Luego de agotar la vía legal interna, que ignoró todos los recursos interpuestos, el Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS) con el apoyo legal del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una petición por el despojo de su personería y confiscación de sus bienes. La queja se presenta al cumplirse el tercer aniversario de la toma de las instalaciones de la organización y se hace invocando el derecho de la libre asociación que la Constitución política le otorga a los nicaragüenses.
El ILS se dedicó por décadas a brindar diversos servicios a la comunidad. Entre ellos capacitaciones para la construcción de liderazgos para una sociedad más humana. Promovían la protección de los derechos humanos; la fiscalización de la gestión municipal; el respeto a los derechos de las comunidades indígenas; se promovía el emprendimiento, la actividad cultural, la construcción de ciudadanía y otros. Y sus instalaciones fueron construidas con el trabajo voluntario de sus miembros y el apoyo financiero de diversas organizaciones internacionales.
Según la expresidenta del ILS, Hayde Castillo el equipo está disperso en el mundo. Pero desde la toma de sus instalaciones y cancelación de la personería el 13 de diciembre de 2018, no ha dejado de trabajar. Todos los días documenta y denuncian las violaciones a los derechos humanos; además, sigue trabajando con el tejido azul y blanco, para que a Nicaragua retornen las libertades y que retorne la democracia.
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Antes de acudir a la CIDH agotaron la vía local
«El colectivo acompaña al ILS para que juntos seamos peticionarios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH. Y lo hacemos en un día que tiene mucha emotividad, porque se cumplen tres años de ese asalto. Y se dice asalto porque todo lo que es arbitrario y no está validado por el orden jurídico constitucional no tiene validez y es un verdadero asalto», dijo Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Desde el estallido social de 2018 el régimen Ortega Murillo ha ordenado la cancelación de la personería jurídica de más de cincuenta Organizaciones No Gubernamentales (ONG); además ha confiscado sus bienes. Para Carrión, el cierre de estas ONG, entre ellas el ILS, ha sido arbitrario e inconstitucional y viola los derechos humanos de sus socios.
Además, los miembros de las ONG han enfrentando este proceso en total indefensión. Sin derecho a ser escuchados, sin poder alegar nada y muchos de ellos expuestos al desplazamiento forzado. Desde diciembre de 2018 cuando se canceló la personería y tomaron las instalaciones, los socios del ILS han interpuesto recursos de Amparo y por Inconstitucionalidad. En ellos han señalado el abuso de poder y tratado de defenderse, pero hasta la fecha ninguno ha sido resuelto.
Carrión acepta que ante el sometimiento del Poder Judicial a las ordenes del régimen no se puede esperar una respuesta apegada a derecho. Sin embargo, los afectados deben agotar la vía local antes de acudir a la CIDH. Esto les permite demostrar que en Nicaragua hay un retardo prolongado, injustificado y violatorio a los derechos de los ciudadanos y al debido proceso.
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La petición del ILS incluye el resarcimiento de los daños
«Entonces alegando violación a los derechos de libre asociación, por el asalto y la cancelación de la personalidad jurídica al ILS (presentamos la petición). Uno de los derechos invocados que fundamentamos en la petición, es el derecho a la libre asociación. Esa libre asociación está estrechamente relacionada con la promoción del derecho a defender derechos…; también para promocionar los derechos humanos y a la creación de ciudadanía», detalló Carrión.
La petición presentada ante la CIDH también alega los derechos violentados en el marco de la Convención Americana y del Sistema Interamericano. Y aunque Nicaragua expresó su decisión de abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), según Carrión todo el funcionamiento del Sistema Interamericano sigue vigente.
Dicha vigencia abarca tanto lo referido a la CIDH como a la Corte Internamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Por lo que independientemente de que el Estado de Nicaragua busque evadir sus compromisos internacionales, estas obligaciones y los derechos de los nicaragüenses siguen vigentes.
«En esta petición estamos demandando no solo que se nos devuelvan los bienes y la posibilidad de seguir trabajando… También el resarcimiento de los daños, porque como bien dicen, lo material probablemente se puede reponer. Pero hay un daño a la integridad personal, porque el régimen se ha encargado de desprestigiar la labor de defensoria de derechos humanos. Le ha querido infundir a la población la idea de que quienes luchan por las libertadas y defienden la democracia y los derechos son delincuentes y terroristas. Cosa que está lejana de la verdad… Entonces hay un daño moral», aseguró Castillo.
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