A un año de que el régimen de Daniel Ortega cometiera el crimen atroz de quemar viva a una familia entera en el barrio Carlos Marx, los familiares y defensores de derechos humanos exigen en la nueva Nicaragua que los responsables de este hecho reciban todo el peso de la ley.
“Eso fue el hombre (Ortega) que mandó a matar a esa familia, fueron los paramilitares con la Policía porque nosotros vimos el hecho. Yo siento amargado mi corazón pensando qué triste fue el sufrimiento de ellos cuando estaban pegándoles fuego”, expresó a LA PRENSA una tía de Mercedes Raudez, una de las víctimas del incendio.
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Óscar Velásquez Pavón (46 años), su esposa Maritza López Muñoz (46 años), su hijo Alfredo (26 años), la esposa de este último, Mercedes Raudez Álvarez (20 años) y sus dos hijos menores: Matías Eliseo Velásquez Raudez, de cuatro meses de edad, y Daryeli Osmary Velásquez Raudez, de 3 años, fueron las víctimas fatales de aquella tragedia que conmocionó a Nicaragua hace exactamente un año.
El familiar de Raudez, quien prefirió mantenerse en anonimato por miedo a represalias, manifestó que no acepta ninguna otra versión de los hechos ni que el dictador Ortega quiera lavarse las manos con la Ley de Amnistía, mejor conocida como Ley de Autoamnistía.
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“Ni un presidente hemos visto que ha mandado a quemar a una familia y luego echar la culpa a otra gente”, expresó indignada la fuente.
Luego de aquel horrendo crimen, el régimen de Ortega mantuvo asedio contra dos sobrevivientes, uno de las cuales debió huir de Nicaragua. Luego este regresó y cambió su versión, pese a que el día que su familia fue quemada transmitió un video por Facebook donde culpaba directamente a la dictadura.
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Una prima de Raudez, quien también prefirió no identificarse, exigió justicia para su familiar y las demás víctimas, y responsabilizó al régimen orteguista de los daños. “Algún día él va a pagar como responsable de los hechos.
Esperamos en Dios que pague por lo que hicieron porque no merecían morirse así”.
La mujer confirmó que los únicos que se encontraban rodeando la casa de la familia Velásquez López al momento del incendio fueron los parapolicías y la PO, quienes amenazaron con armas a los pobladores que querían salir de sus casas para ayudar a las víctimas.
“Nosotros teníamos la esperanza, porque esa casa tenía salida por atrás, de que habían salido por detrás, pero no salieron. Mientras se incendiaba no hacía nada (la Policía) y me pregunto, si ellos no fueron por qué no ayudaron si se oían los gritos. Si la población hubiera salido en ese momento esa familia estuviera viva”, lamentó.
Acusado de incendiar la casa era amigo de la familia
Amílcar Antonio Cortés Valle, uno de los acusados sin pruebas por la PO de ser responsable de este crimen, era amigo de la familia y visitaba la misma iglesia evangélica.
“Los videos están claros y no es lo que nosotros digamos, es lo que demostramos. Ahí se ve (en los videos) la caravana, se escuchan los tiros y ellos (la Policía) no contaron con eso, hicieron algo solo por lavarse las manos”, expresó.
Los familiares de Mercedes Raudez Álvarez aseguraron que Cortés Valle es inocente y que conocía a la familia.
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“Yo desde el primer momento en que salí di gracias a Dios y fui a poner mi frente en alto y dar mi cara delante de toda Nicaragua para decir que soy inocente de lo que se me acusa. Todavía sigo sin entender por qué quisieron inculparme a mí”, afirmó el excarcelado político, que fue liberado por el régimen tras la aprobación de su autoamnistía.
Uno de los crímenes más atroces
Marcos Carmona, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), señaló que el incendio en el barrio Carlos Marx, en Managua, quedará registrado en la historia del país “como uno de los crímenes más atroces que los nicaragüenses vivimos en carne propia y que no se pudo auxiliar a la familia”.
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Para el defensor de derechos humanos, la PO y los parapolicías trabajaron en conjunto con “premeditación, alevosía y ventaja”.
Al respecto, Vilma Núñez, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), coincidió en que este hecho es uno de los peores crímenes que se dieron en el contexto de las protestas cívicas del 2018, y de los que ha utilizado el régimen orteguista para manipularlo.
“Este crimen terrible ha sido uno de los más perversamente manipulados por la dictadura. Se tiene que conocer la verdad. Atrás quedarán las maniobras y manipulaciones”, declaró Núñez.
Luchar por alcanzar justicia
Tanto Núñez como Carmona están claros que por el momento no se obtendrá justicia por las más de 325 muertes que ha dejado la represión de Ortega, pero sí saben que necesitarán documentar todos los casos para que cuando exista democracia en Nicaragua, la cúpula del régimen orteguista “sea puesta en el banquillo de los acusados”.
“Lo que hay que hacer es documentar y no perder el tiempo para que las evidencias no se borren ni se olviden.
Tenemos que luchar para que estos crímenes no queden en la impunidad”, dijo Núñez.
Tras lograr cambiar la versión de una de las sobrevivientes de la masacre, una maquinaria de la Alcaldía de Managua se movilizó hacia la vivienda siniestrada y comenzó a limpiarla, en un intento por borrar las huellas de la tragedia.
“Cuando tengamos un Estado de Derecho y funcionarios comprometidos con la Constitución, la Ley y el pueblo se hará justicia… el próximo gobierno está en la obligación de derogar la Ley de Amnistía, (y) esperamos que estos crímenes que se cometieron se haga justicia”, dijo Carmona.
El defensor de los derechos humanos dijo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero para que el régimen orteguista pueda ser acusado a nivel internacional primero debe agotarse la justicia nacional. “Nicaragua está suscrito a convenios internacionales, por eso no van a prescribir (los crímenes de lesa humanidad)… entre más evidencia hay, más oportunidades puede haber, una vez que los procesos internos se agoten, poder elevar esto a nivel internacional”, precisó.
El día de la masacre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, calificaron la quema de esta familia como un crimen de lesa humanidad.
“Nosotros nunca hemos simpatizado con ningún partido político, peor sandinista, y quien mató a mi padre, a mi madre, a mi hermano y a mis sobrinos, fueron las turbas sandinistas y la Policía. Nosotros somos testigos donde ellos le pegaron fuego a la casa, ellos (víctimas) querían salir y ellos (turbas) apuntaban con AK-47 disparando para que no se salieran, hasta esperaron que se quemara la casa para irse”, señaló llorando Óscar Pavón, hijo de uno de los fallecidos, el día del crimen.
Familiares niegan otra versión
Los familiares de Mercedes Raudez rechazan el video del régimen orteguista donde presenta a Cinthia Velásquez López, una de las sobrevivientes del incendio, desmintiendo que el régimen sea el responsable de la tragedia y acusa al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y medios independientes de manipular la información.
Al momento de los hechos, el 16 de junio de 2018, Cinthia dijo a través de un video en vivo en Facebook que maldecía a Daniel Ortega y lo culpó de ser el responsable del crimen. “Maldigo a Daniel Ortega, a su familia y a toda su descendencia”, expresaba llorando mientras sus padres y restos de familiares eran consumidos por las llamas.
Por su parte, la prima de Mercedes Raudez desconoce el motivo de esa actuación y afirmó que no mantiene contacto desde que ocurrió el incendio. “Todo lo que ellos hablaron los primeros días así fue, yo no sé lo que pasó después que salieron hablando, no entiendo yo”, agregó.