El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido al restringir y criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas independientes en dicho país.
En la petición se consideran como víctimas de diversos actos de represión y violencia efectuados por agentes estatales y grupos parapoliciales, a 39 personas que incluyen: los directores, periodistas y trabajadores de Radio Darío, 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, y Radio La Costeñísima.
Uno de los medios de comunicación que fue fuertemente atacado por la dictadura Ortega-Murillo – al punto de ser confiscado – es el canal 100% Noticias. El régimen además mantuvo preso durante seis meses a su propietario y jefa de información, Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau respectivamente. Ubau ha logrado mantener dicho noticiero en las redes sociales con la colaboración de varios periodistas.
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Señalan abusos del régimen
En el documento de la organización Raza e Igualdad, se narran distintos hechos que incluyen actos de agresión física, amenazas de muerte, detenciones arbitrarias, vigilancia constante, despojo, robo o destrucción de sus equipos, así como allanamientos y ocupaciones ilegales de bienes de las víctimas; además evidencia el ejercicio arbitrario por parte del Estado en sus tres ramas de poder, como consecuencia, entre otras cuestiones, de la falta de independencia del Poder Judicial y de otros órganos públicos.
También describen los distintos procesos judiciales interpuestos por 100% Noticias, Confidencial y Esta Semana, con el fin de obtener justicia y reparación por las violaciones a las que han sido sometidos, y las razones por las cuales Radio Darío y Radio La Costeñísima se vieron obligadas a desistir de las mismas.
Adicionalmente la organización internacional pone en evidencia cómo el Estado ha adoptado una legislación que, bajo la apariencia de legalidad, ha sido utilizada para restringir de manera ilegítima los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, como la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” (Ley contra el Terrorismo), aprobada en julio de 2018. Y como esta práctica se profundiza con la aprobación de la reciente “Ley de regulación de agentes extranjeros” y la “Ley especial de Ciberdelitos”.
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Exhortan a medidas de reparación
Raza e Igualdad pide a la CIDH que declare la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, de los derechos a la libertad de expresión, asociación y derechos políticos, de la libertad personal y el principio de legalidad, de los derechos a la vida e integridad personal, del derecho a la protección de la honra y dignidad, del derecho a la propiedad privada, y de los derechos a la libre circulación y residencia, todos ellos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
La petición también brinda a la CIDH la posibilidad de recomendar al Estado de Nicaragua la adopción de medidas de reparación para las víctimas, así como medidas de no repetición para garantizar que las violaciones a los derechos humanos denunciadas no se repitan.
Sin embargo, el dictador ha puesto oídos sordos y menospreciado lo señalado por organismos internacionales. Como prueba de esto es que en diciembre de 2018 expulsó de Nicaragua a miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), luego que estos brindaran un informe sobre la investigación acerca de los asesinatos ocurridos en el período del 18 de abril al 30 de mayo. También expulsó a miembros del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la CIDH.