El Ministerio de Salud (Minsa) no tiene la facultad jurídica para alegar que cinco propiedades —del total que confiscó el régimen de Daniel Ortega a medios de comunicación y ONG en el 2018— le pertenezcan y pueda construir nuevos edificios en esos lugares, pese a que estos sean para un servicio público, declaró el abogado y especialista en derechos humanos, Uriel Pineda.
La aclaración de Pineda se da luego que el pasado 23 de diciembre el edificio del Canal 100% Noticias, Confidencial, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Fundación Popol Nah y Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) amanecieron con rótulos que dicen: «Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud».
«Es un nivel de descaro (del régimen) decir que aquí vamos a hacer tal cosa y va a pasar a propiedad del Minsa y el pueblo va a usarlo. Eso está en una dirección política, es una reacción del régimen a la denuncia pública de la usurpación ilegal de estos inmuebles», expresó el abogado.
El especialista explicó que de acuerdo con los artículos 4 y 12 de la Ley 290, Ley de organización, competencia y procedimientos del poder ejecutivo, el Minsa es considerado un ente centralizado, sin patrimonio ni personalidad jurídica por lo que es «imposible» que esas propiedades le «pertenezcan» a la institución pública.
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«Los Ministerios de Estado son entes centralizados, no tienen autonomía de ningún tipo, patrimonio ni personalidad jurídica propia», expone parte del artículo 4.
Régimen usurpa propiedades
Pineda aclaró que si bien el Estado puede expropiar y comprar inmuebles, estos deben pasar por un proceso legal que implica una indemnización, lo cual no ha habido en ninguno de los casos.
«Jurídicamente la propiedad tiene dos componentes. El dominio a quién le pertenece (el edificio) dentro de un Registro Público de Propiedad. Así que para que una propiedad pase a manos del Estado tiene que cumplirse el tracto sucesivo, es decir, que haya una relación dentro del Registro Público de la Propiedad y que la propiedad ‘X’ de la persona ‘A’ por medio de una compra-venta pasó a manos de B», explicó el abogado.
El experto señaló que jurídicamente hablando, el régimen tuvo que adquirir por medio de la compra-venta los cinco edificios y especificar que le pertenecen al Estado, y no al Minsa ya que la cartera de Salud no tiene personería jurídica como tal y no está facultado para realizar este tipo de procesos.
«Simplemente el Gobierno ha usurpado las propiedades de manera arbitraria, de forma ilegal, y si lo hiciera jurídicamente, tampoco le pueden pertenecer al Minsa. Es decir, el edificio pasaría —ya sea por compra-venta o expropiación— al Estado de Nicaragua, pero no al Minsa, por la naturaleza jurídica que tiene», aclaró.
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«El Gobierno por medio del poder ejecutivo es una sola persona jurídica, entonces no es que el Minsa pueda tener propiedades. Las tiene en todo caso el Gobierno de Nicaragua porque el Minsa es una autoridad centralizada, que no tiene patrimonio, y todo le pertenece al Ejecutivo y no tiene personalidad jurídica propia, que quiere decir que no tiene facultad para comprar por sí sola, y tiene que intermediar la Procuraduría General de la República para adquirir un inmueble», agregó.
«Es un chamarrazo»
En el 2018, el régimen orteguista canceló la personería jurídica a nueve organizaciones civiles y confiscó las oficinas de dos medios de comunicación debido a las denuncias de violaciones a los derechos humanos que los Ortega-Murillo ejercen desde que volvieron al poder en el 2007, pero que se recrudeció ese año ante la represión de las protestas antigubernamentales.
🔴URGENTE| no nos sorprende que el régimen Ortega Murillo haya puesto rótulo en las afueras de las instalaciones del @cenidh, esto lo estábamos esperando, tardaron mucho en hacerlo, ya se habían robado nuestra propiedad desde el 13 de diciembre del 2018. pic.twitter.com/k4YIhZSUkS
— Cenidh (@cenidh) December 23, 2020
Debido a este escenario, Pineda consideró que el rótulo donde se anuncia que las propiedades le pertenecen al Minsa es una «burla» y puede ser un «chamarrazo» ante las denuncias que se han hecho internacionalmente.
«Estamos ante un chamarrazo (…) Una cosa es que ellos pongan el rótulo como una burla a las organizaciones de sociedad civil y otra cosa es que los organismos civiles denuncian la usurpación ante organismos internacionales y el Gobierno puede lavar las manos diciendo que no es cierto, porque jurídicamente el Minsa no puede (adquirir propiedades)», dijo.
Pineda comparó la actual situación de estas organizaciones y medios de comunicación con la «piñata» ocurrida en los años 80, cuando el sandinismo se apropió de terrenos y casas de forma ilegal.
«¿Qué pasó en los años ochenta? El régimen ocupó muchas propiedades sin forma jurídica. ¿Qué pasó en los 90? Muchos propietarios pudieron recuperarlos justamente porque el régimen sandinista no dio forma jurídica a esas expropiaciones que hizo. Lo que hizo fue ocuparlas pero cuando ibas al libro del registro te dabas cuenta que le pertenecían a los dueños de siempre, entonces estamos ante la misma situación, el régimen sin forma legal está usurpando propiedad privada», enfatizó.
¿Aún se pueden recuperar las propiedades?
Para el abogado, hay dos situaciones que se pueden dar. La primera es darle una forma legal para formalizar la confiscación, pero eso debe pasar por la compra-venta de los edificios: «Pero como ninguna de esas asociaciones tiene interés de venderle al Gobierno sería una expropiación, y eso implicaría una declaratoria de utilidad pública y un pago de justa indemnización previa a la ocupación, aunque ya lo ocupen (las propiedades)», explicó.
Y la segunda, es iniciar una acción reivindicatoria para restablecer la posesión del inmueble. «Este escenario podría ser interesante porque estarían demostrando la complicidad que tiene el poder judicial ante la procedencia de esta acción ante un proceso de amparo, o dos, un juicio civil que les permita reivindicar su propiedad. Y si este proceso no prospera estarían evidenciando el acceso a la justicia, importante para el mecanismo de demandar al Estado internacionalmente», aseveró Pineda.
