La dictadura de Daniel Ortega consumó y exhibió la confiscación de medios de comunicación independientes y ONG que han criticado las políticas públicas y el autoritarismo de su régimen. Con el tradicional color rosado de fondo, convirtieron instalaciones de Confidencial en una casa materna y ese mismo fin tuvo el edificio del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). Transformó Canal 100% Noticias en un centro de rehabilitación para alcohólicos, instaló la Universidad Campesina (Unicam) en el terreno del Instituto de Liderazgo de Las Segovias y en las oficinas del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) ahora opera un centro de diabetología. La firma en todas las instalaciones es una imagen de Ortega y Rosario Murillo.
Para estas «confiscaciones de facto», Ortega ha utilizado a instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa) y la misma Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN), para realizar programas, «revivir» los edificios que fueron arrebatos, el fin es «desarrollar esas acciones que aseguren la atención de las personas» y promover «la restitución de derechos» de la población, según ha insistido la primera dama designada y vocera del régimen, Rosario Murillo.
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Restituir derechos violando otros
A criterio del especialista en derechos humanos y abogado, Uriel Pineda, la restitución de derechos no es más que un concepto utilizado en esta materia, pero que a su criterio «ha vulgarizado Rosario Murillo» o al menos interpretado de forma antojadiza, pues considera que es irónico que se use por parte del régimen en esta situación de violación de derechos a la propiedad privada.
«Considerando que proviene justamente de la reparación del daño en materia de derechos humanos, para hablar de restitución de derechos, debe entenderse que hay un precedente que los violó. A ella (Murillo) le pareció un concepto bonito para referirse a la precariedad de la atención a derechos humanos en gobiernos que le precedieron», explica Pineda.
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La doctora Vilma Núñez, defensora de derechos humanos y presidenta del Cenidh —una de las ONG confiscadas por el régimen— manifiesta que lo que pretende el régimen con la creación de programas sociales en instalaciones «robadas» es lavarse la cara ante la comunidad internacional y ante la población.
«Lo que quieren es dar la idea de que se está garantizando el derecho a la salud de ciertos sectores de la población con la creación de estos centros, pero además quieren dar una imagen de buena voluntad ante la comunidad internacional, más no saben que es todo lo contrario, porque están utilizando propiedades robadas», señaló Núñez.
El verdadero sentido de las casas maternas
Según la Estrategia Nacional de Casas Maternas del Minsa, estos son albergues alternativos que sirven para hospedar a las mujeres de las áreas rurales en los días previos al parto y durante los primeros días de su puerperio o cuarentena para garantizar condiciones con las que en su entorno habitual no cuentan.
Sin embargo, el Minsa creó la Casa Materna Camila López, en las instalaciones donde operaba Confidencial, ubicado en una zona residencial en punto céntrico de la capital, una zona urbana que cuenta con varios hospitales tanto públicos como privados.
Haydée Castillo, quien fungió como directora de la Casa Materna de Ocotal en la década de los 90, considera «inaudito» la creación de una casa materna en un residencial de Managua, pues considera que el objetivo de estos es acercar el sistema de salud a las mujeres en lugares remotos donde los servicios del Estado no llegan.
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«Es inaudito construir una casa materna en un residencial donde las necesidades son incomparables con las que viven las mujeres en el norte, en el campo y la Costa Caribe. Por otro lado, construirla en un bien usurpado, robado a una empresa privada, cuando la familia dictatorial en vez de derrochar para uso personal el dinero procedente de nuestros impuestos y de la cooperación debía invertirlos en estos proyectos, pero que estén basados en un estudio de necesidades», argumentó Castillo.
Simbolismo partidario
El régimen no ha desaprovechado la oportunidad para rendir una especie de homenaje a figuras de luchas sociales de su partido, incluso cuando en sus antecedentes fueron contrarios a sus políticas de gobierno, como es el caso del fallecido presidente de la Asociación Nacional del Adulto Mayor (UNAM), Porfirio García, cuyo nombre lleva el Centro de Diabetología en la propiedad confiscada al Ipade.
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García fue un reconocido activista nicaragüense que lideró la lucha de los derechos de un segmento de adultos mayores. Su figura cobró relevancia por haber liderado, el 17 de junio de 2013, una protesta donde un grupo de ancianos se apostó en las afueras del Instituto de Seguridad Social (INSS) para exigir una pensión reducida de vejez. Se mantuvieron plantados ahí hasta la madrugada del 22 de junio, cuando turbas de la Juventud Sandinista, junto con policías y trabajadores de la Alcaldía de Managua agredieron sin piedad a los manifestantes, unos fueron apresados y varios vehículos desaparecieron, tanto las agresiones como los robos quedaron impunes a pesar de las denuncias. El caso es recordado como#OcupaINSS.
García, líder de la UNAM, olvidó el ataque del que fueron víctimas sus compañeros afuera de las instalaciones del INSS, y apareció el 24 de junio de 2013 como el invitado especial en la tarima, en un acto especial con Gustavo Porras y el presidente del INSS, Roberto López, para anunciar el inicio de diálogos y acuerdos entre este segmento de adultos mayores y el Gobierno. Ahí empezó a debilitarse su imagen bajo los cuestionamientos de la población que admiró su entereza y respaldó su lucha por los derechos de los adultos mayores.
En octubre de 2016, el gremio liderado por García realizó una caminata en la Avenida Bolívar para apoyar la candidatura presidencial de Ortega. García murió el 14 de octubre de 2018 como una figura tristemente célebre que polarizó el movimiento que dirigía y acabó consumido bajo la sombra del orteguismo.
La doctora Vilma Núñez, quien visitó a los ancianos durante la protesta de 2013, recuerda a Porfirio García como una persona que tiene el mérito de haber levantado la lucha de los adultos mayores por la pensión reducida, pero también lo recuerda como alguien que «de alguna manera traicionó a la juventud idealista que los defendió».
«La entrega de don Porfirio de la lucha de los ancianos al Gobierno contribuye a que se aprovechen de esta lucha y ahora se le haga un homenaje sin sentido con este centro de salud», valoró Núñez.
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Haydée Castillo considera que haber bautizado como Centro de Diabetología Porfirio García a las instalaciones del Ipade «es un premio a su lealtad a la pareja Ortega Murillo porque al final quedó del lado del régimen. Nada que asustarse, esa es una forma de operar de ellos premiando lealtades a la pareja dictatorial».
En el caso de Camila López, el nombre que lleva la casa materna inaugurada en las oficinas de Confidencial, las defensoras de derechos humanos aseguraron desconocer quién era. Sin embargo, distintos medios oficialistas mencionaron que se trata de una enfermera que se dedicó a atender a las mujeres embarazadas en este tipo de albergues.
Su hija, María José Mendieta López, estuvo durante la inauguración de la Casa Materna y se declaró «muy agradecida» porque el régimen haya puesto el nombre de su madre en dicho albergue para embarazadas. «Me llena de orgullo saber que se le está brindando un homenaje a mi querida madre», manifestó Mendieta.
Por su parte, Pineda considera que estos «homenajes» a personajes sociales, evidencian el afán desmedido del régimen por falsear la historia. «Esto es una muestra más de esa estrategia negacionista, el régimen pretende escribir la historia como le acomoda. Nombrar un centro como el líder de los adultos mayores es descaro y arrogancia, porque el problema de la pensión reducida persiste y la viabilidad del propio seguro todavía es agenda pendiente», argumentó.
Una nueva «piñata» solidaria
En 1980, cuando el Frente Sandinista asumió el poder tras la salida del país del también dictador Anastasio Somoza, Ortega y sus aliados confiscaron las propiedades y empresas de Somoza, así como la de todos los que consideraban sus allegados y cómplices. Sin embargo, esas propiedades jamás pasaron a manos del Estado y fueron distribuidas entre miembros del FSLN en calidad de propiedades asignadas. Este episodio es recordado como «la piñata».
Ante este acontecimiento y tomando en cuenta las nuevas confiscaciones del régimen orteguista en los últimos tres años a ONG y medios de comunicación independientes, surgen las interrogantes: ¿Por qué esta vez Ortega no repartió entre su familia estas propiedades? ¿Por qué no decidió venderlas?
Para la exguerrillera Dora María Téllez, lo que pretende el régimen es simular que hizo la confiscación de medios de comunicación y ONG justificada para un bien social.
«Es un mecanismo para tratar de engañar a nivel internacional, porque a nivel nacional nadie se engaña. Y ese robo de propiedades está tratando de ser encubiertas como que fueran obras sociales que además no tienen ningún sentido», expuso Téllez.
Pero además, según Téllez, lo que el régimen busca es dificultar que las ONG y medios de comunicación recuperen sus propiedades. «Cuando ellos los recuperen entonces el régimen va a argumentar que se están cerrando obras sociales», expuso.
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A criterio de la presidenta del Cenidh, Ortega optó por la creación de centros de atención a la sociedad en los edificios confiscados en primer lugar, para no dejar evidencia del delito a través de una obra social y, en segundo lugar, para involucrar al Minsa y a la UNAN en este «robo descarado».
«Es lo que hace todo delincuente, buscar como borrar el cuerpo del delito, hacer supuestas obras sociales para justificar el despojo y lavarse las manos. Por otro lado, utilizan a las instituciones para que funjan como actores en el robo de propiedades», expuso Núñez.
A criterio de Pineda, puede tratarse de una estrategia para intentar legitimar la arbitrariedad de las confiscaciones, aunque considera que «es un sinsentido porque es insostenible».
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«Cuando Hugo Chávez censuró a RCTV en Venezuela, argumentó la necesidad de crear un medio de comunicación estatal y por ello usurpó el espectro radio eléctrico para justificar la censura. Pero en el caso de Ortega, simplemente no hay explicación que lo justifique», señala Pineda.
Sobre la posibilidad de que las propiedades confiscadas sean devueltas a sus propietarios originales, y ante el posible reclamo de los beneficiarios de estas «obras sociales» impuestas por el régimen ante el cierre de las mismas, Pineda considera que la obligación de prestar servicios, por ejemplo, de salud por parte del Estado, no puede sustentarse en violaciones a derechos humanos.
«Si la necesidad existe, el Estado debe asegurar su satisfacción dentro del margen que brinda un Estado de Derecho. La actuación de un funcionario al margen de sus facultades legales acarrea responsabilidad y materialmente hay usurpación del dominio privado y al no haber base legal, la responsabilidad es más evidente», señaló Pineda.
