El régimen de Daniel Ortega continúa inaugurando centros de servicios públicos en oficinas de organizaciones privadas confiscadas de facto. En esta ocasión le tocó el turno al Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), el cual la dictadura convirtió en un espacio que atenderá a personas con adicciones.
El Ministerio de Salud (Minsa) abrió este viernes dicho centro de rehabilitación en las oficinas privadas, ubicadas en el sector de Bolonia, y cuya personería jurídica fue cancelada en diciembre de 2018.
«Para atenderlos acá y brindarles atención con personal altamente capacitado que pueda ayudarles a ese proceso de recuperación e integración y que puedan dejar esa vida que están viviendo con alcoholismo y droga», dijo tras la inauguración la ministra asesora Carolina Dávila.
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Conservando el sello confiscatorio de los demás centros inaugurados, en la entrada principal el Minsa puso un letrero con la cara de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este sería el tercer organismo no gubernamental presentado como propiedad del Minsa.
«Las ideas no se quitan con robos»
Las anteriores inauguraciones fueron una casa materna en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y un centro de diabetología en las instalaciones que le pertenecen legalmente al Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade).
Cisas es la organización dirigida por la feminista Ana Quirós, quien actualmente reside en Costa Rica, después que la dictadura la expulsó del país por apoyar las protestas contra su administración en noviembre de 2018.
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Quirós, en entrevistas anteriores con LA PRENSA, sostuvo que esta confiscación representa un dolor, porque hay detrás 35 años de arduo trabajo. «A Cisas le quitaron los bienes de 35 años de trabajo. Trataron de borrarnos del mapa, pero no lo lograron, ni lo lograrán. Las ideas no se quitan con robos, expulsiones, ni agresiones. El trabajo en Nicaragua ha sido difícil, pero lo hacemos con grupos pequeños, también de forma virtual, con personas voluntarias recolectando información en la zona», dijo Quirós.
La dictadura canceló la personería jurídica al Cisas después de señalarlo de recibir y facilitar fondos para «alterar el orden público y realizar acciones para desestabilizar al país». Tras esta confiscación, la directiva del Cisas interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, sin embargo no ha habido una resolución.
