«Ortega no se debería de confiar», consideran analistas políticos en relación con la pausada reacción de los países que conforman la Unión Europea (UE) a los abusos de la dictadura nicaragüense, ya que «tarde o temprano actuarán».
Desde septiembre del año pasado, el régimen se dedicó a aprobar un «combo» de leyes represivas para la población, a pesar de ser advertido por los europeos con recibir sanciones o suspender al país del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica.
Este lunes, 20 de enero, las reformas al Código Procesal Penal y a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres (Ley 779) fueron publicada en La Gaceta, Diario Oficial, con lo que ya se puede aplicar la prisión perpetua en Nicaragua. También la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya tiene en vigencia la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley Especial de Ciberdelitos. De esta forma, el régimen ignoró las advertencias de la UE y retó a la comunidad internacional.
En octubre de 2020, el Parlamento Europeo alertó mediante una resolución, la amenaza que representaba la criminalización de las redes sociales mediante la Ley Especial de Ciberdelitos y también el control de los fondos externos que reciben organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, con la llamada «Ley Putin». Además, dejó abierta la posibilidad de aplicar más sanciones personales e institucionales, incluso al mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo. Se incluyó la posibilidad de enviar una delegación al país para dar seguimiento a la situación e instó al régimen a permitir el ingreso de esta delegación, pero todavía no ha pasado nada de esto.
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Elecciones o sanciones
¿Por qué, luego de aprobadas las tres leyes señaladas por el Parlamento Europeo, no ha habido acciones?
Según el exdiputado Eliseo Núñez, la reacción de la Unión Europea y también la de Estados Unidos llegará, pero están dando tiempo, debido a que «eventualmente tiene que haber una salida pacífica».
«Es parte de un proceso de la gestión diplomática. Ortega tiene dos camino: Apuesta a un aislamiento previo a las elecciones, manteniendo estas leyes y sin reformas, y las elecciones se invalidan por sí mismas, o va a las elecciones y trata de legitimar una historia basada en prácticas fraudulentas», dijo Núñez.
En su resolución, el Parlamento Europeo le recordó al régimen orteguista que el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica (ADA) establece una cláusula democrática, que Nicaragua, como país miembro debe de respetar. De no ser así, el país se enfrentaría a una posible expulsión de este acuerdo comercial. Según Núñez esto no traería tantas consecuencias económicas, pero sí una mala imagen internacional de cara a los inversionistas europeos.
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«Las consecuencias porcentuales ahorita no son muy altas, después de Estados Unidos y Centroamérica, Europa es el tercer socio (comercial más importante de Nicaragua). Más que eso lo que sufriría Nicaragua es un impacto como marca a nivel internacional. Afectaría todo tipo de inversiones», aseveró el exdiputado.
Según Núñez, las decisiones que tome el dictador podrían desencadenar sanciones inmediatas y más aislamiento, o darle la oportunidad de llegar a unas elecciones. Mientras que, para la oposición, en caso de que Ortega no realice reformas y elecciones limpias, le augura un cambio de modelo hacia uno de resistencia pacífica y sostenida a largo plazo.
Visita de europeos
Por su parte, José Pallais, exvicecanciller de la República, dijo que es difícil predecir qué decisión tomará el grupo parlamentario luego de la aprobación de estas tres leyes, lo que sí afirmó es la alta posibilidad de que se organice una nueva misión de la Unión Europea a Nicaragua.
Pallais también afirmó que la posibilidad de sacar a Nicaragua del ADA es posible, si la diplomacia fracasa.
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«El parlamento va a reaccionar en primera instancia, ya que es el mayor órgano político donde hay más coordinación con posiciones de solidaridad y derechos humanos en América Latina. Después de enero, siempre es un arranque parlamentario bien flojo, pero es previsible que se esté instando a las comisiones a que procedan en consecuencia a lo que recomendó en las últimas resoluciones», finalizó.
