Las violaciones a la libertad de asociación de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, así como de la ciudadanía en general, por parte del régimen desde su llegada al poder en 2007, fueron expuestas este miércoles por los organismos locales Fundación Popol Na y Fundación del Río, a través de la presentación de un informe en que detallan cuatro etapas en las que la dictadura de Ortega ha bloqueado este derecho.
En el informe denominado Análisis de la Libertad de Asociación en Nicaragua (2007-2020), ambos organismos locales exponen «los casos más ilustrativos que muestran la evolución sistemática de las violaciones al derecho de libertad de asociación en el país».
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En una primera etapa, comprendida entre los años 2007 y 2010, el informe refleja una caracterización de los discursos del régimen contra gobiernos liberales «para tratar de controlar políticamente» los fondos para el desarrollo que llegaban a las organizaciones sin fines de lucro alegando que las organizaciones no deben de intervenir en política.
En el inicio de esta etapa, el régimen empezó la violación a la libertad de asociación con la creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (CPC y GPC), a través del Decreto Presidencial 114-2007, del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, liderado por Rosario Murillo y posteriormente, en 2008, de la Juventud Sandinista, «para lograr la coordinación con todas las instituciones del Estado».
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«Con el tiempo quedó demostrado que fueron concebidos como mecanismos de control ciudadano y de segregación de la comunidad, entre los afines al régimen y los “enemigos”. Para los afines habría recursos y soluciones, para los enemigos vigilancia y represión», señala el informe.
Confiscaciones y cancelación de personerías jurídicas
El análisis agrega que en 2008 se da la confiscación por parte del Ministerio de Gobernación (Mingob) de libros contables y otros documentos del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), Centro de Estudios Internacionales (CEI) y de la Coordinadora Civil, después de apoyar la campaña de despenalización del aborto terapéutico que promovía el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM).
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También la cancelación de la personería jurídica de los partidos políticos Movimiento de Renovación Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC), previo a las elecciones municipales de 2008.
«En esta etapa se socava todo el modelo de participación ciudadana y se inician las primeras restricciones a las diversas formas asociativas, tratando de coartar, deslegitimar y disminuir sus capacidades de incidencia en espacios públicos y en las dinámicas políticas del país, tanto a nivel municipal como nacional», señala el análisis.
Aumento de la represión
Según el análisis, en una segunda etapa —que comprende desde el año 2011 al 2015— se observó un aumento de la represión, que estuvo dirigida principalmente hacia movimientos sociales que se manifestaron para resistir al «modelo hegemónico patriarcal que favorecía los procesos extractivos y de megaproyectos» que se venían consolidando.
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En esta etapa, Fundación Popol Na y Fundación del Río destacaron el caso de la protesta denominada como OcupaINSS, donde un movimiento de jóvenes universitarios se unió a un grupo de personas de la tercera edad que demandaban una pensión reducida de vejez que se les estaba negando.
«Los jóvenes que les apoyaban fueron violentamente agredidos por unos 200 encapuchados uniformados con camisetas de la Juventud Sandinista y por la Policía Nacional. Además del derecho a la libertad de asociación se violaron los derechos de movilización, libre circulación, libre expresión, libertad personal e integridad física y psicológica», señala en informe.
LA PRENSA/ARCHIVO
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En esta etapa también se incluyeron los actos de persecución contra miembros del Movimiento Campesino Anticanal, quienes realizaron más de 100 marchas en contra del proyecto del Gran Canal Interoceánico por parte del régimen.
Estas marchas estuvieron apoyadas por Fundación del Río, Fundación Popol Na, la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local y miembros del Grupo Cocibolca, quienes posteriormente recibieron «amenazas del Ministerio de Gobernación de quitarles su personería jurídica por acompañar al Movimiento Campesino». Cabe señalar que la amenaza se hizo efectiva en 2018.
Aumento de presiones a ONG
De 2016 hasta 2018, el documento de las dos organizaciones nicaragüenses señala que este periodo estuvo marcado por el incremento en las presiones contra organismos sociales por el acompañamiento a otros movimientos sociales.
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En esta etapa destacaron la expulsión del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en 2016, a quien el régimen acusó de «intromisión en política interna, financiamiento a partidos y tergiversación de datos de desarrollo» a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex).
Otro caso fue la acusación contra Charles Grigsby, representante de OXFAM Gran Bretaña en Nicaragua, a quien señalaron de realizar acciones de desestabilización contra el régimen. La Fiscalía, afín al orteguismo, acusó a esa entidad de financiar el desarrollo de actividades ilícitas, de desestabilización y lavado de dinero.
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Posteriormente el caso más emblemático ocurrió con el inicio de las protestas de abril de 2018, donde se cometieron múltiples violaciones por parte del régimen, que culminó con la cancelación de la personería jurídica de nueve ONG nicaragüenses que se sumaron a las protestas contra Ortega.
«En este contexto también se incluye las violaciones a la libertad sindical que se presentaron en el año 2017 para favorecer las empresas privadas y del Estado; la violencia desataca contra los movimientos autoconvocados que surgieron en abril de 2018 y las expropiaciones de sociedades comerciales», cita el informe.
Marco legal para justificar agresiones
La cuarta etapa analizada en el informe presentado este miércoles —que inició en 2019 y que continúa hasta la actualidad— se ha caracterizado por el aumento del «control, seguimiento, intimidación y restricción» por parte del régimen, del trabajo de organizaciones internacionales que tienen presencia en Nicaragua, a través de legislaciones como la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos.
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Una de las constantes en esta etapa ha sido la negativa a entregar los documentos que permiten la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro nacionales, «y una posterior cancelación de nuevas personerías jurídicas en el país, como creemos sucederá» y la falta de acceso a la justicia.
«La mayoría de los casos de violaciones a la libertad de asociación que se presentan frente a estas arbitrariedades en los tribunales, no han sido fallados haciéndose evidente una retardación deliberada de justicia, pese a que las organizaciones han cumplido con los procedimientos jurídicos establecidos y han agotado el debido proceso», indica el informe.
La directora de Fundación Popol Na, Mónica López Baltodano, dejó claro de que no existe la condición humana «si no podemos disfrutar de la libertad y del derecho de asociarnos con las demás personas».
«En Nicaragua el que te confisca, el que te amputa tus derechos y te declara agente extranjero, el que te acosa, te vigila, te persigue, te juzga, te condena y en la cárcel, te avasalla y te tortura, es el mismo que te impone sus leyes, te encarama impuestos injustos, desata la cacería fiscal, es el mismo que convoca a elecciones sin ninguna garantía y luego se las roba (…) todo ordenado de un solo lugar: El Carmen y la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo», declaró López Baltodano.
