La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo está dando el “golpe de gracia” a los edificios que confiscó desde hace más de dos años, Confidencial y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), al destruirlos para aparentemente construir centros de salud.
En diciembre de 2020 el régimen mandó a ubicar rótulos con la leyenda: “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud (Minsa)” en los edificios del Canal 100% Noticias, Confidencial, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Fundación Popol Nah, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) —medios de comunicación y ONG confiscados por el régimen de Ortega—.
«Supimos que están haciendo una demolición, en el primer momento creíamos que era de la parte externa, pero después pudimos comprobar a través de videos que nos mandaron que estaban demoliendo la parte interna. No nos sorprende porque esto ha sido la comisión de un delito continuado, hablando en términos penales, cometida precisamente por la dictadura Ortega-Murillo con autores materiales directos como son el Ministerio de Gobernación, la Asamblea Nacional y la propia Policía», cuestionó doña Vilma Núñez.
Núñez detalló que el edificio donde funcionaba la sede central del Cenidh fue comprado en 1991 con fondos de la organización no gubernamental Pan para el Mundo, de las iglesias Evangélicas Regionales y Libres de Alemania a doña Esperanza Bermúdez de Morales. “No nos van a callar a pesar de este despojo y este asalto a mano armada”, advirtió.
Contra Confidencial
En las redes sociales circulan fotografías que muestran varia bolsas con basura en el parqueo del edificio confiscado por el régimen donde funcionaba Confidencial. El lugar está custodiado por oficiales de la Policía Orteguista, quienes evitan el acceso de los periodistas de medios de comunicación independientes.
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“Lo único que sabemos es lo que está ahí, que han estado removiendo cosas que estaban adentro y que han estado entrando y saliendo camiones, pero la fotografía registra que están esos promontorios de bolsas para basura y también hay un guardia armado afuera, no es posible saber lo que está ocurriendo adentro”, denunció Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial.
En ese momento Chamorro, a través de la red social Twitter, cuestionó que “Ortega ejecuta la confiscación de facto de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, pero nunca podrá confiscar el periodismo, ni matar la verdad. También confisca propiedades de organizaciones no gubernamentales, viola su propia Constitución y anula a la Corte Suprema”.
CIDH contra confiscaciones
Cuando los dictadores enviaron a poner los rótulos en los edificios confiscados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció desde su cuenta de Twitter y afirmó que la colocación de carteles a las ONG y medios de comunicación independientes «formalizarían la confiscación ocurrida desde 2018».
En esa línea, el organismo internacional de derechos humanos advirtió que los hechos se enmarcan en un «contexto de intensificación de restricción a las libertades civiles, cierre acelerado de espacios democráticos y deterioro de garantías a los derechos humanos».
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Abogados han advertido que el Minsa no tiene la facultad jurídica para alegar que las cinco propiedades confiscadas por el régimen le pertenezcan y pueda construir nuevos edificios en esos lugares, pese a que estos sean para un servicio público. Los afectados por la dictadura han interpuesto recursos legales ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para recuperar sus bienes, pero estos no se han pronunciado y han guardado un silencio cómplice de los abusos del régimen.
