El “combo” de leyes consideradas represivas, inconstitucionales y arbitrarias por opositores a la dictadura continúa activándose. Algunas ya entraron en vigencia y otras están en el “horno” a punto de salir para ser usadas por el régimen para aplastar cualquier indicio de rebeldía, crítica o acción que vaya en contra de los abusos de la dictadura.
La Asamblea Nacional aprobó en primera legislatura, el pasado 10 de noviembre, la reforma constitucional que establece la pena de cadena perpetua. Según el diputado orteguista Gustavo Porras, la reforma constitucional será ratificada en la primera semana de sesiones en enero del próximo año, con el inicio de la siguiente legislatura, para su posterior entrada en vigencia. La legislatura 2021 se instala formalmente el 9 de enero.
El exvicecanciller y exdiputado, José Pallais, dijo que a diferencia de otras leyes aprobadas por el “orteguismo”, esta reforma debe contemplar un período conocido como vacatio legis para luego ser implementada.
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“En toda reforma penal la tradición es que debe haber un vacatio legis porque primero hay que dar cursos, actualizaciones a los jueces, a los magistrados, explicarles en qué consiste, responder sus inquietudes para que estén preparados para su aplicación”, indicó Pallais. El vacatio legis puede durar desde 60 días a seis meses.
La aplicarán solo a opositores
La llamada Ley de cadena perpetua, que es una adhesión al artículo 37 de la Constitución Política, fue la primera de cuatro leyes punitivas que el régimen orteguista ha promovido previo al año electoral.
La reforma agrega un nuevo párrafo al artículo 37 de la Constitución Política que establece un máximo de 30 años de condena, al que se añadió: “Excepcionalmente se impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
“El sistema judicial en Nicaragua, a como lo han dicho los organismos internacionales de derechos humanos, es una herramienta más de represión. Únicamente castiga a los opositores y premia a los seguidores del régimen, la justicia dejó de ser ciega en Nicaragua hace muchos años, es un aparato controlado políticamente por la dictadura”, criticó Pallais.
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Uno de los casos más significativos y emblemáticos sobre la impunidad con la que operan los grupos de choque del orteguismo se dio el pasado 19 de noviembre, cuando el juez orteguista Erick Laguna ordenó la libertad de Abner Pineda Castellón, simpatizante del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y funcionario de la Alcaldía sandinista de Estelí, a pesar de que este disparó y mató al opositor a la dictadura Jorge Rugama Rizo, de 42 años, solo por gritar: “¡Viva Nicaragua libre!”, el pasado 19 de julio.
“Ley Mordaza”, a pocos días de entrar en vigencia
La Ley Especial de Ciberdelitos, denominada «Ley Mordaza» porque criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales, fue publicada el pasado 30 de octubre en La Gaceta, diario oficial. De esta forma dio comienzo a la cuenta regresiva para su entrada en vigencia en 60 días, como ordena el artículo 48 de la misma ley. La misma estaría vigente a partir de este miércoles 30 de diciembre.
El pasado martes 27 de octubre, los 70 diputados orteguistas que dominan la Asamblea Nacional aprobaron esta Ley que establece penas que oscilan desde uno hasta 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos, entre estos las publicaciones de crítica, oposición al régimen de Daniel Ortega y también criminaliza la divulgación de información de interés público que el régimen quiere ocultar.
“Esta ley es muy peligrosa para todas las personas que hacen críticas a la dictadura desde las redes sociales y cualquier otro espacio. Pero ellos (el régimen) van a ser selectivos en la aplicación de esta ley. Van a tratar de ser ejemplificantes, van a escoger a algunas personas conocidas y con liderazgo, que tengan mucho seguimiento en las redes sociales para tratar de dar un ejemplo con ellos; porque si empiezan a aplicárselas a todos los nicaragüenses, no habría ni jueces ni cárceles suficientes para llenarlas”, consideró Pallais.
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En esa selección ya ha caído el joven opositor tiktoker, Kevin Monzón, quien recientemente fue secuestrado por la Policía Orteguista (PO) y mantenido tras las rejas durante cinco días sin ser acusado en los Juzgados de Managua. El objetivo de la detención, según el afectado, era obligarlo a que dejara de criticar a la pareja dictatorial a través de la red social Tik Tok.
Plazo para inscribirse de la “Ley Putin” ya expiró
El pasado 19 de octubre, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, mejor conocida como «Ley Putin», cuatro días después de su aprobación en la Asamblea Nacional por los diputados orteguistas, fue publicada en La Gaceta, Diario Oficial.
A partir de esa fecha, todos los que son considerados por el régimen como «agentes extranjeros» tenían un lapso de 60 días para registrar de forma voluntaria a sus donantes y usos de esto en el Ministerio de Gobernación. Dicho término ya venció este pasado 18 de diciembre. El Ministerio de Gobernación podrá discrecionalmente determinar a quiénes someterán al control, notificándoles que deben inscribirse en un plazo de cinco días, según el artículo 15 de la Ley.
Aunque el registro de las organizaciones ya venció, representantes de muchas de estas han interpuesto recursos por inconstitucionalidad ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes por lo general no dan trámite a dichas solicitudes, respondiendo de esta manera a los intereses del régimen.
La “Ley Putin” abre las puertas al régimen de Daniel Ortega para establecer un mecanismo de espionaje financiero contra ciudadanos, medios de comunicación, organizaciones y asociaciones sociales y opositoras que reciban recursos de gobiernos y agencias extranjeras.
La arbitraria Ley de Inhibiciones
De manera expedita los diputados orteguistas aprobaron el pasado 21 de diciembre la Ley para inhibir a opositores de ser candidatos en las elecciones nacionales del 2021, bajo la acusación del régimen de ser «golpistas» y por promover sanciones en contra de los funcionarios y la dictadura de Daniel Ortega.
Sorpresivamente los sandinistas cambiaron el texto de la iniciativa para endurecer las amenazas, al incorporarle el delito de ser «traidores a la Patria» a los ciudadanos que según la dictadura “promuevan las sanciones y protestas sociales”, que para el régimen son actos de «golpe de Estado».
Con la Ley aprobada, el régimen tiene otra arma jurídica para procesar penalmente a los opositores. La Ley fue publicada en menos de 24 horas en el diario oficial La Gaceta, por lo que entró en vigencia. Pallais explicó que este tipo de leyes no necesitan el vacatio legis.
“Esta es una ley arbitraria, es una ley a aplicarse bajo criterios subjetivos para inhibir a todos los opositores. Es para abusar de ella, violentando los mismos supuestos que contiene y no necesita preparar a los funcionarios o crear una nueva dependencia que la aplique. Lo que necesitan es que les lleguen las consignas y las órdenes: ‘A este sí, a este no’; solo necesitan responder a las órdenes de don Daniel y doña Rosario”, finalizó Pallais.