Este miércoles 27 de diciembre LA PRENSA informó que uno de los principales diputados sandinistas se burló del presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Joe Biden, porque extendió por un año más la declaración oficial del gobierno de ese país, de que el régimen de Nicaragua es “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Según el diputado oficialista, esa declaración de EE. UU., que fue aprobada en 2018 por el primer gobierno de Donald Trump y se ha venido prorrogando hasta ahora, se basa en “manipulaciones y mentiras”. Y para “demostrarlo” citó el informe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que recientemente estuvo en Nicaragua evaluando la situación de la macroeconomía nacional.
Como es conocido, en ese informe el FMI dice que “Nicaragua mantiene un desempeño económico robusto soportado por políticas macroeconómicas prudentes y un flujo de remesas muy sólido”. Pero al mismo tiempo el informe del FMI advierte que las acciones “que afectan a los derechos de propiedad y las reacciones a las sanciones internacionales pueden obstaculizar las decisiones de inversión”. Y señala que para conservar la buena salud macroeconómica y lograr el crecimiento esperado, se debe “garantizar la independencia judicial tal como lo proporcionan los pactos internacionales ratificados por Nicaragua, el fortalecimiento de la transparencia de los procedimientos administrativos y judiciales que impliquen derechos de propiedad y garantizar un recurso adecuado, efectivo y justo”.
En realidad, no es por la situación económica del país que el régimen de Ortega y Murillo ha sido y es objeto de sanciones internacionales. Las sanciones son por las graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, por el desmantelamiento de las instituciones democráticas, por la supresión de hecho, y ahora constitucionalmente, de las libertades fundamentales; desde el derecho a la nacionalidad y la libertad de expresión e información, hasta el de elegir y cambiar libremente a los gobernantes.
Los representantes de los gobiernos sancionadores han explicado que su intención no es simplemente castigar al régimen de Nicaragua, y mucho menos perjudicar a la gente nicaragüense. Que las sanciones son para que el régimen deje de violar los derechos humanos, que restablezca la institucionalidad democrática del país y permita elecciones libres, pluralistas y competitivas.
Se puede discutir y cuestionar la legalidad de las sanciones unilaterales, es decir, si se ajustan o no al derecho internacional y en particular la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de la que son miembros tanto los sancionados como los sancionadores.
Pero lo más importante es que los nicaragüenses tienen derecho a vivir en libertad, democracia y Estado de derecho, lo cual está consagrado en los tratados internacionales. Y que los gobernantes tienen la obligación de respetar ese derecho, garantizarlo y velar por su cumplimiento real y efectivo.
En resumen, el quid del problema de Nicaragua, en la actualidad, no es la economía y las sanciones no son por motivos económicos, como insinúa maliciosamente el diputado oficialista. La causa de esas medidas de la comunidad democrática internacional es política y políticamente se debe resolver.
Cabe recordar al respecto que en la campaña presidencial de 1992 en EE. UU., en la que Bill Clinton compitió con George Bush (hijo) y le ganó, un asesor demócrata dijo la frase “es la economía estúpido”, para indicar lo que más interesaba en ese momento a la mayoría de los electores estadounidenses.
La frase quedó incorporada al lenguaje general de la política, para subrayar cuál es la cuestión principal en un momento determinado. Solo que, en Nicaragua, y en el caso que nos ocupa, hay que invertirla. No es la economía, sino la política, la causa de las sanciones internacionales.
