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gremio médico nicaragüense

El gremio médico ha sufrido olas de despidos, por no plegarse a los intereses del régimen Ortega Murillo. Ahora están en juego las personerías jurídicas de las asociaciones médicas independientes. LA PRENSA/ Archivo

“Es una clara voluntad política de silenciar”, dice Amaru Ruiz tras cancelación de personería jurídica a 24 ONG

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG y el Cenidh, elevan el llamado a la comunidad internacional para que condenen y se solidaricen con los nicaragüenses

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG —conformada por seis redes y cien organizaciones no gubernamentales— rechaza la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega en contra de 24 organizaciones no gubernamentales nicaragüenses —15 de ellas asociaciones médicas independientes—, a quienes este miércoles 28 de julio se les anuló la personería jurídica y también se les confiscó los bienes a las que en sus actas constitutivas no tenían previsto el destino de estos en caso de desaparecer.

La medida se da tras la aprobación de la Asamblea Nacional, con el voto a favor de 72 diputados afines al régimen. Ante ello la Plataforma Nicaragüense reitera a la población de Nicaragua y a la comunidad internacional que “existe una estrategia política-partidaria para argumentar incumplimiento a las leyes, especialmente a la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, o Ley 147”.

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Ruiz: “Una estocada más” del régimen 

Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río —a quien también el régimen le despojó de su personería jurídica en diciembre de 2018— y representante de la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, dijo a LA PRENSA que la acción del régimen es una “nueva actuación violatoria de los derechos humanos y libertad de asociación en Nicaragua”.

Para Ruiz, la cancelación de personería jurídica a las asociaciones evidencia “una clara voluntad política de silenciar a las organizaciones de sociedad civil, sobre todo a aquellas que están en temas que son para ellos vulnerables o que su actuación ha sido negligente, como es el caso de la atención a la pandemia”.

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Añadió que el impacto está dirigido indirectamente a la población nicaragüense, debido a que ellos son los beneficiarios de las asociaciones.

“Esto es política reiterativa del régimen de cancelar las voces disidentes, de no aceptar de que existe deficiencia dentro de su gobierno y de no permitir el trabajo de desarrollo que hacen las organizaciones, porque en principio los únicos beneficiarios es la población nicaragüense, el impacto es también para ellos. Esto es una estocada más del régimen y se tiene que seguir resistiendo”, declaró Ruiz.

El Ministerio de Gobernación (Migob) fue quien introdujo ante la Asamblea Nacional la iniciativa para despojar de su personería jurídica a 24 organizaciones nicaragüenses. Uno de los argumentos, según se lee en el documento oficial, es que las asociaciones están “acéfalas y está por vencer el plazo de su Junta Directiva”.

Sin embargo, la Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG desmiente esos señalamientos y dice que “las Personas Jurídicas sin Fines de Lucro no estamos acéfalas, están sin certificaciones de sus juntas directivas, porque el Migob no las emite”.

Ante dicha situación precisa que han optado por diseñar manuales con el fin de “asegurar el cumplimiento de nuestras obligaciones ante el Estado de Nicaragua, aún no reconociendo el sinnúmero de leyes arbitrarias a las que han sido sometidas las organizaciones”.

Rechazo y solidaridad 

La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG hace un llamado a la población nicaragüense para que “rechace la cancelación de la personería jurídica de estas asociaciones”.

A la vez, sugiere a las asociaciones afectadas o que están siendo amenazadas que “sigan documentando estas violaciones al derecho de asociación”.

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De la misma manera, eleva la voz a las redes internacionales de ONG en América Latina y el mundo, a quienes les pide “condenar y solidarizarse, y que nos acompañen en la exigencia del cese de la represión y acoso a las OSFL en Nicaragua”. Y a los organismos internacionales de derechos humanos, los insta a que “tomen nota de esta nueva forma de represión estatal”.

Cenidh repudia la acción represiva

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) —a quien también el régimen le despojó de su personería jurídica en diciembre de 2018— a través de su cuenta de Twitter expresó su repudio a la acción del régimen Ortega Murillo que, mediante la Asamblea Nacional, canceló la personería jurídica de 24 asociaciones civiles.

Para el Cenidh, las acciones vertidas por el régimen son “perversas”, puesto que “significan un ataque directo a la vida, están sentenciando a muchos pacientes a morir. Alertamos a la comunidad internacional”.

Las asociaciones afectadas

Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine)
Asociación Nicaragüense de Infectología (ANI)
Asociación Médica Nicaragüense (AMN)
Asociación Urológica de Nicaragua (Asunic)
Asociación Nicaragüense de Fomento Social (ANF)
Asociación Hogar de Esperanza
Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación (Anare)
Asociación Nicaragüense de Psicólogos
Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica Las Segovias (Aseircse)
Club Social de Juigalpa
Fundación Piera y Antonio Ferrerio (Fupafe)
Asociación Nicaragua para todos Todos para Nicaragua (Anictonic)
Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua (AIS-Nicaragua)
Asociación Nicaragüense de Dermatología
Asociación Nicaragüense de Nefrología (Aninef)
Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño Julio Cortázar
Asociación de Pobladores del Residencial Lomas de Monteverde (Aprolom)
Fundación Siglo XXI
Asociación Nicaragüense de Diabetología
Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor (Anetd)
Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia (Ancym)
Sociedad Nicaragüense de Medicina General (Sonimeg)
Asociación Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calasanz

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