Amenazas e insultos hacia sacerdotes católicos, empresarios y opositores fue el tono de una sesión supuesta a conmemorar el Día de los Derechos Humanos, que en la Asamblea Nacional fue convertida por los diputados orteguistas en un acto de proselitismo político.
Al hemiciclo del Legislativo fueron llevados, este 10 de diciembre, fueron invitados familiares de militantes sandinistas y de policías supuestamente lesionados y muertos durante las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018.
Solo permitieron la entrada a funcionarios como la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Darling Ríos, los miembros de la Comisión de Justicia conocida como «Comisión Porras», y policías activos que portaban fotografías de oficiales fallecidos en la jornada de represión contra las manifestaciones sociales. Los familiares víctimas de la represión como estudiantes, campesinos y ciudadanos asesinados durante las operaciones de policías y paramilitares no fueron tomados en cuenta por los parlamentarios fieles al dictador.
Porras contra sacerdotes y empresarios
La sesión fue para «las víctimas del terrorismo del 2018», pero solo hubo voces de policías y de familiares de los orteguistas. Nuevamente fue ignorada la Asociación de Madres de Abril (AMA), en la que se organizan a familiares de los civiles asesinados y de víctimas que sufrieron violaciones, torturas, detenciones ilegales y otros abusos por parte de policías y parapolicías en el contexto de la represión.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea, quien está sancionado por violaciones a los derechos humanos por su participación en la represión contra el pueblo, usó la tribuna para insultar y amenazar a sacerdotes, opositores y empresarios adversarios al régimen de Ortega.
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«Son lobos vestidos con piel de oveja», refirió Porras al acusar, sin presentar pruebas, de que sacerdotes católicos dirigieron agresiones en contra de sandinistas durante los meses de protestas en la ciudad de León.
«Se quitaron las máscaras. (…) Fueron vejados, torturados y golpeados por dizque religiosos, unos con sotanas y otros sin sotanas. Yo les decía, eso fue una tortura ecuménica. Son lobos vestidos con piel de oveja», afirmó Porras en el plenario.
Los personeros del régimen siguen la política de ataque en contra de los obispos y sacerdotes católicos. Los difaman como «golpistas», por la denuncia constante que han mantenido de los crímenes contra la población y las violaciones constitucionales desde que Ortega asumió el poder en 2007, en el que se ha mantenido a través de fraudes en las elecciones.
Porras dirigió los ataques hacia el sector empresarial, cuestionándoles su actual posición crítica, y los señaló que durante más de diez años se beneficiaron del crecimiento económico que tuvo Nicaragua.
La cúpula empresarial mantuvo un modelo de diálogo con la dictadura que priorizó la economía dejando a un lado la democracia y los derechos humanos, pero las principales cámaras rompieron con Ortega desde la sangrienta represión a las manifestaciones en 2018. El régimen acusa a los empresarios de haber financiado las protestas con ayuda del gobierno de Estados Unidos.
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«Que estén seguros que aquí no volverán los tranques de la muerte, que no volverán a vejar a ningún sandinista. Aquí se acabaron los patrones. (…)Y no es que seamos vengativos ni resentidos, simple y sencillamente somos seres humanos como aquel que se monta en un helicóptero para ir a su trabajo, bueno aquí (en el país) hay solos dos», dijo Porras.
Reiteró acciones para no perder el poder
Con el mismo tono de confrontación, del diputado Porras advirtió a los grupos opositores que la orden a la Policía es que no permitan las organizaciones de aquellos que para la dictadura, son una amenaza.
«(Esta) revolución nacional, sandinista, donde aquellos que quieren estar y participar en la política dentro de las normas y la leyes lo hagan. Pero aquel que quiere romper la Constitución, las normas y leyes no pueden hacerlo y para eso tenemos quiénes se encargan, que se respete el orden y la seguridad y es nuestra Policía Nacional», señaló Porras.
Reiteró el operador la posición del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), con las elecciones nacionales del 2021. «Nosotros no estamos disputando el poder. En 2021 no vamos a disputar el poder, vamos a defender, nos preparamos para defender la revolución», dijo.
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Los testimonios que sí permitieron
La inspectora de la Policía, Damaris Martínez Hernández, y la abuela de un simpatizante orteguista muerto, Manuela del Carmen Miranda, dieron su testimonio en el que no faltaron los epítetos comunes del régimen en contra de los opositores como «golpistas y terroristas».
La sesión parlamentaria fue una exaltación hacia la figura de los policías, principal órgano de represión que usa el dictador Daniel Ortega para mantenerse en el poder. Su principal representante fue comisionado general y Subdirector de la Policía, Ramón Avellán, uno de los señalados como de los principales responsables de la masacre contra la población en conocida como «Operación limpieza», en la que participaron parapolicías quienes con armas de alto calibre asesinaron al menos 38 personas entre junio y julio del 2018.
La sanción impuesta por Estados Unidos al comisionado Ramón Avellán se sustenta en que dirigió la «Operación Limpieza» para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes en Masaya y Monimbó, que provocaron 107 muertes y cientos de heridos.
Más de 300 nicaragüenses, la mayoría civiles y 22 policías murieron durante la jornada sangrienta ordenada por Ortega en contra de las manifestaciones sociales en todo en el 2018. Las violaciones a los derechos humanos persisten al negarse las libertades fundamentales y persistir arrestos ilegales de opositores.
