Las expectativas han sido alentadas sobre todo por el uso de la jurisdicción universal, a la que han recurrido abogados y activistas de derechos humanos para promover que se aplique y castigue de algún modo a los dictadores y sus cómplices.
Las expectativas han sido alentadas sobre todo por el uso de la jurisdicción universal, a la que han recurrido abogados y activistas de derechos humanos para promover que se aplique y castigue de algún modo a los dictadores y sus cómplices.
El sumo pontífice romano no ha necesitado referirse explícitamente a la persecución contra la Iglesia católica en este país. Implícitamente lo ha dicho todo, al expresar que “en la intimidad de nuestro corazón… se cobija la libertad de las hijas y los hijos de Dios, que nadie nos puede arrebatar”.
El camino de la lucha armada o cualquier forma de violencia revolucionaria no conduce a la conquista de la democracia, sino a la imposición de otra clase de dictadura que casi siempre resulta peor que la anterior. Al menos eso es lo que ha enseñado la experiencia histórica en Nicaragua.
El secretario general tiene que ser una “persona de reconocida vocación integracionista, con alto grado de imparcialidad, independencia de criterio e integridad”. Y el artículo siguiente agrega que el secretario general del SICA y su personal “actuarán tomando únicamente en cuenta su servicio exclusivo al Sistema de Integración Centroamericana y no solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno”.
Los nicaragüenses tienen derecho a vivir en libertad, democracia y Estado de derecho, lo cual está consagrado en los tratados internacionales. Y que los gobernantes tienen la obligación de respetar ese derecho, garantizarlo y velar por su cumplimiento real y efectivo.
El abultamiento del aparato de altos cargos en el Estado fue por el pacto que hicieron Daniel Ortega y el FSLN con Arnoldo Alemán y el PLC para repartirse el botín estatal y, supuestamente, con el fin de alternarse en el poder por tiempo indefinido.
Se podría decir que esa ley pone a la economía nacional y a la población como escudo para la protección de los funcionarios e instituciones del Estado afectados por las sanciones internacionales.
Está por verse, pues, cómo será la actitud del nuevo gobierno uruguayo de izquierda respecto a las dictaduras de América Latina, en particular la de Nicaragua, que ahora está imponiendo una nueva Constitución ya claramente totalitaria.
Al no ser atendidas las recomendaciones del FMI, y por el contrario radicalizar el poder político autoritario y hacerlo totalitario, lo que puede venir es una descomposición total de la economía nacional y popular. Y que Nicaragua caiga en la desgraciada situación en que se encuentran los pueblos de Cuba y Venezuela.
Lo que hay ahora es un Estado autocrático, incluso constitucionalizado, en el que los nicaragüenses están condenados a vivir sin libertades, derechos ni garantías, hasta cuando pueda haber un cambio político que ponga fin a la dictadura bicéfala y familiar.