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CONTENIDO EXCLUSIVO.El orteguismo usa personajes como “víctimas” en los juicios políticos en los que se condena a reos de conciencia. Suelen ser policías orteguistas o civiles que laboran para instituciones estatales o empresarios y fanáticos que simpatizan con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En algunas ocasiones también usa a ciudadanos sin afinidad política —con su consentimiento y a veces sin el mismo— para apresar, procesar y condenar a los opositores.
Luego que iniciaran las protestas en abril de 2018, las capturas de opositores al régimen por parte de oficiales de la Policía con la ayuda de paramilitares fueron masivas e ilegales. Más que detenciones, eran secuestros, sin asidero o sustento legal.
El modus operandi acusatorio del Ministerio Público era el mismo en todos los casos: terrorismo, asesinato, obstrucción de funciones públicas, tráfico de armas, entre otros. La “víctima” era el Estado, representado por la Procuraduría General de la República (PGR).
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Más de 800 ciudadanos fueron secuestrados por operativos de civiles armados por la dictadura y la Policía Orteguista, para encarcelarlos. En algunos cosas incluso, como el de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, ni siquiera hubo juicio. Pasaron seis meses encarcelados por capricho político de la dictadura.
“En este momento los presos políticos enfrentaron al triángulo perverso constituido por la Policía, que captura e investiga; después está el Ministerio Público, que acusa con la información que la Policía le suministra y ya terminando, el Poder Judicial, que ya sería el juez que condenaba, en la mayoría de los casos, sin existir pruebas y evidencias en contra de los acusados. En todos estos procesos se observaron varios matices, como que en su mayoría las víctimas eran oficiales de Policía, el Estado de Nicaragua como tal y también trabajadores de las distintas alcaldías sandinistas del país”, precisó la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, activista y defensora de presos políticos.
“Víctimas” de opositores también son empleados de empresas afines a la dictadura
El régimen también hizo uso como supuestas víctimas a civiles que laboran para empresas que tienen vínculos comerciales con la familia Ortega-Murillo. “Estas son empresas de seguridad que en muchos de los casos eran las que aparecían como víctimas. Recuerdo también a una empresa de taller de mecánica que en un juicio se le abordó sobre a quién le prestaba su servicio. Esa supuesta víctima no dudó en decir que sus mayores proveedores y sus mayores clientes era el Gobierno; entonces miraba que en los patrones en cuanto a las víctimas había un nexo con el Gobierno, siempre había un enlace que te hacía suponer de que esta persona ya estaba dirigida para hacerse la víctima y poder criminalizar a la persona que estaba siendo acusada”, señaló Oviedo.
El abogado de presos políticos Julio Montenegro ha procurado desenmascarar a las supuestas víctimas que acusan a los reos de conciencia al preguntarles durante los juicios sobre su afinidad política y ha luchado por evitar que se formen jurados de conciencia compuestos por solo por orteguistas, con el fin de que sus clientes puedan recibir una valoración imparcial.
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La CPDH ha intervenido en 131 procesos judiciales contra presos políticos que representan 261 acusados. Oviedo no descarta que reos de conciencia hayan sido simplemente inculpados por delitos comunes que no cometieron.
Personas comunes utilizadas por la dictadura
Los defensores de presos políticos no descartan que también ciudadanos sin afinidad política, que en algún momento fueron víctimas de delitos comunes, sean utilizados por el régimen para acusar a reos de conciencia con su consentimiento y, en otros casos, desconociendo el historial del opositor señalado por la PO de ser el autor de los hechos.
“Al momento de evacuar la prueba en juicio, nosotros podíamos observar las gigantescas contradicciones que existían con la prueba; los testigos se contradecían, los hechos eran inverosímiles, la insuficiencia de pruebas en muchas ocasiones y pese a todo esto, la Fiscalía faltando al principio de objetividad y legalidad pedía fallo de culpabilidad, y el juez sin mayor explicación emitía un fallo de culpabilidad, un fallo injusto”, relató Oviedo.
Una muestra de la víctima orteguista
Por ejemplo, la PO vinculó a reos de conciencia con un robo agravado. Para Oviedo, el hecho “no tenía ni pies ni cabeza y estaba mal montado”, ya que las supuestas víctimas eran unos cambistas de moneda extranjera, conocidos como “coyotes”, quienes supuestamente habían sido asaltados en el sector del barrio Carlos Marx, en julio del 2018.
Para la abogada, este hecho era inverosímil porque en estos momentos había presencia policial permanente luego de la masacre contra la familia Pavón en ese sector y las personas no se estaban arriesgando a laborar por la violencia de los operativos paramilitares que se daban con impunidad en las principales ciudades del país.
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El caso del tiktoker antiorteguista
También llamó la atención el caso del taxista José de la Cruz Usaga, quien interpuso una denuncia en la PO contra Kevin Monzón, un joven opositor que hace críticas a la dictadura usando la red social Tik Tok.
Este dijo a los uniformados que el joven sostuvo una discusión con él y luego lo amenazó con un cuchillo cuando lo trasladaba en su taxi. Sin embargo, en el juicio no pudo demostrar los hechos y Monzón fue declarado inocente, un caso inusual en medio de tantas condenas judiciales contra ciudadanos que dejan claro su repudio a la dictadura.
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“La situación pudiera ser que, o se da el delito y se inculpa a otro ciudadano, o bien no se da el delito y se inculpa a algún ciudadano, eso de acuerdo con las informaciones que nosotros recabamos a través de las denuncias y las pruebas documentales. Hipotéticamente, podría ser de que el hecho se dio y lo cometió otra persona o el hecho no se dio y se buscó a un responsable de ese hecho no acontecido”, consideró Montenegro sobre la posibilidad de inventar delitos para culpar a opositores a la dictadura.
Víctimas circunstanciales
En el perfil de las víctimas de reos políticos también se han dado casos de ciudadanos que han denunciado delitos comunes en contra de sus propios familiares. Sin medir las consecuencias y sabiendo que el poder judicial es un arma política de la dictadura, las hijas del preso político Alcides Zeledón interpusieron una denuncia contra su progenitor, lo que fue aprovechado por el régimen para castigar al opositor y mantenerlo encarcelado, pese a que las mismas hijas retiraron la denuncia y pidieron su libertad.
“La Policía de allí se aprovechó para crearle el expediente. El Ministerio Público lo acusa y resulta condenado por la juez por amenazas e intimidación contra sus hijas. Ahora sucede que las hijas quieren que se le otorgue el beneficio de suspensión de pena y hay un obstáculo del aparataje judicial en no acceder a la petición que están haciendo las propias víctimas; estamos viendo que este es un delito menos grave, en el que cabe la posibilidad de que le sea otorgado el beneficio, pero existe una negativa del sistema judicial en dejarlo libre. Ya este caso se trasladó a la parte política y no es liberado por esas razones”, señaló Oviedo.
“Víctimas farsantes”
Norwin Cruz Ponce, abogado de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), ha defendido a presos políticos y esta experiencia le ha permitido perfilar a las supuestas víctimas como “farsantes, afines a la dictadura”. Advirtió que estos llegan a los procesos judiciales, en muchos casos, a mentir.
“Hay un delito que se llama falso testimonio. Entonces se supone que si ellos están bajo promesa de ley, deberían de decir la verdad; si no llegaron a decir la verdad, pueden ser fácilmente procesados. El problema es que esos delitos, como son delitos menores, tienen un tiempo de prescripción menor que otros, entonces si esta vaina (el control de la dictadura del Poder Judicial) se tarda mucho tiempo pueden prescribir”, explicó Cruz.
“En algunos casos (las supuestas víctimas) han llegado incluso hasta con camisetas con la propaganda del Gobierno, entonces no lo disimulan ni lo quieren ocultar, en muchos casos hemos visto víctimas que han llegado con la camiseta de una institución del Estado, entonces ni siquiera lo ocultan. Nosotros al abordar a la víctima nos damos cuenta desde su actitud, desde su lenguaje corporal, de que hay una intención, una saña de querer comprometer a estas personas (presos políticos)”, finalizó la abogada Oviedo.