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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde finales del 2018, el régimen de Ortega Murillo se ha empeñado en emprender una serie de acciones para desacreditar y cancelar a las distintas organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en Nicaragua. De hecho, desde ese año hasta la fecha, ya son 34 las organizaciones a las que se les ha arrebatado su personería jurídica. Especialistas explicaron a LA PRENSA el motivo e implicaciones de esta situación.
Cada vez que se le presenta la oportunidad, Ortega intenta desprestigiar a estas entidades, por ejemplo, el pasado 8 de marzo aseguró en un discurso que las ONG se dedicaban a lavar dinero y financiar el terrorismo.
“Los que viven pidiendo sanciones, los que reciben dinero que se lava, a través de esos organismos que le llaman ONG, que se han creado para qué, para lavar dinero y luego distribuirlo para desarrollar actividades terroristas desestabilizadoras. Pero ya tenemos leyes contra eso, ya tenemos esa ley y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado (de dinero) durante años y todavía hasta hace poco, miles y miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror”, dijo en su momento.
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Meses después, precisamente este miércoles 28 de julio, el régimen llevó a cabo una nueva arremetida en contra de 24 ONG nicaragüenses, al cancelarles su personería jurídica. La medida se efectuó tras la aprobación de la Asamblea Nacional, con el voto a favor de 72 diputados afines al régimen.
La mayoría eran asociaciones médicas que han asumido un importante rol ante la sociedad desde el inicio de la pandemia de Covid-19, ya que sus integrantes han criticado en reiteradas ocasiones las malas prácticas que las autoridades llevan a cabo para manejar esta situación.
De esta manera, Ortega sigue los pasos de otros países autoritarios como Venezuela, Cuba, Bielorrusia o Irán, que de la misma manera han desmantelado a organismos no gubernamentales, después de ser calificados como “agentes extranjeros”.
Precisamente, la cacería en Nicaragua se ha intensificado desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2020, la cual busca controlar las operaciones financieras y actividades que realizan las organizaciones y asociaciones.
De esta manera, la Ley brinda más poder al Ministerio de Gobernación (Migob) para que pueda controlar todo el engranaje financiero de cualquier entidad que consideren como “agente extranjero”. Situación que afecta a empresas, instituciones, medios de comunicación y cualquier persona que reciba dinero del exterior.
¿Por qué Ortega le teme tanto a las ONG?
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), explicó a LA PRENSA que estas organizaciones de la sociedad civil tienen el compromiso de trabajar con y por la ciudadanía.
“Quizás uno de los mayores problemas del Gobierno es que cree que es una competencia hacia el trabajo que ellos pueden desarrollar. Al final, nosotros como organismo de sociedad civil lo que queremos es contribuir y ser facilitadores a los procesos que ya están encaminados, de tal manera que nos ha visto como una competencia”, recalcó.
Por su parte, el economista y sociólogo Óscar René Vargas sostuvo que esta situación podría responder a que Ortega “quiere cerrar todo pensamiento propio y crítico de cualquier índole, sea político, cultural, de derechos humanos, etcétera. Él lo elimina, así como a personas y medios de comunicación. Eso es lo que hacen los gobiernos autoritarios”, indicó.
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En consulta con un economista, especialista en políticas públicas y exdirector de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Centroamérica (Fundesca), quien prefirió omitir su nombre por temor a represalias, explicó que los ciudadanos que trabajan en la sociedad civil, por medio de estas ONG, no corresponden ni al sector privado ni al público.
“¿Por qué se le tiene miedo a estas organizaciones y tratan de cerrarlas? Porque de alguna forma, actúan de manera independiente a las políticas gubernamentales. Por ejemplo, hay ONG en el sector educativo que trabajan en aquellos sectores donde las escuelas públicas o las instituciones del Ministerio de Educación (Mined) no logran alcanzar cobertura. Las ONG son complemento a las acciones del sector público”, sostuvo.
Asimismo, añadió que “lo que pasa es que en los países en donde la democracia se ha perdido y no hay una independencia en los poderes del Estado, se instauran regímenes autoritarios y las ONG se vuelven un contrapeso para estos, en vez de ser un organismo que complementa”, expresó.
También explicó que los gobiernos autoritarios ven como una competencia a las ONG porque organismos multilaterales que otorgan financiamientos o préstamos, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) e inclusive, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), brindan apoyo y abren concursos de licitación de acceso a recursos a estas organizaciones.
“Hay programas que estos bancos prefieren canalizar mediante estas ONG, pues rinden cuentas y tienen mayor efectividad en el uso de los recursos, tienen menos uso de politiquería y menos partidarismo”, señaló.
Además compartió que cuando estas ONG alcanzan prestigio y presentan calidad en la ejecución de sus proyectos, se vuelven una competencia del sector público. “Los gobiernos quisieran ser los únicos que captan recursos del extranjero, donaciones, cooperación internacional, etcétera”, puntualizó.
“Consideran a las ONG como adversarias”
Agustín Jarquín, excontralor general de la República, aseguró que las ONG son una manera organizada e institucionalizada de representar distintos sectores sociales que tienen relaciones importantes a nivel nacional e internacional, captando recursos y a la vez, dinamizando los sentimientos de la sociedad.
“Ante la crisis de legitimidad de los partidos políticos, las ONG asumen, en este caso, un cuasirrelevo, aunque por supuesto son los partidos los que están institucionalmente reconocidos para competir en elecciones presidenciales”, explicó.
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Siguiendo esta línea, compartió que a pesar de eso “tanto los movimientos sociales no formalizados, como el movimiento campesino, los diferentes movimientos de jóvenes y las ONG que ya son más especializadas y que tienen registros conforme a la ley de asociaciones, interpretan el sentir de la gente que no recogen los partidos políticos”, puntualizó.
Ante este hecho, el especialista considera que es posible que la Administración actual se sienta afectada de forma negativa por esta actuación, “como hay una restricción del espacio político de manera objetiva y hay un aparente sentimiento de temor de tener en crisis el control del poder, entonces, se considera a las ONG, lo cual es un error, como adversarias y en consecuencia, se busca su congelamiento y su inactividad”, afirmó.
“Hay una doble problemática, porque la manera de finiquitar esa actuación o esa beligerancia de las ONG y los movimientos sociales es por una vía irregular, sin atender el debido proceso que establece la ley, entonces es claramente una intolerancia política con una violación de la ley”, aseveró.
¿Quiénes son los afectados por esta situación?
Los especialistas consultados coinciden en que las acciones del Gobierno contra las ONG perjudican principalmente a los ciudadanos, pero también tiene serias implicaciones en el mismo país, creando una imagen negativa ante la comunidad internacional, lo que, por ejemplo, no alienta a la cooperación e Inversión Extranjera Directa (IED), fuentes de ingresos que a lo largo de los años han sido fundamentales para el crecimiento económico de Nicaragua.
Aunque las recientes violaciones de derechos humanos que se ejecutan en el país hacia la población y opositores a la Administración de turno ya le está pasando factura a Ortega, diversos países y organismos internacionales están ejerciendo presión para que este abandone la silla presidencial. “Él ya está claro que internacionalmente está aislado, entonces no le interesa más, porque su lógica es el poder o la muerte”, comentó Vargas.
Para Agustín Jarquín, con estas acciones pierde el país porque los movimientos sociales y las ONG están vinculadas a la participación ciudadana, “por supuesto no reemplazan a la sociedad, ni mucho menos, pero están más cercanas de la gente. Los partidos políticos, lamentablemente, se han configurado como élites con privilegios, hay un desafío por retomar su legitimidad que hasta el momento no se resuelve”, señaló.
Daña a la población
Marcos Carmona también considera que la ciudadanía es la más afectada por esta situación. “Por ejemplo, se han cancelado personerías jurídicas de organizaciones que tienen que ver con la salud, con el medioambiente, etcétera y realmente es una situación lamentable, que hayan funcionarios que piensen que las ONG van en detrimento al Gobierno. Es decir, creen que las ONG van a sustituir el trabajo que el Gobierno no puede realizar”, expresó.
Pero para el exdirector de Fundesca, ese es precisamente uno de los labores que ejercen estas organizaciones y por lo que ahora están siendo perseguidas por el Gobierno, lo que genera graves consecuencias en las poblaciones de escasos recursos con las que trabajan, debido a que son zonas donde las instituciones del Estado están ausentes y requieren de atención médica, alimentaria, educativa, entre otras.
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“Afectan a la población más vulnerable, los más necesitados, aquellos que están más abandonados. A personas que el sector público no cubre, porque al igual que todos los países de América Latina, siempre tiene escasez de recursos y ¿qué es lo que hacen las ONG?, completar la labor que no logra alcanzar este sector”, indicó.
Manual de un país autoritario
El régimen de Ortega y Murillo ha estado siguiendo los pasos de gobiernos como el de Venezuela, Cuba, Bielorrusia o Irán, ¿de qué manera? Criminalizando a las ONG que no simpatizan con los lineamientos políticos de sus administraciones.
Por ejemplo, el pasado viernes 23 de julio, el Gobierno bielorruso ordenó la disolución de más de 40 organizaciones no gubernamentales, que velaban por la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa, entre otras.
Las autoridades de ese país cerraron estas organizaciones después de que el Consejo de Ministros, presidido por Aleksandr Lukashenko, actual presidente de Bielorrusia, las calificara de “agentes extranjeros”, “bandidos” y que actúan «contra el Estado».
Lukashenko ha emprendido una campaña de represión hacia todo opositor de su Administración desde su polémica reelección, pues este se encuentra en el poder desde el 20 de julio de 1994. De hecho, fue reelegido por quinta vez en agosto del año pasado, en unos comicios presidenciales considerados fraudulentos.
Durante meses, en ese país se han realizado diferentes protestas contra el régimen, pero este consiguió doblegarlas a base de torturas, detenciones y el exilio forzoso de sus líderes, un panorama que ya se ha establecido y experimentado en Nicaragua.
Carmona sostiene que estas acciones son comunes en países donde rigen gobiernos de carácter totalitario, “no quieren que haya participación ciudadana”, aseveró.
Por su parte, Jarquín asegura que estos son líderes que detentan el poder “de una manera autoritaria o cuasiautoritaria y detentan recursos y fortunas. Tienen temor de someterse al escrutinio, a la opinión y a la crítica pública y en este caso, las ONG hacen investigaciones, fomentan movilizaciones, etcétera, entonces ellos consideran de que eso está en detrimento de su interés particular”.
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Siguiendo esta línea, explicó que con estas prácticas “pierde el país por un lado, pero también pierde la misma Administración porque se devalúa, sobre todo de cara a la comunidad internacional, y también a lo nacional, pierde la gente. Al final es una sumatoria de pérdidas las que ocurren. Es lamentable”.
Por otro lado, el exdirector de Fundesca considera que las ONG siempre han existido en la mayoría de los países democráticos, “por eso países como Bielorrusia, Cuba, Irán o Venezuela tratan de cerrarlas, porque son centros de pensamiento independiente, no los pueden controlar, entonces esa es una política antidemocrática”, concluyó.
Estas son las 34 ONG afectadas por la cancelación de su personería jurídica
Miércoles 28 de julio, 2021:
Asociación Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calasanz de Managua (APEC)
Asociación Nicaragüense de Nefrología (Aninef)
Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua (AIS Nicaragua)
Asociación Nicaragüense de Diabetología (Anidiab)
Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine)
Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia (Ancym)
Asociación Hogar de Esperanza
Asociación Urológica de Nicaragua (Asunic)
Fundación Piera y Antonio Ferreiro (Fupafe)
Asociación de Pobladores del Residencial Lomas de Monteverde (Aprolom)
Asociación Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño “Julio Cortázar”
Asociación Sociedad Nicaragüense de Medicina General (Sonimeg)
Asociación Nicaragüense de Fomento Social
Asociación Médica Nicaragüense (AMN)
Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor (Anetd)
Asociación Nicaragüense de Dermatología y Sifilología (Asonidefi)
Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación (Anare)
Asociación Nicaragüense de Infectología (ANI)
Asociación Nicaragüense de Psicólogos (Anips)
Fundación Siglo XXI, S-XXI
Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica Las Segovias (Aseircse)
Asociación Nicaragua para Todos, Todo para Nicaragua (Anictonic)
Club Social de Juigalpa
En 2020:
Asociación de Hermanamientos Municipales (Asodhermu)
En 2018:
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh)
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp)
Hagamos Democracia
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas)
Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco)
Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade)
Fundación Popol Na
Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río)
Instituto de Liderazgo de Las Segovias
