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gremio médico nicaragüense

El gremio médico ha sufrido olas de despidos, por no plegarse a los intereses del régimen Ortega Murillo. Ahora están en juego las personerías jurídicas de las asociaciones médicas independientes. LA PRENSA/ Archivo

Régimen va por la personería jurídica de 15 organizaciones médicas

La persecución estatal enfila sus cañones contra el gremio médico. El Ministerio de Gobernación señala a 24 asociaciones de haber transgredido artículos de tres legislaciones. 15 de ellas son médicas.

El Ministerio de Gobernación (Migob) introdujo ante la Asamblea Nacional una iniciativa para despojar de su personería jurídica a 24 organizaciones nicaragüenses, 15 de ellas médicas. 

De acuerdo con la iniciativa, las asociaciones citadas han “transgredido” artículos de tres normas jurídicas: Ley 147, o Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro; Ley 997, o Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y la Normativa del Departamento de Asociaciones para la Regulación y Supervisión de Organismos sin Fines de Lucro.

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El documento alega que las 24 organizaciones se encuentran “acéfalas”, “por estar vencido el plazo de su Junta Directiva”. Además, las acusa de haber incumplido en la entrega de sus estados financieros con sus desgloses detallados y de no haber presentado “los convenios sobre sus proyectos y actividades” que, entre otras cosas, “definan claramente su fuente de financiamiento”.

Según la iniciativa, firmada por el diputado Filiberto Rodríguez, tampoco se han presentado “los documentos de identidad de los proveedores de fondos, y soporte de ingresos, la buena reputación de sus beneficiarios y sus organizaciones sin fines de lucro”.

De la misma forma, dice, las organizaciones han incurrido en la falta de no entregar “documentos de identidad y origen de todos sus miembros donantes”, con “nombre y apellidos, cédula de identificación o pasaporte, dirección exacta, domicilio y teléfono”. Todo esto, señala el documento, constituye una transgresión de las leyes antes mencionadas y es “causal suficiente para proceder a la cancelación de la personalidad jurídica de estas asociaciones”.

En el listado de las asociaciones que perderían la personería no hay organizaciones sandinistas, señaló una fuente del sector salud.

Asociaciones en peligro
Asociación Nicaragüense de Neumología (Anine)
Asociación Nicaragüense de Infectología (ANI)
Asociación Médica Nicaragüense (AMN)
Asociación Urológica de Nicaragua (Asunic)
Asociación Nicaragüense de Fomento Social (ANF)
Asociación Hogar de Esperanza
Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación (Anare)
Asociación Nicaragüense de Psicólogos
Asociación Pro Ayuda a Enfermos con Insuficiencia Renal Crónica Las Segovias (Aseircse)
Club Social de Juigalpa
Fundación Piera y Antonio Ferrerio (Fupafe)
Asociación Nicaragua para todos Todos para Nicaragua (Anictonic)
Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua (AIS-Nicaragua)
Asociación Nicaragüense de Dermatología
Asociación Nicaragüense de Nefrología (Aninef)
Liga Nacional Contra la Leucemia y el Cáncer en el Niño “Julio Cortázar”.
Asociación de Pobladores del Residencial Lomas de Monteverde (Aprolom)
Fundación Siglo XXI
Asociación Nicaragüense de Diabetología
Asociación Nicaragüense para el Estudio y Tratamiento del Dolor (Anetd)
Asociación Nicaragüense de Climaterio y Menopausia (Ancym)
Sociedad Nicaragüense de Medicina General (Sonimeg)
Asociación Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS)
Asociación de Padres de Familia y Educadores del Colegio Calasanz

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Silencio en el gremio

LA PRENSA intentó obtener declaraciones de parte de miembros del gremio médico, pero han preferido guardar silencio. Se conoció que algunos esperan recibir una notificación oficial antes de emitir una opinión.

Se espera que la iniciativa sea discutida el próximo martes 27 de julio en la Asamblea Nacional, dominada por una mayoría orteguista.

Ante la escasa información gubernamental sobre la pandemia, algunos médicos nicaragüenses decidieron compartir valoraciones técnicas y realizar advertencias sobre el manejo oficial del Covid-19 en el país. Esto ha conducido a que la persecución estatal dirija sus esfuerzos hacia el sector salud.

El reciente 22 de julio dos médicos independientes, José Luis Borgen y Carlos Quant, fueron citados por el Ministerio de Salud (Minsa). Ahí fueron cuestionados por la información técnica que brindan y les “recordaron” que existe la Ley de Ciberdelitos.

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