Desde su retorno al poder en 2007, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo instauró la represión como política de Estado. La historia de la familia Chavarría Alonso, encabezada por el economista Jaime Chavarría, es una muestra de cómo esa persecución se extendió por décadas, incluso desde los años ochenta, durante el primer régimen sandinista, y continúa hasta hoy. El caso fue recientemente expuesto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tras años de intentos por obtener justicia en Nicaragua.
El 27 de julio de 2008, durante el proceso de verificación ciudadana previo a las elecciones municipales, Jaime Chavarría —entonces fiscal electoral por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Distrito Cuatro de Managua— denunció el cierre arbitrario del centro de verificación. Al impugnar esta irregularidad, fue atacado junto a sus hijos por una turba de entre 50 y 60 personas, armadas con adoquines, palos y machetes. Su hija menor sufrió fractura de columna, uno de sus hijos recibió una herida de 30 centímetros en la cabeza, y toda la familia fue brutalmente golpeada.
“Pasamos más de media hora desangrándonos en el suelo, mientras la Policía, que estaba ahí, no hizo absolutamente nada”, relata Chavarría.
El abogado que representa a la familia, Blas Jesús Imbroda, asegura que no fue un acto aislado, sino una agresión planificada para instaurar el terror como método de control electoral.
“Ese día no sólo atacaron a una familia, atacaron la posibilidad misma de ejercer la ciudadanía en libertad”, sostuvo durante la audiencia pública ante la Corte IDH, el pasado viernes 27 de junio.
Una vida marcada por la persecución política
La historia de persecución contra la familia Chavarría Alonso no comenzó en 2008 ni con el retorno de Ortega al poder. Según relató Jaime Chavarría, su militancia en favor de la democracia y los derechos humanos le acarreó represalias incluso durante la dictadura somocista, pero fue bajo el primer régimen sandinista —en los años ochenta— cuando la represión alcanzó niveles insoportables. En esa época, Chavarría fue detenido arbitrariamente por órdenes directas de Tomás Borge, entonces ministro del Interior.
“Salíamos de la Redacción de LA PRENSA, donde hacíamos denuncias, y ahí estaban esperándonos. A mi familia la llevaron varias veces a la delegación policial, sin agua ni luz por dos años. Mis hijos eran muy pequeños. Uno de ellos dejó de hablar por la conmoción, después que le pusieron una pistola en la sien a su mamá”, recordó.
En una de las fotos que aún conserva, aparece su hija menor en brazos de su esposa, saliendo de LA PRENSA tras presentar una denuncia.
Chavarría sostiene que la entonces funcionaria Aminta Granera —quien más tarde dirigió la Policía Nacional— era en ese tiempo jefa de la Dirección de Información y Análisis del Ministerio del Interior, y tenía conocimiento pleno de las acciones de represión. “Trabajaban colegiadamente con Tomás Borge y con Lenín Cerna. Todo estaba estructurado”, denunció.
“Una masacre planificada” en 2008
Años más tarde, durante el proceso electoral de 2008, la familia volvió a ser blanco de la violencia política. Lo que debía ser una jornada ciudadana de verificación, terminó en lo que Chavarría describe como una “masacre planificada”. Él, sus hijos y su yerno fueron interceptados por una turba de miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), armados con tubos, machetes y adoquines.
“Había una orden de matarnos. Y la Policía estaba ahí. No sólo no intervinieron: eran cómplices”, afirma.
Según su testimonio, los responsables del centro de verificación, identificados como operadores del Frente Sandinista, impidieron el registro de cientos de ciudadanos. Al intentar documentar la irregularidad, vino la agresión.
“Mi hija menor terminó con la columna vertebral fracturada, otro hijo con heridas profundas en la cabeza, y todos golpeados. Incluso nos amenazaron con desaparecer el caso si insistíamos en denunciar”, relató.
Persecución extendida a hijos, nietos y hasta la fe
La agresión no fue el fin del hostigamiento. La familia ha sido objeto de una persecución sistemática durante más de 15 años. En su testimonio ante la Corte IDH, Chavarría relató cómo incluso sus nietos han sido víctimas. Una de ellas, Camila Monserrat, fue acusada a los 5 años en su clase de ballet por “ser nieta de opositores” y por supuestamente haber dicho que “Ortega es un asesino”. Según contó, el Ministerio de la Familia intentó arrebatarles la custodia, lo que obligó a los padres a huir del país.
Su hijo mayor, Jaime Antonio, también tuvo que exiliarse tras múltiples intentos de secuestro y golpizas. “Sólo por llevar mi nombre lo buscaban para agredirlo”, dice Chavarría.
También denunció una persecución religiosa. “Somos católicos, y por profesar nuestra fe también nos atacaron. Rosario Murillo se ha declarado miembro del Congreso Mundial de Brujos. Para nosotros esta es una batalla espiritual, además de política”, aseguró.
El costo del exilio
En 2021, mientras impulsaba su caso ante el Sistema Interamericano, Chavarría recibió advertencias confiables de que sería encarcelado si regresaba a Nicaragua. Decidió exiliarse con parte de su familia. “Aquí en Estados Unidos el título se guarda, y uno sale a buscar los frijoles donde pueda. Pero no hemos dejado de luchar. Seguimos documentando, denunciando y construyendo el expediente que la dictadura no quiere que exista”, expresó.
Jaime Chavarría es economista y administrador, con estudios en el Incae. Sus hijos también son profesionales, pero todos han tenido que empezar de cero en el exilio. Asegura que el régimen los condenó a una “muerte civil”, impidiéndoles incluso trabajar en el sector privado. “Nos cerraron las puertas, no por ley, sino por miedo. Hasta los empresarios tenían temor de contratarnos”, señaló.
Del caso de 2008 a la reelección inconstitucional de Ortega
La denuncia que llegó a la Corte IDH no es solamente por los hechos de 2008. La familia también presentó una demanda contra la reelección inconstitucional de Ortega en 2011, por considerar que no solo se violó el derecho de los candidatos, sino el derecho de toda la ciudadanía a vivir en un Estado de derecho. “El sistema entero se coludió para legalizar lo ilegal: la Corte Suprema, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía y la Asamblea. Todos actuaron como engranajes de una maquinaria de impunidad”, argumentó.
Ese caso, actualmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, está en su fase final. Chavarría espera que también llegue a la Corte.
“Ya lo hemos demostrado: Ortega es ilegítimo desde 2011. Y si logramos una resolución que lo declare así, ese precedente servirá para todos los que han sido víctimas del poder arbitrario”, afirma.
“El expediente que no pudieron borrar”
Durante casi dos décadas, la familia Chavarría ha documentado agresión tras agresión. Cada ataque ha sido incluido en un voluminoso expediente que hoy reposa en la Corte IDH.
“Querían que nos calláramos, que retiráramos la denuncia. Pero no lo lograron. Lo que no pudieron destruir fue nuestra fe, nuestra dignidad y nuestra decisión de no rendirnos”, señala Chavarría.
Para él, el proceso judicial no es solo un reclamo familiar, sino una acción colectiva. “No luchamos sólo por nosotros. Luchamos por toda Nicaragua. Porque si nuestra causa prospera, eso abre una puerta para que muchos más también puedan exigir justicia”.
