La decisión de la Organización de los Estados Americanos de volver a ocuparse colectivamente de la crisis nicaragüense abre una puerta que durante mucho tiempo parecía cerrada. Es razonable recibirla con esperanza. Pero también sería prudente acompañar esa esperanza con una pregunta que nuestra propia historia nos obliga a formular: ¿bastan unas elecciones para reconstruir una democracia?
Mi respuesta no pretende ser un no. Tampoco un sí. Precisamente porque Nicaragua necesita volver algún día a unas elecciones libres y auténticas, quizás deberíamos preguntarnos qué tendría que acompañarlas para que sus resultados puedan sobrevivir. La resolución de la OEA del 2 de octubre plantea un proceso diplomático con responsabilidades y plazos y habla expresamente de instituciones democráticas y de elecciones libres, justas e inclusivas.
Ya vivimos una experiencia que merece ser examinada sin simplificaciones.
En febrero de 1990, Violeta Barrios de Chamorro derrotó electoralmente al Frente Sandinista y el poder presidencial fue transferido pacíficamente. Aquello fue extraordinario en un país que salía de una revolución y de una guerra. Pero la transición estuvo acompañada de acuerdos dirigidos también a evitar una nueva confrontación: Humberto Ortega permaneció al frente del Ejército y estructuras importantes del Estado continuaron bajo fuerte influencia sandinista. Pocos días después de reconocer la derrota electoral, Daniel Ortega pronunció su conocida frase: «Vamos a gobernar desde abajo».
Sería demasiado sencillo juzgar hoy aquellas decisiones sin recordar las circunstancias. Nicaragua venía de una guerra que había costado demasiadas vidas, y la prioridad inmediata era preservar la paz. La permanencia de Humberto Ortega al frente de las Fuerzas Armadas formó parte de una transición extremadamente delicada, en la que también se buscaban la desmovilización y la reducción del Ejército. Pero precisamente por eso aquella experiencia plantea una pregunta todavía vigente: ¿qué ocurre cuando cambia el gobierno, pero algunas de las estructuras fundamentales del poder no cambian al mismo ritmo?
Años después apareció otro problema. El acuerdo político conocido como el pacto Alemán-Ortega modificó las reglas electorales y amplió la influencia de liberales y sandinistas sobre instituciones importantes. El Centro Carter describió aquel pacto como un arreglo mediante el cual ambas fuerzas ejercían influencia sobre el Parlamento, los nombramientos judiciales y otras instancias del Estado. Entre sus consecuencias estuvo la modificación de la regla para ganar la Presidencia: 40 por ciento de los votos, o 35 por ciento si existía una ventaja de al menos cinco puntos sobre el segundo candidato. Bajo esas reglas Daniel Ortega regresó a la Presidencia en las elecciones de 2006.
No menciono estos hechos para distribuir retrospectivamente culpas. Me interesa una pregunta diferente: ¿qué aprendimos?
Tal vez uno de los errores consiste en imaginar la democracia principalmente como un procedimiento para escoger gobernantes. Las elecciones son indispensables, pero una democracia requiere también libertades, pluralismo político, Estado de derecho, separación de poderes e instituciones capaces de limitar a quien ejerce temporalmente el gobierno.
Eso vuelve particularmente interesante la discusión reciente sobre el Ejército de Nicaragua.
Félix Maradiaga ha planteado que el Ejército deberá decidir si será parte del problema o de la solución. La frase merece atención, pero también otra pregunta: ¿qué significa exactamente que unas Fuerzas Armadas sean «parte de la solución»?
Si significa que el Ejército debe decidir quién gobierna Nicaragua, estaríamos sustituyendo un problema por otro. En una democracia, los militares no deberían escoger gobernantes, diseñar transiciones ni arbitrar disputas políticas.
Pero existe otro significado posible: que las Fuerzas Armadas se sometan estrictamente a la Constitución, permanezcan fuera de la lucha partidaria y acepten que el poder político corresponde a los ciudadanos y a las instituciones democráticas.
No se trata solamente de una aspiración. La propia Constitución nicaragüense establece que el Ejército debe guardar respeto y subordinación a la Constitución y lo define como una institución «obediente y no deliberante».
Entonces la pregunta quizá no debería ser qué gobierno debe apoyar el Ejército, sino algo mucho más importante: ¿cómo conseguir que nunca tenga que apoyar políticamente a ninguno?
La nueva iniciativa de la OEA podría contribuir precisamente a ampliar la conversación más allá de una fecha electoral. El proceso aprobado contempla condiciones para que los nicaragüenses puedan ejercer sus derechos y determinar su futuro político mediante instituciones democráticas y elecciones libres, justas e inclusivas. Su eficacia dependerá, en buena medida, de la voluntad de los Estados miembros para convertir los acuerdos diplomáticos en acciones concretas.
Y acaso allí comienza la conversación que los nicaragüenses deberíamos tener.
¿Qué garantías necesitaría quien perdiera unas futuras elecciones para aceptar el resultado sabiendo que conservará plenamente sus derechos políticos?
¿Qué límites debería aceptar quien las ganara para no convertir la victoria electoral en propiedad permanente del Estado?
¿Cómo se reconstruirían un poder electoral y un poder judicial capaces de decirle no al gobernante de turno?
¿Cómo impediríamos que un pacto entre dos fuerzas poderosas volviera a distribuir instituciones como cuotas partidarias?
¿Qué papel correspondería a la Policía y al Ejército durante una transición?
¿Qué acuerdos serían necesarios para evitar la revancha sin convertir la reconciliación en impunidad o en conservación de poderes extraconstitucionales?
Y quizá la pregunta más difícil: ¿estamos dispuestos a defender para nuestros adversarios políticos los mismos derechos y límites institucionales que reclamamos para nosotros?
No tengo respuestas completas para esas preguntas. Desconfío, además, de quien pretenda tenerlas todas.
Pero nuestra historia tal vez nos haya enseñado que cambiar al ocupante del poder no necesariamente cambia la manera en que el poder funciona.
Una elección puede decidir quién gobierna.
Las instituciones determinan cómo puede gobernar, durante cuánto tiempo y cuáles son las cosas que ni siquiera quien gana tiene derecho a hacer.
Quizás allí debería comenzar esta vez la reconstrucción democrática de Nicaragua.
El autor es abogado con maestría en Administración y Especialización en Finanzas.
