglos con la empresa, luego que su propiedad les interesó. Le ofrecieron un poco más de 20,000 dólares.
Estos son algunos de los mojones que dejan en las propiedades los trabajadores de Santa Rita Mining. Foto/Circula en redes sociales
Representante legal se calla
En junio de 2021, LA PRENSA registró la primera denuncia por despojo de tierras contra la empresa minera china. Entonces se mencionaron los barrios 19 de Julio, Los Ángeles y la comunidad Terciopelo como los lugares de donde son los principales afectados.
Las publicaciones periodísticas indican que el abogado de la minera china era Aníbal Matus. Alegó entonces que la empresa gozaba de derecho, porque tenía el dominio de una propiedad de la comunidad de Bambana Kakamuslaya, desde hace más de 40 años. LA PRENSA intentó comunicarse también con él, pero la conversación simplemente no fluyó, cuando se enteró de que era este Diario que lo contactaba.
“Hemos podido comprobar la nueva denuncia. Este es un desalojo como el que ocurrió en 2021, pero en el anterior, la Policía fue la que actuó en el proceso para favorecer a la empresa minera china. En este caso, vemos a los cuerpos de seguridad de la empresa actuando”, afirmó el ambientalista Ruiz.
Para el experto, esta dinámica podría lamentablemente repetirse en otras zonas del país, porque las mineras irán desplazando a los pobladores, en la medida en que avancen en los procesos de explotación de los recursos minerales. Generalmente este tipo de situaciones pueden preverse con los estudios de impacto ambiental, pero tampoco se elaboran los procesos de consulta con las comunidades. En la práctica, la gente se da cuenta cuando ocurre el desalojo, lamenta Ruiz.
“Eso (el abuso) puede aumentar los conflictos y el enojo de la población. No sabemos si los propietarios tienen títulos, pero lo cierto es que me parece sorprendente que los cuerpos de seguridad de la empresa actúen. Ojalá que la gente siga denunciando a través de los medios o con nosotros que le damos seguimiento a estos temas”, lamentó Ruiz, quien monitorea desde el exilio con fuentes locales lo que está ocurriendo.
El control de los Ortega Murillo
El sector minero en Nicaragua está bajo escrutinio público, después que el régimen ha entregado en concesión una parte notable del territorio nacional a empresas chinas. Es un negocio millonario.
Según el Banco Central de Nicaragua (BCN), el país exportó en oro de manera preliminar el año pasado 1,827. 4 millones de dólares. Recientemente, LA PRENSA publicó que mineras sancionadas por Estados Unidos traspasaron sus concesiones a otras empresas desconocidas. Ruiz califica ese proceso como de «blanqueamiento».
En 2024, el Departamento del Tesoro sancionó a la Compañía Minera Internacional (Comintsa) y a Capital Mining Investment Company. La primera era controlada por el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, y la otra por el hijo de los dictadores, Laureano Ortega Murillo.
Además de estos intereses personales de Ortega y Murillo, señalados por Estados Unidos, LA PRENSA reveló en noviembre de 2025 que la empresa Grupo Minero Xiloá, S.A. (Grumixsa), con un plantel operando en Villanueva (Chinandega) tenía como una de sus socias a otra empresa del consorcio de los Ortega Murillo: la Urbanizadora Industrial, Sociedad Anónima (Urbisa).
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Grumixsa opera en las mismas oficinas que pertenecieron en Managua a la Empresa Nicaragüense de Minas, sancionada en 2022. Esto evidencia el ventajismo y corrupción que suele caracterizar a los negocios que los Ortega Murillo hacen con el Estado.
Otro dato interesante de Santa Rita Mining es el vínculo con la cámara china. El abogado Vladimir Matus Buitrago es también directivo de la Cámara de Industria y Comercio Nicaragua-China. Esta organización sin fines de lucro fue fundada el 19 de enero de 2024, y participan en ella varios empresarios que representan a compañías con concesiones mineras por el Estado. El nombre más destacable es el de Feiwu Bian, representante de Zhong Fu Developtment, mientras el gran paraguas es Laureano Ortega Murillo, el enlace del régimen con China, Rusia e Irán.
