Algunos analistas y activistas opositores opinan que con la nueva Constitución Política de Nicaragua, que está imponiendo el régimen de Ortega y Murillo, se cierra la vía electoral para buscar el cambio de gobierno y abrir el camino a la transición democrática.
Pero esa vía ya estaba cerrada, de hecho, desde 2021. Aun antes, desde 2007, cuando Daniel Ortega y el FSLN recuperaron el poder presidencial. Entonces comenzaron a colonizar todas las instituciones del Estado, incluido el Consejo Supremo Electoral (CSE) por lo que las elecciones perdieron la calidad democrática.
No obstante, fue hasta en 2021 que la dictadura clausuró definitivamente la vía electoral, cuando encarceló a todos los precandidatos presidenciales de la oposición y canceló los partidos políticos opositores. De esa manera Ortega se reeligió por cuarta vez y tercera consecutiva, en los comicios de ese mismo año, sin permitir ninguna oposición.
Lo que está haciendo ahora el régimen es dando una apariencia de legalidad constitucional a la fase más radical de la demolición de la institucionalidad democrática que venía realizando sistemáticamente en los últimos tres años.
Cabe señalar que en 11 de sus artículos, la nueva Constitución de Nicaragua que está imponiendo el régimen se refiere a los derechos políticos y electorales. Pero están vaciados de contenido democrático y en realidad niegan o eliminan esos derechos.
Según la nueva Constitución, los ciudadanos y los partidos políticos —aparte del FSLN— que quieran participar en las elecciones deberán compartir los llamados “valores socialistas”, reconocer el carácter “revolucionario” del Estado y aceptar la bandera roja y negra sandinista como símbolo de la patria.
Eso significa que las personas y partidos políticos de principios e ideales conservadores, liberales, socialcristianos, socialdemócratas, o de cualquier otra ideología democrática, no podrán ejercer los derechos de organización política y participación electoral. Como de hecho ya no pudieron ejercerlos en las elecciones nacionales anteriores, solo que a partir de ahora será por disposición constitucional.
Sin embargo, mantener el criterio de que la vía electoral es la indicada para lograr el cambio democrático, no significa participar en elecciones sometidos a las condiciones actuales impuestas por la dictadura. La participación solo puede ser en elecciones libres, justas y transparentes, para las cuales se tienen que crear antes las condiciones materiales y políticas apropiadas.
Renunciar en general y por principios a la forma de lucha política pacífica por excelencia para la toma del poder, que es la electoral, significaría escoger la alternativa de la lucha armada o la violencia en cualquiera de sus formas. Para lo cual, dicho sea de paso, aunque sea un camino equivocado tampoco hay condiciones de ninguna clase, ni internas ni internacionales.
Las diversas organizaciones y grupos de la oposición han manifestado hasta ahora que no optan por la violencia política para poner fin a la dictadura orteguista. Reconocen claramente que la violencia no es una opción porque no es una forma democrática de lucha política.
Tienen razón. El camino de la lucha armada o cualquier forma de violencia revolucionaria no conduce a la conquista de la democracia, sino a la imposición de otra clase de dictadura que casi siempre resulta peor que la anterior. Al menos eso es lo que ha enseñado la experiencia histórica en Nicaragua.
