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El pasado sábado 21 de febrero, la Procuraduría General —controlada por la familia Ortega Murillo— publicó un comunicado para defenderse de lo que denomina “publicaciones mal intencionadas que buscan desinformar sobre el desarrollo y bienestar que ha alcanzado y sigue promoviendo nuestra nación”. En esa nota intenta construir la narrativa de que la minería en Nicaragua es un sector regido por el debido proceso, la transparencia, la seguridad jurídica y una estricta supervisión ambiental.
El problema es que la realidad reciente, documentada con nombres, fechas, resoluciones oficiales y reportajes publicados en LA PRENSA y otros medios independientes, muestra exactamente lo contrario. Si el relato oficial fuese cierto, el caso de BHMB Mining Nicaragua S.A. simplemente no habría ocurrido.
BHMB no era una empresa fantasma ni un operador informal. Fue fundada en 2019 con inversión extranjera perteneciente a una empresa estadounidense, debidamente registrada como inversión extranjera directa ante el Banco Central de Nicaragua (BCN). Procesaba oro legalmente y exportaba regularmente a Estados Unidos. Contaba con permisos ambientales y regulatorios en regla. Generaba más de 120 empleos directos en el país. Y, sin embargo, fue cerrada. Sus activos fueron confiscados. Sus instalaciones, ocupadas.
BHMB posee videos de la ocupación arbitraria de su planta. Las imágenes muestran a representantes legales de empresas locales y chinas asociadas al entorno de la familia gobernante irrumpiendo por la fuerza, rompiendo cadenas y candados, expulsando al personal de seguridad y asumiendo control físico del plantel. La empresa cuenta además con grabaciones que identifican a los participantes y registros de los vehículos utilizados durante la toma.
Entre los principales protagonistas de esa ocupación figuran Aníbal Vladimir Matus Buitrago, Chunqing Sun y Feiwu Bian, quienes aparecen repetidamente en La Gaceta como representantes de Santa Rita Mining y Zhong Fu Development, empresas vinculadas al círculo de poder. Durante la toma también participaron nacionales chinos portando camisetas con el logo de Zhong Fu Development.
Estas mismas empresas y sus representantes han recibido concesiones y ventajas regulatorias publicadas oficialmente, muchas provenientes de traspasos realizados por entidades sancionadas o “devueltas voluntariamente” por operadores extranjeros. Ambos individuos, además, ocupan cargos relevantes en la Cámara China Nicaragüense de Comercio (CCNC), organización creada al amparo del régimen tras el cierre de AmCham.
Es difícil reconciliar estos hechos con la narrativa de respeto a la inversión extranjera que proclama la Procuraduría. El comunicado insiste en que el sector es transparente porque las concesiones están publicadas en La Gaceta. Pero la transparencia no consiste en publicar resoluciones; consiste en explicar el porqué de las decisiones y el patrón que revelan.
El comunicado tampoco explica por qué, tras las sanciones estadounidenses contra Eniminas, Comintsa y Capital Mining, las concesiones comenzaron a migrar hacia un grupo de empresas chino-nicaragüenses sin trayectoria minera significativa —Santa Rita, Zhong Fu, XinXin, Thomas Metal— ni por qué en 2025 se modificaron las regulaciones de exportación para que ese mismo grupo concentrara la compra de oro artesanal, creando un monopolio funcional capaz de controlar precios locales y capturar márgenes extraordinarios.
Pero eso no es todo. Desde 2020, según declaraciones formales de propietarios de empresas extranjeras que operan en el sector, se les exigió —además de sus obligaciones tributarias legales— pagar un 5 por ciento de sus ingresos brutos mediante contratos ficticios con empresas vinculadas al entorno de poder, como Suministro y Montaje Electromecánico. Asimismo, se les impuso retener un 5 por ciento adicional en las compras de oro artesanal para transferirlo a Capital Mining, hoy sancionada por Estados Unidos, y se les presionó para ceder hasta un 20 por ciento de sus acciones a personas designadas por el ministro de Energía y Minas. Algunas empresas rechazaron esas exigencias. Otras, bajo presión, tuvieron que acceder.
El comunicado gubernamental afirma que las empresas cumplen con sus obligaciones fiscales y que no existen reclamos formales por competencia desleal. Pero cuando un operador extranjero que se rehúsa a pagar comisiones informales termina cerrado y ocupado por competidores vinculados al poder, la ausencia de reclamos deja de ser un indicador de armonía y se convierte en un indicador de riesgo.
También se habla de estricta supervisión y controles. Sin embargo, múltiples investigaciones describen un circuito donde el oro artesanal se compra en efectivo, se procesa en plantas bajo control de la red oficial y se exporta a través de empresas alineadas políticamente. Eso no es un mercado abierto; es una estructura verticalmente integrada.
El oro hoy no es simplemente un recurso natural en Nicaragua. Es un instrumento financiero estratégico en un contexto de sanciones internacionales. Tras el colapso del esquema Petrocaribe, el régimen necesitaba una nueva fuente de divisas. El oro pasó a cumplir ese papel y ahora el régimen, temeroso de más sanciones al sector que se ha convertido en fuente de recursos, quiere hacer creer que todo lo que hace es transparente y apegado a derecho.
Cuando el comunicado oficial afirma que los inversionistas nacionales y extranjeros operan con plena seguridad jurídica, el caso BHMB demuestra que esa seguridad es condicional. Depende de la alineación política y de la disposición a integrarse en el esquema dominante.
La ironía final es evidente: el comunicado pretende tranquilizar a los Estados Unidos y evitar mayores sanciones al sector aurífero, mientras una inversión de origen estadounidense ha sido objeto de cierre, expulsión y ocupación armada. Eso no es solo inseguridad jurídica, es también cinismo.
Lo que realmente está pasando no es lo que dice el régimen en un comunicado que solo ellos se creen. Entre el discurso oficial y los hechos documentados existe una brecha profunda, una narrativa que recuerda otros episodios en los que el poder llamó “intento de golpe de Estado” a lo que eran protestas pacíficas multitudinarias, que fueron diezmadas con una represión salvaje que dejó centenares de jóvenes inocentes muertos, a los que el régimen llamó vandálicos.
