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En los últimos cuatro años, la historia del lote minero Tutuwaka, ubicado en El Rama, Caribe Sur, es un buen ejemplo del opaco negocio del oro en Nicaragua. La dictadura ha asignado su explotación a compañías chinas desconocidas, igual que sus representantes. Lo único claro es que participan de un sector que genera millones de dólares y se encuentra bajo control directo de Laureano Ortega Murillo, el promotor de inversiones del régimen de Nicaragua.
Esta concesión minera es de 6 mil hectáreas. Según una resolución del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El lote pasó de las manos de Zhong Fu Developtment a las de la empresa Tutuwaka Mining Company Sociedad Anónima. Si poco se puede encontrar de los antecedentes de la nueva concesionaria, todavía menos se sabe del récord de los empresarios que actúan como representantes de las mismas compañías ante el Estado: Feiwu Bian y Kaiming Chen, respectivamente.
Aunque se sabe que Bian se desempeña como vicepresidente de la Cámara de Comercio Nicaragua-China. «Tratan de ocultar quiénes son los verdaderos actores que están detrás de estas concesiones», dijo el ambientalista, investigador y Director de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, al describir lo que considera un «blanqueo» de «concesiones sancionadas».
Se refiere a que, en su pasado, el lote tiene a una empresa que fue sancionada por Estados Unidos. Los registros del Ministerio de Energía y Minas (MEM) indican que Zhong Fu Devolopment Sociedad Anónima adquirió la concesión de Tutuwaka el 26 de febrero de 2024. Dos años antes, este estuvo en manos de la Compañía Minera Internacional Sociedad Anónima (Comintsa), representada por el ingeniero nicaragüense Nelson Francisco Sobalvarro, según el acuerdo ministerial 023-DGM-016-2022, fechado el 16 de mayo de 2022.
El 15 de mayo de 2024, es decir menos de tres meses después que el lote pasó a manos de Zhong Fu Developtment, Comintsa fue sancionada por el Gobierno de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro describió a esta empresa como «una de varias empresas afines al régimen». Era propiedad supuestamente del ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, quien ya se encontraba sancionado individualmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde 2021.
En la misma resolución también resultó sancionada la empresa minera Capital Mining, ligada directamente a Ortega Murillo —fue sancionado individualmente en abril de 2019— y descrita como un intermediario, mientras se menciona que Mansell Castrillo «es conocido por cobrar a algunas compañías mineras de oro para hacer negocios en Nicaragua», según las autoridades estadounidenses.
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El tema ha vuelto a destacarse por los nuevos traspasos de Zhong Fu a tres empresas hasta hace días desconocidas. El ambientalista Amaru Ruiz insiste en que falta conocer información sobre estas empresas como los proyectos en los cuales participaron, así como los antecedentes de sus representantes.
Zhong Fu traspasó derechos sobre más de 60 mil hectáreas
Además del lote Tutuwaka en El Rama a Tutuwaka Mining Company, la empresa Zhong Fu Development realizó también el 15 de enero el traspaso de «El Muelle», que tiene tiene 9,300 hectáreas y está localizado entre el municipio de El Rama y Muelle de los Bueyes. El acuerdo ministerial 156-SBT-M-151-2025 indica que «El Muelle» fue cedido a la empresa china Southern Mining Company.
Y el 14 de enero, Zhong Fu cedió los derechos sobre el lote Siuna, con una superficie de 46,172.50 hectáreas, ubicado en el Caribe Norte de Nicaragua, según el acuerdo ministerial 143-SBT-M-138-2025, a la empresa china Y.M. Mining Company.
En total, la empresa Zhong Fu Development Sociedad Anónima se desligó —en menos de una semana—de 61,472.5 hectáreas de concesiones mineras, que cedió a las nuevas empresas chinas Y.M. Mining Company, Tutuwaka Mining Company Sociedad Anónima y Southern Mining Company. Ninguna de estas empresas, hasta la publicación de este reporte, tienen un sitio web, presencia institucional en la red o rastro de su trabajo en explotación y exploración minera.
«Quieren darles legalidad»
El ambientalista Amaru Ruiz, biólogo, investigador y director de Fundación del Río, señaló que estos cambios que se han realizado desde la sancionada Comintsa y, más recientemente, por Zhong Fu evidencian «una forma de blanquear estas concesiones que han sido sancionadas por Estados Unidos, para tratar de darles cierta legalidad y sortear los actores que eran o están a cargo de ese lote».
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«En el caso de esta nueva empresa no se sabe si tiene alguna sociedad con el régimen Ortega Murillo, pero, por lo general, estas empresas chinas están sirviendo de intermediario hacia otras empresas. Es decir, les entregan a estas empresas las concesiones y estas aparecen con un nuevo concesionario y eso es una forma o de negocio, que sirve el negocio porque encuentran un vendedor, o porque tratan de ocultar quiénes son los verdaderos actores que están detrás de estas concesiones», apuntó Ruiz.
Además, insistió en que estas empresas, que reciben el visto bueno del MEM, que además en los acuerdos ministeriales asegura que cuentan «documentos indicativos de capacidad técnica y financiera para desarrollar y llevar a término las actividades mineras dentro de la concesión”, se constituyen de forma «rápida, no tienen ningún antecedente, ni página web, de los proyectos de exploración y explotación, y falta obviamente, la transparencia alrededor de estas empresas».
«Nicaragua vulnerable frente a concesiones»
Ante tanta opacidad, Ruiz advierte que Nicaragua está más vulnerable en cuanto al riesgo ambiental por las actividades extractivas de estas empresas.
«A principios del año pasado, el régimen eliminó los estudios de impacto ambiental como requisito para los proyectos de minería, y eso hace que sea mucho más difícil determinar cuáles son los verdaderos impactos de esas concesiones mineras en esos territorios, porque además, no se conoce ni los estudios de factibilidad alrededor de cuál va a ser la metodología de extracción, si van a utilizar cianuro o mercurio; es decir, no hay certeza de cómo van a operar en estos proyectos y, por ende, los riesgos y los impactos son mayores», apuntó el ambientalista nicaragüense.
Añadió que, lamentablemente, si ocurre «un accidente, derrame, impacto ambiental o social, no sabemos quiénes van a ser los responsables ni qué nivel de responsabilidad tendrán en esa situación, porque, efectivamente, el hecho de no tener estos estudios hace que el país se vuelva más vulnerable frente a estas concesiones extractivas».
Otros lotes a Comintsa, ¿qué pasó con ellos?
La sancionada Comintsa fue beneficiada con el lote “La Reina II” en junio de 2022. También el MEM le entregó lote “El Ocote” en mayo de 2021.
El lote «La Reina II» cubría un área de 4,131.79 hectáreas, distribuidas en 3,781.49 hectáreas en el municipio de San Ramón y 350.30 hectáreas en el municipio de Matagalpa. Mientras que el lote El Ocote, ubicado en Waslala, Caribe Norte de Nicaragua, ocupaba un espacio de 1,368.56 hectáreas.
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Sobre ambos lotes, que juntos sumaban más de 5 mil hectáreas, tras la sanción a Comintsa, se desconoce si fueron reasignados por el MEM o cedidos a otra empresa.
