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El régimen de Daniel Ortega por medio de la Procuraduría General de Justicia (PGR) salió el sábado en defensa de las críticas por las arbitrariedades tomadas contra las empresas mineras establecidas en el país y de las nuevas nuevas concesiones otorgadas a los chinos alegando que «han cumplido con los principios de debido proceso, transparencia y publicidad, conforme a la Ley Especial para la Exploración y Explotación de Minas».
En un extraño comunicado publicado un sábado, la institución, alegó que las empresas mineras que operan en el país supuestamente cumplen con sus obligaciones tributarias y están sujetas a una supuesta verificación técnica periódica.
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«El otorgamiento de concesiones mineras, ha cumplido con los Principios del Debido Proceso, Transparencia y Publicidad, al ser todas las concesiones otorgadas a particulares y empresas, publicadas en La Gaceta Diario Oficial, detallándose en la misma, el nombre del titular, la ubicación, el área concesionada y el período de vigencia, así como la revisión técnica y jurídica realizada en cada solicitud», dice parte del comunicado de la PGR.
Pero las críticas van por la celeridad y pocos estudios previos con los que le otorgan concesiones a empresas chinas, mientras por otro lado castigan a las mineras existentes.
Según una revisión realizada por LA PRENSA en las ediciones del diario oficial La Gaceta, entre enero de 2022 y el 10 de octubre de 2025, el régimen otorgó 43 concesiones mineras a ocho empresas chinas. Estas empresas recibieron en concesión, por un periodo de 25 años, 660,006.70 hectáreas que equivalen a 6,600.06 kilómetros cuadrados.
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Concesionarios cuentan con «derechos y obligaciones»
La Procuraduría también afirmó que empresas pertenecientes a los grupos Equinox y Hemco Mineros operan en Nicaragua sin restricciones mediante 64 concesiones, las cuales representan el 34.28 por ciento de las áreas bajo aprovechamiento minero, pero omitieron que ambas mineras han sido víctimas de sendas multas fiscales por el régimen.
En el caso de Hemco que pertenece a la colombiana Mineros , se le impuso una multa de 49.30 millones de dólares tras resolver una disputa fiscal por supuestos impuestos atrasados del periodo comprendido entre 2019 y 2024.
Mientras que la minera canadiense Equinox Gold, que en junio del 2025 adquirió Calibre Mining y que ahora opera las minas La libertad y Limón recibió el año pasado un cobro similar por 36.6 millones de dólares, en concepto de supuestos impuestos atrasados.
«Las subsidiarias nicaragüenses de la Compañía han ejercido su derecho legal, vigente desde hace tiempo, a acreditar los impuestos mineros anuales pagados contra el Impuesto sobre la Renta. Sin embargo, la autoridad tributaria nicaragüense ha informado que no aplicará los impuestos mineros pagados por dichas subsidiarias entre 2019 y 2024 contra el Impuesto sobre la Renta de esos años», informó Equinox Gold en su reporte financiero, que suele divulgarse por participar en los mercados bursátiles.
Al respecto, la dictadura dijo: «El Estado, como garante de los recursos minerales de la nación y de los derechos y obligaciones tributarias de los concesionarios, realiza (por la dinámica de aprovechamiento del sector minero), los procesos de ordenamiento, actualización de registros y declaración de impuestos de forma periódica, lo que no constituye ninguna violación a garantías constitucionales, ni el de aplicación tributaria, teniendo los administrados el derecho a presentar los recursos de ley si no están de acuerdo con alguna resolución».
Lo que sí el régimen confirmó es que el oro constituye uno de los principales rubros de exportación del país, alcanzando en 2025 más de 1,961 millones de dólares.
En lugar de explicar los abusivos reparos fiscales a los que están sometiendas las empresas mineras tradicionales de Nicaragua, la dictadura se limitó a acusar las publicaciones de los medios de comunicación sobre lo que está pasando en la industria.
«Sobre las publicaciones maliciosas, al mencionar a empresas pertenecientes a los grupos Equinox y Hemco Mineros, informamos que estas se encuentran operando en Nicaragua sin restricciones, mediante 64 concesiones, que representan el 34.28 por ciento de las áreas bajo aprovechamiento minero», enfatizó la dictadura.
A continuación el comunicado:
